Avanza la cuenta atrás para dar por sentenciada la legislatura y todavía quedan algunos proyectos en el cajón del Gobierno que esperan a salir a la luz. Una de las más esperadas es la Ley de Industria, una iniciativa que no tiene ni tan siquiera estructura legislativa ni ha salido del Consejo de ministros pero que ya está teniendo sus primeras pugnas. Mientras el Ejecutivo muestra optimismo, tanto los socios como el sector rebajan las expectativas del ministro Héctor Gómez, quien ha anunciado su intención de presentar el texto "de inmediato". Pero su aprobación está en el aire.

Tal y como ha dado a conocer este periódico a principios de este mes de mayo, ERC niega su apoyo al pre articulado y pone varias condiciones para sacarla adelante. Unas reticencias a las que se han sumado este mismo viernes los ingenieros industriales, que critican el proceso que está llevando y piden un "mayor" consenso para sacar adelante la futura norma. Con todo, el titular de la Administración ha avanzado algunas de las líneas que pretende incluir el texto, como un nuevo modelo de gobernanza o más ayudas para proyectos de interés general.

Optimismo en el Gobierno

Esta semana, el recién llegado a Moncloa ha protagonizado su primera comisión como ministro para dar cuenta de las actuaciones que tiene en agenda el Ministerio hasta el final de la legislatura, cada vez más cerca ante la celebración de elecciones generales el próximo mes de diciembre. Durante su intervención, Gómez ha desgranado los proyectos que ya ha impulsado y ha adelantado otros que tiene entre manos para sacarlos adelante antes de esta fecha marcada en rojo -aunque todavía se desconoce el día exacto en el que se disolverán las Cortes-.

Una de ellas es la Ley de Industria, que el titular socialista ha anunciado que ya está muy avanzada la iniciativa y que la va a enviar en las próximas semanas al Consejo de ministros para después elevarla al Congreso, donde tendrá que ser rubricada por una mayoría del Pleno. Gómez ha sostenido que llegará "en breve" y "de inmediato" a la Cámara Baja para iniciar los trámites parlamentarios.

Según ha explicado, el Gobierno ya está "perfilando" con los agentes sociales los términos y confía en tener el apoyo del resto de grupos para un instrumento "válido", "extremadamente necesario" y "útil" en el desarrollo industrial del país. De hecho, ha remarcado que su postura es dialogante y "orientado al entendimiento" con el objetivo de "alcanzar puntos de encuentro" y "seguir avanzando". Y es que cabe destacar que esta norma es uno de los hitos firmados con la Comisión Europea para obtener más fondos europeos de recuperación.

Críticas de socios y sector

Mientras Gómez se muestra esperanzado en sacar más pronto que tarde esta norma, los socios y el sector no tanto. En concreto, y aunque todavía no está estructurada en una ley ni ha salido del Consejo de ministros, tanto ERC como el BNG han criticado la posible invasión de competencias en la que incurre con el objetivo de dar más poder al Gobierno. Unos reproches que Gómez ha zanjado negando que la norma tenga "ningún propósito centralizador".

Pero ahora también se han pronunciado con reservas los ingenieros industriales, que han recalcado la necesidad de que este texto coseche "mayor" consenso para ver la luz. Así lo han esgrimido este viernes desde el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, quienes han criticado que esta futura norma "lleva una tramitación demasiado lenta para la importancia que se le dio durante y después de la pandemia". De hecho, tildan el proyecto de "estancado". De esta forma se ha manifestado el Colegio, que ha dado a conocer a través de una nota de prensa de su opinión, desgranada en seis puntos referidos a política y promoción industrial, reindustrialización, neutralidad climática y economía circular, digitalización, seguridad y calidad industrial y gobernanza. 

Nuevo modelo de gobernanza y más ayudas

En esta línea, Gómez ha deslizado algunas de las estrategias que quiere perseguir esta norma, que pasa por establecer un nuevo modelo de gobernanza. Esta pretende fijar una estructura sobre tres órganos: el Consejo Estatal de Política Industrial, la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme, y el Foro de Alto Nivel de la Industria, para reflejar las perspectivas de los ministerios, los sectores y las propias empresas industriales.

Asimismo, el texto abre la puerta a definir el concepto de ecosistemas industriales en el que se da cabida a ‘hubs’ de conocimiento, tecnología y especialización o áreas industriales, y contará con la participación de al menos un sistema o centro de innovación tecnológica para facilitar la concesión de ayudas. Además, también se regulan los proyectos industriales de interés general, que permitirán agilizar su tramitación.

En la misma línea, se establece un nuevo mecanismo de anticipación y respuesta a las posibles crisis de suministro de recursos de primera necesidad o estratégicos mediante la reserva estratégica, así como ayudas a la energía para las industrias más dependientes con el objetivo de que puedan reducir sus costes en electricidad y gas. Todo a través de una reindustrialización para aumentar la capacidad industrial y el fomento del empleo.