La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se libra, por el momento, de comparecer ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar, entre otras cosas, su negativa a facilitar documentos relacionados con los contratos de la administración con empresas investigadas por la justicia en el caso Lezo y otras causas. Así lo ha acordado este miércoles la mesa de la comisión a la espera de analizar el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 29 de enero en el que contesta al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, que "no resulta procedente entregar la documentación solicitada".
La solicitud de Garrido se refería sólo a documentos que tenían que ver con una parte muy concreta del caso Lezo, que es la compra por parte del Canal de Isabel II de empresas en Sudamérica. O lo que es lo mismo, los documentos que clarifican la participación de Alberto Ruiz Gallardón y la propia Cristina Cifuentes, que formó parte del Consejo de Administración del Canal, en estas operaciones.
PSOE y Podemos estudian recurrir
PSOE y Podemos estudian recurrir este auto que consideran cuanto menos sorprendente ya que resulta confuso en su explicación. "Nosotros nunca hemos pedido nada al juzgado sino al Gobierno de la Comunidad de Madrid y se trata en cualquier caso de documentos administrativos", asegura la portavoz socialista Encarnación Moya a El Plural. Añade que la decisión de aplazar la comparecencia de Cifuentes se toma por "prudencia y respeto", a la espera de analizar el auto de García Castellón, que contradice otro anterior del juez Fernando Andreu de pasado mes de agosto. "No vamos a tirar la toalla", advierte y añade que esta la última decisión del instructor del caso Lezo "no afecta de ninguna manera" a los documentos ya entregados.
Por su parte, Miguel Ongil, portavoz de Podemos en la comisión, ve "coherente" este último auto con el anterior. "Lo que dice es que si preguntas al juzgado, el juez dirá que no, si preguntas al Gobierno regional será este quien tenga que responder o si preguntas a la Agencia Tributaria será la propia agencia y por los cauces legales", resume.
Detrás de esta decisión de García Castellón ve la mano negra del PP, que se ha valido de todo tipo de "triquiñuelas" para evitar responder sobre los casos de corrupción que le afectan, incluida la utilización de la justicia. "Es vergonzoso y triste que estén jugando con el árbitro, el ayudante del árbitro y el que cuida el campo forzando hasta el límite todos los estamentos judiciales", critica.
"Es inaudito que se nos deniegue una información que no hemos solicitado, en el auto se habla de escuchas telefónicas o de registro de viviendas particulares cuando lo que hemos pedido son documentos administrativos preexistentes al sumario". En este sentido subraya que la naturaleza y régimen jurídico de estos bienes es bien diferente a la información que genera el sumario.
El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, cree que "el auto deja claros ciertos puntos, mientras que otros no se ven tan claros". En su opinión, estamos ante "una zancadilla más" para evitar dar explicaciones. "Al final, cualquier excusa, ya sea política o ya sea jurídica, es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar a los madrileños", ha agregado Zafra.
El PP y Cifuentes cargan contra la oposición
El PP, sin embargo, no tiene ninguna duda de que el auto de García Castellón da la razón a Cristina Cifuentes e insta a la oposición a "pedir perdón" a la presidenta regional por decir que estaba retrasando deliberadamente la entrega de información para proteger a los corruptos. La propia Cifuentes ha aprovechado el auto de García Castellón para cargar contra la oposición: "la verdad gana, vuestra mentira pierde" y "triunfa el Estado de Derecho" ha dicho en un mensaje dirigido a sus rivales políticos a los que ha advertido de que "no vale todo".
