Tras poner en orden la documentación que hemos juntado tras años de seguimiento a los casos de corrupción que atraviesan al PP de Madrid (GürtelPúnicaLezoCiudad de la Justicia, etc.), en esta tercera y última entrega sobre los estragos que los genoveses han causado a la sanidad pública madrileña, vamos a tratar de explicar por qué la Audiencia Nacional investiga el destino final de más de 3 millones de € tan solo en el periodo 2006-2007. Tanto el juez García Castellón como las Fiscales Anticorrupción, Gálvez Díez y García Cerdá han dejado por escrito (auto de 02.09.19 informe 01.08.19) que estos millones han podido servir para financiar ilícitamente al PP de Madrid. A los responsables se les acusa de delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

La primera parte de esta serie se puede consultar en este enlace y la segunda en este otro.

En ambas entregas hemos puesto cara a los máximos responsables políticos de la gestión sanitaria que desde 1985 se ha venido practicando durante los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y simultáneamente denunciado el proceso de privatizaciones que desde la llegada de Esperanza Aguirre en el 2003 han guiado a los sucesivos gobiernos que ha presidido. 

Comisiones y campañas electorales 

Según los investigadores y los documentos que figuran en el sumario Púnica (PS9), en una reunión celebrada en el año 2003 en la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, además de la propia Aguirre, asistieron personas de su absoluta confianza. En ella se acordó un plan para financiar ilícitamente al PP de Madrid a costa del contribuyente. No se ahorraron esfuerzos. Fueron varias las Consejerías y Organismo públicos los finalmente seleccionados. El mecanismo era simple y eficaz. En este vinculo se pueden consultar una selección de noticias sobre la cuestión.

En lo que se refiere al SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) el objetivo era recaudar el 1% del presupuesto acordado con las empresas adjudicatarias (constructoras y gestoras nuevos centros) imputándoles supuestas campañas de publicidad que correrían a cargo de las citadas adjudicatarias. 

El dinero en realidad iba a parar a determinadas empresas de comunicación y publicidad que luego se revertían para financiar campañas electorales del PP de Madrid, para beneficio personal de varios de los intervinientes y como inversión para futuras puertas giratorias prefabricadas.

El sistema queda muy bien definido en el auto del juez García Castellón que no deja de ser una réplica milimétrica de lo que le proponen las fiscales antes citadas y que en resumen transcribimos su literalidad: 

“La puesta en marcha desde la Consejería de Sanidad de la  CAM del denominado "Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004- 2007", que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, confirió la cobertura oportuna para  introducir, en los pliegos de las licitaciones de los  contratos para la construcción y gestión de cada hospital y centro de Salud, la cláusula ideada indiciariamente por el  Consejero de Sanidad, Manuel LAMELA, en connivencia con los  altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del  presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido, en los términos que hemos relatado. La obligación de pago de dicha cantidad por el adjudicatario del contrato obligaba al mismo a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje.

El plan urdido aseguró que el pago en concepto de  publicidad se realizase a las mercantiles del investigado  Horacio MERCADOOVER, TRACI, LINK y ABANICO, utilizadas como  canal  por el que  circularían  los  fondos detraídos  indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio GONZÁLEZ Francisco GRANADOS, bajo la supervisión de la Presidenta de la CAM, la  competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad, quienes en todos los casos resolvieron que fuesen las mercantiles vinculadas al investigado Horacio MERCADO las agraciadas.

La sociedad gestora de cada hospital o las empresas constructoras de los centros de salud recibían desde la Consejería de Sanidad las órdenes de pago, a las que se acompañaban las facturas confeccionadas por el investigado Horacio MERCADO, en las que se simulaba la realización de la publicidad por un importe global concordante con el gasto que debía realizar el hospital o contratista de la obra.

También se incorporaron escritos de la Consejería de Sanidad firmados por Germán RASILLA ARIAS, como Asesor Técnico del Consejero de Sanidad y Consumo, quien cooperó en los hechos hasta el año 2008 dando la conformidad a las facturas mediante la elaboración de certificados sobre que se había verificado el trabajo realizado, pese a conocer que la publicidad no era real o se había realizado por un coste mucho menor.

Los contratos con las empresas gestoras de los Hospitales eran firmados por el Consejero de Sanidad, Manuel LAMELA FERNÁNDEZ.

Al frente del SERMAS estuvo durante los años 2006 y 2007 su Directora General, Mª Almudena PEREZ HERNANDO. Los pagos que se realizaron a las empresas del investigado Horacio MERCADO en concepto de publicidad y promoción de los nuevos hospitales y centros de salud y las obras adjudicadas, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas, fueron los siguientes:

a) Pagos realizados por las empresas concesionarias de la construcción y explotación de 7 hospitales de la Comunidad de Madrid. El siguiente cuadro refleja las cantidades abonadas por las 7 empresas concesionarias de los hospitales a las empresas controladas por Daniel Horacio MERCADO LOZANO:

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b) Pagos realizados por las empresas constructoras de los centros de salud
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Entre unas cosas y otras : 3.073.768,53€

Recortes a granel

Sin complejos, también tuvieron tiempo para recortar medios humanos y materiales que daban sustento a la sanidad publica. Los datos más destacables los siguientes:

  • Madrid es la Comunidad con el mayor PIB de España y es la que menos gastó en sanidad por habitante en 2018, después de Cataluña
  • Inversión en Madrid: 1.154,2 € / persona / año
  • Inversión media en España 1.295,85 € / persona / año
  • Las camas hospitalarias se han incrementado, de 2005 a 2018, en un 2% mientras que la población aumentó, en ese mismo periodo, un 15, %. 

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  • En enero de 2020 había 1.273 profesionales menos que en 2009. De 75.368 efectivos se ha pasado a 74.095. De esos 74.095 efectivos, el 44% tiene contrato temporal
  • Mientras todo esto sucedía el gasto en la sanidad concertada ha ido subiendo: 5,3% en 2002, 7,5% en 2009 y 10% en 2012. En el 2017, ultimo disponible, representaba el 11,2% sobre un total del gasto sanitario público total, 66.678 millones.

Y nadie mejor para explicarlo que Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio de Médicos de Madrid que en una reciente entrevista resumía así la situación: “En la Comunidad de Madrid se hicieron recortes y reformas sin ningún tipo de planificación. Se construyeron siete hospitales de concesión privada, pero en total disminuyó el número de camas (se cerraron en los públicos). Hubo recortes en personal y en la renovación de material. Ahora se nos ven más las costuras". (18.03.20)