El pasado martes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abroncó a sus señorías en la Junta de Portavoces, conminándoles a mantener el decoro parlamentario que ha de regir los debates e intervenciones. Los deleznables insultos machistas proferidos por la diputada de Vox Carla Toscano contra Irene Montero traspasaron una línea roja y la Cámara estudia vías para rebajar el tono. Desde Unidas Podemos, en concreto los Comunes, propusieron elaborar una suerte de Código Ético de conducta que recoja sanciones ante salidas de tono y comportamientos deshonrosos, pero la idea fue rechazada y todos los grupos a excepción de Vox confiaron en el autocontrol de los diputados. Una moderación que volvió a saltar por los aires el mismo martes cuando Patricia Rueda, también de Vox, empleo el término “filoetarra” para referirse a EH Bildu y se le retiró la palabra y expulsó se la tribuna. Al día siguiente, ya el miércoles, Irene Montero elevó el tono al acusar al PP de “promover la cultura de la violación”, lo que ha provocado el enfado del PSOE, que entienden que actuaciones como la de la ministra de Igualdad no contribuyen a fomentar un clima de sosiego y mesura.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, no tardó en desmarcarse de las palabras de la ministra. En declaraciones en los pasillos del Congreso sostuvo que “no me han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, y precisamente ella que ha vivido esa agresividad verbal no debería jugar con esto”.

La secretaria de Igualdad del PSOE y diputada, Andrea Fernández, razonó que “el Congreso es, o debería ser, la casa de la palabra”, por lo que “lo primero que sobra es el hostigamiento, pero también las expresiones gruesas, algaradas y el espectáculo”. “España merece mucho más que eso. Suerte que tenemos el raciocinio de Meritxell Batet”, remachó en su cuenta oficial de Twitter.

"Lo primero que sobra es el hostigamiento, pero también las expresiones gruesas, algaradas y el espectáculo"

Eso, en público. En privado, fuentes socialistas lamentan que no solo no se contribuye “a rebajar la tensión y los ánimos de todos en el Congreso”, sino que se le hace el juego a la ultraderecha al caer en sus provocaciones. “Irene Montero estuvo regular”, coinciden varias voces, máxime tras la conjura del pasado martes en la que todos los grupos abogaron por la cordialidad y la convivencia como elementos vertebradores del debate parlamentario.

Semana caliente

La pasada semana se debatieron los dictámenes de los Presupuestos Generales del Estado 2023, que fueron aprobados definitivamente el jueves 24 de noviembre y se encuentran ahora pendientes de que el Senado otorgue su visto bueno. Cuatro maratonianas jornadas, de lunes a jueves, que registraron no pocas salidas de tono. El Grupo Popular abrió boca el primer día llamando “soberbia” e “inútil” a Irene Montero. Vox recogió el testigo y fue aún más faltón. Su diputada Carla Toscano afirmó desde la tribuna de oradores que el único mérito de la ministra de Igualdad era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. La indignación se apoderó del hemiciclo ante la pasividad de la presidencia, que no intervino. Montero pidió la palabra para exigir que tan despreciable insulto se incluyera en el diario de sesiones para que conste la “violencia política” que sufren las mujeres “y después de mí no haya más”.

Tras la escena, Podemos sondeó a grupos parlamentarios aliados para concretar e impulsar un documento de repulsa, pero el PNV lo frenó alegando que la condena debía ser genérica y no únicamente contra los vituperios a Montero porque su grupo también había sufrido lamentables insultos. El borrador inicial se aparcó y se trabajó en un escrito que se elevaría el pasado martes, pero no ha trascendido, puesto que el comportamiento en la Cámara se abordó en profundidad tanto en la reunión de la Mesa como en la Junta de Portavoces. En ambas citas, Batet abroncó a los presentes y todos los grupos con la salvedad de Vox se comprometieron a contribuir a mejorar el clima.

Batet abroncó a los presentes y todos los grupos son la salvedad de Vox se comprometieron a contribuir a mejorar el clima

Los Comunes propusieron urdir un Código Ético que rigiera el comportamiento de sus señorías y se estipularan sanciones para las actitudes inadecuadas como ocurre en otros países como en Francia, donde a un parlamentario del partido de Marine Le Pen, Gregoire de Fournas, se le impidió entrar en la institución de forma temporal y se le rebajó el sueldo por llamar negro a otro diputado y espetarle “vuelve a África”. Fuerzas hermandas de los morados manifestaron sus reservas. Fuentes del mismo Podemos recuerdan que el actual Reglamento ya contempla la posibilidad de expulsar a diputados y diputadas y creen que simplemente se debiera aplicar correctamente. Exigen, así, memos permisividad a la mesa. En septiembre de 2021, José María Sánchez (Vox) gritó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja. Alfonso Rodríguez de Celis, que sustituía a Batet en ese momento, le expulsó, pero se negó a abandonar el hemiciclo. La sesión se suspendió durante unos 10 minutos en los que conversaron ambos con Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Acordaron que Sánchez rectificaría y, a cambio, no se le expulsaría. Ese suceso se comentó en la reunión de la Junta como ejemplo de que, en ocasiones, no se cumple a rajatabla con el Reglamento cuando hay instrumentos para evitar episodios indeseables.

El mismo martes, Patricia Rueda (Vox) fue expulsada de la tribuna de oradores y se le retiró la palabra tras rehusar en más de tres ocasiones a retirar la expresión “filoetarra” para referirse a Bildu. La bancada ultraderechista en su conjunto abandonó la estancia. Al día siguiente, el miércoles, Santiago Abascal repitió el concepto y no hubo reacción alguna por parte de la Mesa. El cariz se tornó hostil y, minutos más tarde, Montero lo llevó al punto de ebullición. Denunció las campañas del PP en las que descargaba la responsabilidad de las agresiones sexuales sobre la mujer por correr en mallas y de noche. “Promueven la cultura de la violación”, espetó, ganándose el reproche del Grupo Popular.

El PSOE cree que se equivocó, pero los suyos sí cerraron filas. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, justificó que “cuando culpas a la víctima de la agresión porque llevaba mallas e iba a correr por la noche estás promoviendo la cultura de la violación”. “Lo hace el PP y bien claro se lo ha dicho la ministra. Muy bien”, zanjó. Montero también obtuvo el respaldo de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo recordó que la “cultura de la violación” es un concepto académico. Además, exigió a la Xunta de Galicia retirar el cartel en cuestión porque “es incorrecto” y “daña a las mujeres”.

Por su parte, el PP ha respondido convocando su particular rodea el Congreso. Génova ha pedido a todos sus diputados y senadores que se concentren a las puertas de la Cámara para exigir la dimisión de Irene Montero tras sus polémicas palabras y por el goteo de agresores sexuales que están viendo rebajadas sus penas por la ley del solo sí es sí.