La información que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha estado ocultando durante meses a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid está llegando por tandas e incompleta. La primera remesa llegó el mismo lunes, en total 36 documentos aunque la mitad de ellos, en realidad no estaban. La Comunidad de Madrid lo que responde es que tienen que solicitar dicha información a sus filiales en Latinoamérica –Inassa fundamentalmente- en 17 casos. En otro más, argumenta que la información solicitada afecta a una empresa privada con la que tiene cláusula de confidencialidad y tienen que pedir autorización a la misma.

Este miércoles han llegado más documentos que a la oposición todavía no ha dado tiempo a examinar pero, según ha podido saber El Plural, presentan el mismo problema.

Encarnación Moya, portavoz socialista en la comisión de investigación, valora que necesitarán días para poder examinarlo todo. Las Peticiones de Información no sólo afectan al caso Inassa sino también a los cursos de formación (caso Aneri) o la construcción del campo de entrenamiento de golf en el barrio de Chamberí, en terrenos que eran propiedad del Canal de Isabel II.

Por si fuera poco, para dificultar su tarea, parte de la información les está llegando a través de CD’s, que no pueden leer en los ordenadores portátiles que la Asamblea de Madrid entrega a cada diputado porque no disponen de disquetera de CD’s.

“No sé si se buscaba ralentizar o dificultar el trabajo de la comisión pero sí demuestra una gran torpeza hacer así las cosas”, asegura la portavoz socialista a preguntas de este periódico. Donde sí ve una “labor obstructiva reiterada por parte del gobierno regional” es en la actitud que ha mantenido Cristina Cifuentes durante todos estos meses negando de forma sistemática las peticiones de información de la comisión apelando a que los documentos solicitados formaban parte de la instrucción del caso Lezo y estaban afectados por el secreto del sumario. La presidenta regional continuó defendiendo este argumento durante meses apelando a que había hecho una petición al juez instructor para que la autorizase a facilitar dichos papeles. La respondió el 18 de agosto diciendo que los documentos NO formaban parte del sumario y que él no era quién para darle permiso. Sin embargo, Cifuentes dice que no se ha enterado hasta ahora porque la respuesta se traspapeló.

“Siendo muy bondadosos, suponiendo que no lo sabían, les interesaba que no llegara la respuesta del juez porque se la imaginaban”, interpreta Moya, convencida de que alguien en el ejecutivo regional ha “confundido intencionadamente” las peticiones de la comisión. “Lo que nosotros pedíamos eran documentos administrativos, no un informa de la investigación judicial”, aclara.

Los trabajos de la comisión deberían terminar en diciembre de este año. Ahora teme que esta nueva carga de trabajo que supone examinar una documentación tan exahustiva que posiblemente suponga más peticiones de comparecencias pueda alargar ese tiempo. “No se trata de alargar nada porque sí, la comisión es la primera interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero la situación y los casos de corrupción que han saltado en  la comunidad de Madrid son de tal calibre que hacen necesarios esos plazos”.