Los "caprichos" de Tizón les cuestan a los ciudadanos tres millones en indemnizaciones por despidos ilegales

Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar en España una diputación que acumule tantas sentencias judiciales en contra; tantas protestas sindicales y tantos recursos presentados por la oposición, y mucho menos que una esperpéntica política laboral llevada a cabo entre 2011 y 2015 le haya costado a los ciudadanos tres millones de euros (500 millones de las desaparecidas pesetas) en pagar indemnizaciones, abogados y otros gastos jurídicos por despidos de trabajadores declarados improcedentes, nulos o ilegales, al tiempo que se llevaba a cabo de forma paralela un “enchufismo” desmedido, como en repetidas ocasiones lo denunció PSOE y CC OO, entre otros agentes sociales. Cómo sería el nepotismo aplicado, que los socialistas llegaron a bautizar a su presidente “El Baltar de La Mancha”. Con este currículum la Diputación en cuestión no puede ser otra que la toledana, y su presidente, ineludiblemente, Arturo García-Tizón, ni que decir tiene que el partido gobernante era el Partido Popular. Y hablamos en pasado porque las fuerzas políticas PSOE, Ciudadanos y Ganemos-IU, no dudaron ni un momento (sentando un importante precedente a nivel nacional) en unir sus votos para impedir la continuidad de esa política laboral “caciquil” y echar de la Diputación toledana a García-Tizón y al PP, a pesar de que la formación de la gaviota fue la más votada.

Anulación de RPT de 2013
Y acertaron de lleno, ya que a la anterior “colección” de sentencias que atesora Arturo García-Tizón, cuya gestión está siendo analizada en la actualidad en una comisión de investigación, se suma una nueva dada a conocer este viernes anulando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2013 decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (), lo que para el portavoz socialista, Santiago García Aranda, “es una prueba más de la nefasta y caprichosa política de personal que llevó a cabo el Partido Popular y Arturo García-Tizón al frente de la Institución provincial durante los últimos cuatro años”. Valoración emitida tras conocer la decisión judicial en relación a 17 puestos de trabajo que aprobó en solitario el Gobierno de García-Tizón y que el Grupo Socialista cuando estaba en la oposición recurrió ante los tribunales al considerar que “la reclasificación de estas plazas de funcionarios tenía como objetivo subir el sueldo a unos cuantos trabajadores privilegiados”, concreta.

¿Quién debe pagar los gastos?
En este sentido, se abre un debate de responsabilidades que señalan directamente a García-Tizón, que todo parece indicar que no repetirá en las listas electorales del 20-D y perderá por lo tanto su acta de diputado nacional, ya que esta sentencia “se une, además, a la larga sucesión de resoluciones judiciales contrarias a decisiones que adoptó el anterior equipo de Gobierno en los cuatro años que ha estado al frente de la Institución provincial a la que ha supuesto un grave perjuicio económico”. El portavoz socialista, incluso, llega a cuantificar en tres millones de euros lo que los ciudadanos han tenido que desembolsar en concepto de indemnizaciones y gastos jurídicos como consecuencia de los despidos de trabajadores que decretó el PP y García-Tizón y que los tribunales han declarado ilegales, improcedentes o nulos.

Devolver la dignidad a los trabajadores…
De ahí que el nuevo equipo de Gobierno socialista, y sus socios Ciudadanos e IU, hayan decidido en sesión plenaria este viernes ratificar el acuerdo de la recuperación de derechos laborales, firmado con todas las fuerzas sindicales con representación en la Mesa General Negociadora Única, CC OO, CSIF y UGT. El portavoz García-Aranda ha indicado que el acuerdo confirma “la recuperación de derechos de los empleados públicos que habían sido recortados por el PP; se recupera la jornada de 35 horas, se recupera un régimen más comprensivo de las incapacidades temporales, se incorpora a los funcionarios interinos y laborales indefinidos a los beneficios, así como una revisión salarial del 1 por ciento”.

…que la habían perdido con el PP
Un acuerdo que entierra definitivamente la política laboral de García-Tizón, que siempre se opuso a ejecutar las sentencias, llegando, incluso, a ser apercibido por la Justicia, que le dio un mes de plazo para readmitir a los trabajadores despedidos ilegalmente, advirtiéndole que de no hacerlo, “el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla” (), lo que llevó a CC OO a pedir en repetidas ocasiones su dimisión “por tratar de eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales y porque sus barrabasadas les van a costar a los toledanos más de un millón y medio de euros solamente en salarios”, dijeron en su momento los sindicalistas.