Sindicatos de la Policía Nacional, asociaciones de Guardia Civil y colectivos de víctimas de terrorismo han remitido una carta dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Fiscalía General del Estado, para expresarles su malestar y desacuerdo con la retirada por parte del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad a la Ley vasca de atención a víctimas de abusos policiales.
En un comunicado conjunto, esas organizaciones alegan los fundamentos legales en los que sustentan su desacuerdo, ya expresados en un recurso presentado contra la acción del Gobierno.
El comunicado lo firman organizciones como el Sindicato Unificado de Policia (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), APROGC, UFP, Covite, UniónGC y Unión de Oficiales.
Rechazan que hubo un conflicto armado
Estas organizaciones rechazan que ETA haya sido" consecuencia de un conflicto armado o enfrentamiento civil", sino de la "voluntad de sus victimarios, en el contexto de un Estado de Derecho, en el que Jueces y Tribunales han ejercido sus funciones con total independencia y soberanía".
La Ley vasca sobre los supuestos abusos
En 2015, el Parlamento Vasco promulgó la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos "en un contexto de violencia de motivación política" , que atribuye a un grupo de "expertos" la función de investigación y resolución de supuestos delitos de tortura, y en la que textualmente se indica que esas labores indagatorias podrán sustentarse en "cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo", explica el comunicado.
"Entendiendo la Abogacía del Estado que esta norma vulneraría el artículo 117 de la Constitución y el principio constitucional de reserva jurisdiccional del orden penal en la investigación de hechos delictivos, interpuso Recurso de Inconstitucionalidad en fecha 10/05/2017", recuerdan las organizaciones.
Según añade el comunicado, "el Tribunal Constitucional resolvió, en fecha 19/07/2018, el Recurso de Inconstitucionalidad 37-2016 interpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, en la que se contemplaba una comisión de “expertos” similar, considerando que, efectivamente, quiebra el principio constitucional de reserva jurisdiccional del orden penal".
Critican al Gobierno por retirar el recurso
Los sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y representantes de las víctimas critican que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionallidad interpuesto por la Abogacía del Estado contra la ley vasca; una decisión que califican de "inaceptable" y resultado de "una negociación política".
"Este cambio de criterio, en función de ideologías o planteamientos políticos, evidencia la necesidad de que sea el máximo intérprete de nuestra Constitución quien resuelva si una comisión parajudicial encargada de aflorar una “verdad judicial” que la Administración de Justicia, por los cauces constitucionales y legales, no ha sido capaz de determinar, pugna contra los principios más básicos y elementales de nuestro Estado de Derecho", subrayan las citadas organizaciones, que advierten de acciones legales, "en nombre de la memoria y la dignidad de las víctimas de la organización criminal ETA".
