“Un nuevo caso de ataque ilegítimo del ejecutivo a la independencia judicial y a la separación de poderes”. Así ha calificado la organización de juristas independientes Rights International Spain , las manifestaciones del ministro de Interior en funciones Jorge Fernández pidiendo al Consejo General del Poder Judicial la asunción de medidas contra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por su referencia acerca de que la tortura había existido. Ante lo que consideran “una intolerable intromisión”, los juristas de RIS han elevado una queja ante varios Relatores especiales de la ONU. Por su parte la Asociación de Víctimas del Terrorismo quiere recusarle.
“Esta voluntad de entrometerse indebidamente en la administración de la justicia se hace aún más patente en esta ocasión, pues se llega a sugerir al Consejo General del Poder Judicial, que debe ser independiente, a quién debe expedientar. Cuando desde el ejecutivo se realiza un ataque a la separación de poderes, nuestros derechos y libertades corren peligro; necesitamos jueces y tribunales independientes que velen por la protección y el respeto de los derechos humanos”.
Ataque ilegítimo a la independencia judicial
“La semana pasada el Ministro del Interior en funciones pidió al CGPJ que tomase medidas contra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por manifestar que “la tortura se ha producido de manera clara” y que había tenido “muchos casos de sospecha fuerte”. En RIS consideramos que estas declaraciones están amparadas por la libertad de expresión del magistrado y no son constitutivas de ilícito alguno”, han expresado en su blog oficial.
A la organización le preocupa particularmente “la reacción del ministro, puesto que no sólo ahonda en el tabú que existe en España en torno a la tortura, sino que también constituye un nuevo caso de ataque ilegítimo del ejecutivo a la independencia judicial y a la separación de poderes. Por este motivo, hemos elevado una queja ante varios relatores especiales de la ONU”.
Faltan mecanismos para investigar
“El juez de Prada no es el primero en afirmar que en España existen casos de tortura y que no existen mecanismos eficaces para prevenir, investigar y reparar esos casos. Son de este mismo criterio numerosos organismos internacionales y europeos de protección de los derechos humanos”, recuerda RIS.
Aquí enumeran como desde las Naciones Unidas se han pronunciado en este sentido el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura, el Relator Especial sobre la Promoción de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Condenas a España del TEDH
“Por parte del Consejo de Europa también respaldan esta opinión el Comité Europeo de Prevención de la Tortura y el propio Comisario de Derechos Humanos”- Explican- “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones por no investigar debidamente las denuncias de tortura, llegando a afirmar que el propio supone, per se, una vulneración de la prohibición de la tortura establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Dice también Rigts International Spain que en el Estado español existen casos de tortura a los que no se ha dado debida respuesta; “muchas cosas deberían cambiar para cumplir plenamente con los estándares de derechos humanos en esta materia”. Citan aquí el informe al Comité contra la Tortura para el último examen de España y destacan que “dimos buena cuenta de los déficits; y el propio Comité hizo suyas muchas de nuestras preocupaciones”.
Ataque a la separación de poderes
“Lo que está claro es que para avanzar en la lucha contra esta lacra es necesario partir de una auténtica voluntad política de reforma; las declaraciones del ministro del Interior en funciones son indicativas de todo lo contrario”. Reitera RIS que dichas palabras de Fernández suponen “una nueva injerencia del poder ejecutivo en la independencia judicial”.
Refieren también que, en una de sus comunicaciones emitida de modo conjunto con asociaciones de jueces dirigida a la Relatora Especial sobre Independencia Judicial de la ONU, ya denunciaron que “este tipo de descalificaciones realizadas por miembros del Gobierno contra jueces y magistrados constituyen un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes, mermando uno de los elementos más importantes del Estado de Derecho”.
La AVT y la imparcialidad
Muy al contrario de lo que plantean los juristas de RIS, la Asociación de Víctimas del Terrorismo recusa al juez De Prada para el juicio contra los dos acusados de pertenencia a la cúpula de Batasuna Jean Claude Aguerre y Xavier Philippe Larralde. Ambos casos están pendientes dentro del caso ANV y PCTV. 35 dirigentes de la izquierda abertzale fueron juzgados por la Sección II con dicho magistrado en el tribunal y la conclusión fue el reconocimiento de su pertenencia a ETA y la petición de perdón a las víctimas.
La AVT considera que la imparcialidad del juez está comprometida por sus palabras en el Foro por la Convivencia. Fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM comentaron “no se entiende muy bien esta afirmación de la AVT sobre el juez cuando hablamos de un caso como el relativo a la antigua Batasuna en que el resultado ha sido ejemplar con el acuerdo de los acusados, víctimas y letrados y el reconocimiento de los acusados de su delito. Habría que felicitar a los jueces, no criticarlos”. La Audiencia debe decidir si admite a trámite esta solicitud de recusación.
