El Grupo Parlamentario de Bildu en el Congreso de los Diputados ha anunciado este jueves que ha cerrado un acuerdo con el Gobierno para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. El Ejecutivo ya incluyó esta iniciativa en su plan de acción por la democracia, aprobado en Consejo de Ministros hace dos semanas. Sin embargo, los abertzales urgieron a profundizar en lo expuesto en el mencionado documento.
De nuevo, tras los intentos frustrados de la pasada legislatura, Gobierno y EH Bildu han cerrado un acuerdo al que previsiblemente se sumarán el resto del bloque de la investidura. El pacto centraliza su radio de acción en los cuatro polémicos apartados que truncaron la tentativa anterior, cuando ERC y los abertzales se descarrilaron del acuerdo. Ahora, se pretende desencallar la situación de Mordaza desde la prohibición de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente, sanciones por falta de respeto a los agentes y desobediencia a la autoridad.
Líneas rojas que esbozó el Gobierno desde la cartera encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las anteriores legislaturas. Sin embargo, estas barreras parecen haber caído en este nuevo y quizás último intento por desbloquear lo que fue una promesa electoral de inmediato cumplimiento de Pedro Sánchez. Así, buscarán el consenso necesario con el que modificar la normativa aprobada por mayoría absoluta del PP en tiempos de Mariano Rajoy.
Nuevo acuerdo
La portavoz parlamentaria de los abertzales, Mertxe Aizupura, ha desgranado el nuevo acuerdo desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Flanqueada por Jon Inarritu, la dirigente de Bildu ha celebrado que “ahora sí” se podrá dar por liquidada la Ley de Seguridad Ciudadana. “Se acaban los aspectos más lesivos y todo ello quedará recogido en una nueva Ley Orgánica de Libertades y Seguridad Ciudadana”, expone la líder de la formación soberanista, al tiempo que agradece el trabajo al resto de formaciones que han luchado contra los “recortes del PP” en derechos y libertades.
El nuevo texto, según ha desgranado, contempla la erradicación de las “sanciones injustificadas” o sustentadas sobre “interpretaciones subjetivas”. Por tanto, se despliega un grueso blindaje sobre la “libertad de expresión” y se delimita su “cancelación en caso de que la persona acusada se retracte”. Esto queda recogido a través de una modificación del apartado 4 del artículo 37, relativo a “infracciones leves”. La redacción final del epígrafe quedaría de la siguiente manera:
“4. . Los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”.
En términos de desobediencia, se incluirá un nuevo apartado (epígrafe 20) a la redacción del artículo 37. En él se contempla que la infracción pasa de categoría “grave” a “leve” y ésta ha de ser “manifiesta y clara”. Es decir, se revierte la subjetividad por un hecho que ha de ser “acreditado y objetivable”. Así, tal y como se desprende del acuerdo, se sancionará “sólo cuando esté ajustada a una orden legal, a la legalidad o al ordenamiento jurídico”, de manera que se impide la “discrecionalidad sobre requerimientos o sanciones”.
Una nueva Ley Orgánica
Los soberanistas se descabalgaron de la anterior tentativa al no contemplar estos puntos anteriores, como tampoco se incluyeron la prohibición de pelotas de goma o las devoluciones en la frontera. Este acuerdo, sin embargo, responde a todas y cada una de las demandas, incluyendo estas últimas. De hecho, se añade una disposición adicional nueva para acabar con el uso de las “balas de goma” en sustitución de “otros medios menos lesivos”.
Por tanto, según queda reflejado en la disposición, la autoridad competente deberá “desarrollar protocolos específicos de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de la fuerza y material antidisturbios”. En cualquier caso, el acuerdo contempla una sustitución de estas herramientas de disuasión “progresiva”.
En el marco de las devoluciones en caliente, se establece un plazo de seis meses para abordar la modificación de la Ley de Extranjería, de manera que se delimiten como criterios para la misma “el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y Protección Internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”.
En este caso, se aborda el cambio a través de la adición en la normativa de una nueva disposición adicional que contempla el “régimen especial” de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así, se deberán “reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes”, así como asegurar que las solicitudes de asilo “se tramitarán conforme a lo establecido” en la normativa de Derechos Humanos y con profundo respeto al Derecho Internacional Humanitario.
En consecuencia, del acuerdo se desprende la redacción de una nueva ley orgánica que contemple todos los aspectos “acordados y aprobados” en la pasada legislatura, al que se añadirán estas nuevas cuestiones pactadas. El texto general sustituirá a la denominada Ley Mordaza por una nueva “Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana”.
Último intento, en el cajón
En marzo de 2023, a escasas fechas de las elecciones autonómicas y del consiguiente adelanto de las generales, el bloque progresista se disolvió a consecuencia de la Ley Mordaza. El acuerdo suscrito entre los integrantes de la alianza parlamentaria con Moncloa se fracturó al considerar “insuficiente” el articulado. ERC y Bildu torpedearon entonces los avances de la tramitación porque los aspectos más lesivos quedaban fuera de la nueva redacción, lo que para ambas formaciones comportaba un incumplimiento de los acuerdos.
Aquel texto que terminó en papel mojado y abordaba la modificación de 36 de los 54 artículos de la Ley Mordaza. El problema radicó en que los cuatro pilares para ERC y Bildu se quedaron fuera del paraguas de la reforma y mantenía intacta una herramienta que ha servido para imponer cerca de dos millones de multas en siete años.
