El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido García, ha reclamado a los grupos de la oposición en la Asamblea que “procedan a la entrega inmediata de toda la documentación remitida” a la Comisión de investigación de la corrupción “durante el mes de enero en relación a Canal Isabel II”, los famosos papeles que el Gobierno de Cristina Cifuentes dijo no haberse enterada de que tenía que entregar.

Ahora, después de que el juez de la Audiencia Provincial, Manuel García Castellón, que instruye la investigación del caso Lezo, retirase el permiso al Gobierno regional para entregar los citados documentos, el consejero Garrido se ha apresurado a reclamarlos y, ya de paso en la solicitud a la presidenta de la Asamblea de Madrid a la que ha tenido acceso El Plural, ha solicitado a la oposición “se abstengan de revelar o hacer uso de la información contenida”.

Fuentes de Podemos en la Asamblea consultadas por El Plural tachan esta petición simple y llanamente de “un paripé, un circo” del Gobierno de Cristina Cifuentes que no tiene “ninguna base jurídica” y con el único objetivo de seguir ocultando, como ya hizo con el retraso en la entrega de los documentos, dar explicaciones por la gestión del PP en el saqueo al Canal de Isabel II.

Responden a Garrido con un contundente “no” a su petición ya que, además de que no van a borrar de sus memorias lo que han leído o escuchado, le recuerdan que “él ni es juez ni puede inventarse defectos que no están en el reglamento de la Asamblea”, ya que el auto “al único que da orden es al Gobierno”.

Por su parte, desde el PSOE también defienden que “tendrá que ser el juez, no el consejero” el que les reclame algo a partir de su auto y éste “no se dirige en la Asamblea para nada”. Para los socialistas, Garrido “no es quién para decirle a una comisión lo que tiene o no tiene que hacer en base a una interpretación suya de un auto”.

Además, recuerdan que la respuesta del juez de la Audiencia Nacional a la consulta del Ejecutivo madrileño está recurrida, se ha pedido la suspensión de los plazos y se ha reclamado toda la documentación del proceso para su estudio.

Antes del pasado verano, la oposición en la Comisión que investiga los casos de corrupción de la Comunidad de Madrid reclamó al Gobierno regional más de 80 documentos para su análisis, entre los que se encuentran las actas del Canal de Isabel II a las que ya tuvo acceso este periódico. En agosto llegó la comunicación al Ejecutivo de Cristina Cifuentes del juez que investiga el caso Lezo de que se podían entregar dichos documentos, pero esto no se produjo hasta enero de 2018, lo que provocó el enfado y una tanda de preguntas y peticiones de comparecencias por parte de la oposición.

Ante esto, el Gobierno de Cifuentes preguntó directamente al Poder Judicial si los documentos de una investigación en curso se podían entregar. El presidente del CGPJ pasó la pelota al juez del caso Lezo que, esta vez, denegó el permiso, pero emplazando a la Comunidad, no a la Asamblea.