Desde que diera el salto a la vida pública y política, son muchas las polémicas que han caído sobre la figura de uno de los creadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. Este martes, un juez ha considerado que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha tenido un trato discriminatorio con el profesor y ha anulado la incompatibilidad que recaía sobre él para ser, a la vez, profesor universitario y consultor de política y economía.
Un juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid ha declarado nula "por contraria a derecho" la decisión tomada por el rector. Es más, considera que durante estos dos años la Universidad ha tenido un trato discriminatorio con Monedero.
Y es que, al hecho de haberle denegado la compatibilidad en 2015, hay que sumarle que le abrieron un expediente disciplinario por haber cometido una falta muy grave por los trabajos que hizo para gobiernos latinoamericanos sin informar a las autoridades académicas y por los que cobró, como adelantó ELPLURAL.COM, 425.000 euros. Finalmente, Monedero fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses.
Monedero y la Justicia
Según ha explicado Modero, al conocer la decisión de la justicia ha sentido un gran alivio pues, en los últimos tres años, ha vivido casi una docena de juicios e investigaciones. “Hoy es un día alegre. Han sido tres años con más de una docena de juicios, inspecciones, querella”, ha dicho en declaraciones al diario Público.
Además, Monedero ha querido dejar claro que de los casos a los que se ha tenido que enfrentar, "el 100% de los juicios y querellas han sido archivadas o las he ganado”. “Me alegro porque el estado de derecho me ha dado la razón y me entristezco porque el mundo de la política sigue en España usando las cloacas para acabar con los que piensan de manera diferente", ha añadido.
No es la primera vez que la justicia le da la razón a Monedero. El sindicato Manos Limpias presentó a principios de 2015 una querella contra él por integración en organización criminal, delitos societarios contra la Hacienda Pública y falsedad documental, todo derivado de los pagos que recibía el programa La Tuerka de una productora audiovisual que, siendo también una asociación cultural, se habría extralimitado de su función social.
