Nueva vuelta a la negativa de Cristina Cifuentes a facilitar documentos relacionados con los contratos de la administración con empresas investigadas por la justicia en el caso Lezo y otras causas. Si este miércoles desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP difundía a bombo y platillo que el juez les había dado “la razón” para no entregar estos documentos a la oposición, PSOE y Podemos no lo tenían tan claro, como recogió El Plural.
Ahora, ambos partidos representados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han presentado un recurso al juzgado de instrucción nº6 de Madrid en el que reclaman todos los documentos que llevaron a afirmar al juez Manuel García Castellón a afirmar que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial”.
En los escritos de ADADE a los que ha tenido acceso este periódico se reclama el escrito presentado por el Consejero de Presidencia de Cifuentes, Ángel García Garrido, el pasado 3 de enero, por el que se consultaba al Poder Judicial si se podían o no entregar estos documentos. También se requiere el escrito presentado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con el cual dio traslado de la cuestión al juez que lleva el caso.
Y, por último, el informe redactado al efecto por el Fiscal Anticorrupción, el cual también consideraba improcedente la entrega de los documentos solicitados.
Plazo para estudiarlos
Además de la documentación, PSOE y Podemos piden suspender el plazo de tres días dado por el juez García Castellón para recurrir su decisión para así tener tiempo de prepararla “dado que esta parte no dispone de los precedentes que están en el origen de este Auto” y ahora ha requerido.
Dudas en la argumentación del juez
La solicitud de Garrido se refería sólo a documentos que tenían que ver con una parte muy concreta del caso Lezo, que es la compra por parte del Canal de Isabel II de empresas en Sudamérica. O lo que es lo mismo, los documentos que clarifican la participación de Alberto Ruiz Gallardón y la propia Cristina Cifuentes, que formó parte del Consejo de Administración del Canal, en estas operaciones.
Por su parte, desde el PSOE defienden que la actuación de Garrido sólo buscaba una coartada para no entregar los documentos ya que ellos “nunca hemos pedido nada al juzgado sino al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata en cualquier caso de documentos administrativos”.
