En una semana de baja latencia parlamentaria, Gobierno y Eh Bildu agregaban este jueves perejil a una salsa poco menos que insípida. La reforma de la Ley de Mordaza toma cuerpo…por tercera vez en nueve años. Casi una década en la que ha habido de todo. Un guion propio de Alfred Hitchcock que terminará -si todo sigue el camino esperado- con la reformulación de los denominados aspectos “más lesivos” del articulado surgido de la mayoría absoluta del Partido Popular. La nueva tentativa saca del cajón la reforma -que no derogación- y allana su tramitación, pero en absoluto la garantiza. La reacción ha sido dispar entre los componentes del bloque plurinacional, contrastando el optimismo de Sumar y ERC con las reticencias de Podemos y el enroque habitual de Junts.
Gobierno y EH Bildu esperan poner fin a un camino que se inició en el año 2015, cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy, en aquel entonces con mayoría absoluta en el Congreso, incorporó al ordenamiento jurídico la Ley de Seguridad Ciudadana. Un articulado que sería bautizado por sus detractores como “Ley Mordaza” y que “recortaba derechos y libertades” de los ciudadanos. En ese preciso momento llegaron las primeras promesas de derogación que, a la postre, se verían incumplidas con el paso de las legislaturas.
Numerosas acometidas que quedaron en el limbo parlamentario hasta que este jueves, la coalición y Bildu daban los primeros pasos para, esta vez sí, reformar el texto. Los cuatro puntos “calientes” que provocaron la caída en la legislatura anterior cimentan el pacto que los abertzales han desgranado este mismo jueves. Un acuerdo que erradica los “recortes” de la derecha en materia de “libertad de expresión”. Así lo verbalizó la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
Un punto de partida
La comparecencia de la abertzale fue el prólogo de las reacciones del resto de los grupos parlamentarios. Mientras que los populares lo ponderaban como el “clásico acuerdo para desbloquear Presupuestos”, voces del bloque de la investidura han celebrado el primer consenso. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha escenificado su optimismo para esta nueva tentativa, agradeciendo a sus socios soberanistas el trabajo en la mesa de negociación y reivindicando que el Gobierno, un año después, se avenga a reformar las demandas de las fuerzas independentistas.
Los republicanos celebran el acuerdo y la desaparición de las “medidas más controvertidas”, reivindicación clásica de la formación, pero también de “diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos”. No obstante, advierten de que seguirán trabajando para “acabar definitivamente para acabar con esta ley” porque el pacto cosechado por sus socios no es si no un “punto de partida”.
La euforia se expande hasta Sumar, cuyo portavoz orgánico y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado como “satisfactorio” el acuerdo. El dirigente de los magentas ha expuesto este jueves que también es el momento de propiciar de forma anexa la despenalización de los delitos de opinión. En cualquier caso, celebran que este paso supone un cumplimiento del acuerdo de Gobierno, enmarcando la reforma de Mordaza en la segunda fase del plan de acción democrática.
Ilusión contenida
Estas reacciones, sin embargo, contrastan con la cautela que asumen tanto Podemos como Junts. Los morados, que durante años han demandado la derogación del articulado, siembran la duda sobre su apoyo al movimiento de Moncloa y Bildu. Su portavoz orgánico, Pablo Fernández, ha verbalizado que el acuerdo no les suena del todo mal, pero lo consideran “insuficiente”. Su visto bueno está en el aire, pero lo que sí han garantizado es que presentarán enmiendas, habida cuenta de que se trata de un papel “firmado por el PSOE”. Como también lo harán desde el PNV, quienes en cambio sí han expresado su voluntad de firmar la remodelación.
Otra de las notas disonantes la ha puesto Míriam Nogueras. La portavoz de Junts en la Carrera de San Jerónimo ha avanzado que su formación, como ocurre con cada iniciativa parlamentaria, no se adherirá a la reforma de Mordaza per se. De hecho, se acogen al mantra que ha guiado a los neoconvergentes durante toda esta legislatura: “Cada tema tiene su carpeta”. En otras palabras, se avanzará “votación a votación”. Por ello, reivindican su espíritu negociador y adelantan que presentarán sus propias enmiendas al articulado, alertando del peligro de un nuevo fracaso de una reforma que ha resistido durante casi una década a promesas e intentos de retocarla.
Cronología de un rosario de fracasos
El primero, llegaría en 2015. El entonces secretario general del PSOE y líder de la oposición, Pedro Sánchez, vinculaba la vigencia de la Ley Mordaza al cambio de signo en el Palacio de la Moncloa. El candidato socialista declaraba con contundencia que derogaría el texto tan rápido como llegase a la Presidencia del Gobierno. “De eso no te quepa la menor duda”, prometió con sonora contundencia. Nueve años después, sin embargo y no por no haber gozado de oportunidades, el texto sigue vigente.
La promesa de Sánchez se diluyó con la victoria electoral del Partido Popular y el sucesivo pacto de investidura con Ciudadanos -previo al fracasado pacto entre el socialista y el entonces líder liberal, Albert Rivera-. Frenada la primera reacción al no gozar de mayoría parlamentaria, la izquierda volvería a la carga dos años después.
En 2017, con Mariano Rajoy aún en Moncloa pero con minoría parlamentaria, el Pleno del Congreso daba el primer paso modificar la ley al tomar en consideración dos proposiciones de ley. La del PSOE pivotaba sobre la derogación, mientras que la del PNV, que comenzaba a separarse de los conservadores, pedía la revisión de 44 epígrafes. Socialistas y jeltzales, junto con Unidos Podemos y Esquerra Republicana, visibilizaron sus quejas por los retrasos en la tramitación.
La moción no aceleró el proceso
A las puertas del cambio de ciclo, el Gobierno de Rajoy se abrió al diálogo con el PSOE, pero la propuesta siguió en el cajón, cogiendo polvo hasta que, meses después de la moción de censura a Mariano Rajoy, ya con Sánchez al frente de su primer gabinete, se elevó la iniciativa a ponencia. No obstante, el tímido avance quedó en nada ante el advenimiento de la elecciones de abril de 2019, que tiraron por tierra los trabajos iniciales y frustraban una nueva tentativa que rozó la presentación de un dictamen y posterior acuerdo.
Tampoco en 2020 desencallaron posturas, pese a convertirse en la ley protagonista de la pandemia del coronavirus. A ella se encomendaron las autoridades para sancionar por desobediencia a quienes se saltaban las restricciones de los estados de alarma. Pese a ello, todos los partidos, salvo PP y Vox, aunaron fuerzas para otra acometida frustrada. La iniciativa de 2017 del PNV recibía el visto bueno de los grupos, pero se quedó en stand by hasta que, en 2021, se retomó su tramitación a baja velocidad. Medio centenar de prórrogas de presentación de enmiendas después, la derogación parece desatascarse, pero en 2022 sufre un nuevo frenazo.
2023 fue el año que sonaba como definitivo. Los grupos favorables a la modificación se sientan a la mesa de negociación tras más de 30 reuniones que, a la postre, condujeron a un acuerdo sobre 15 artículos, pero no había quórum en los cuatro puntos “calientes” del articulado: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente. ERC y Bildu se descabalgaron a última hora del acuerdo, acusando a la coalición de falta de ambición en la reforma pese a converger en la modificación de 36 de los 54 artículos de la normativa. Nueva tentativa frustrada ante el adelanto electoral fechado para el mes de julio.
La falta de acuerdo en torno a los aspectos considerados como “más lesivos” de la Ley parece haber llegado a su fin, aunque, a juzgar por las reacciones de algunos miembros del bloque plurinacional, no hay nada garantizado. Los cuatro puntos calientes serán modificados tras el acuerdo con Bildu, pero la bendición de Junts y de Podemos está en el aire. Al menos por el momento.
