Tras llegar tarde y mal a la Comisión sobre la Corrupción los documentos que Cifuentes intentó ocultar a la corrupción sobre el caso Lezo, el PSOE quiere saber los detalles de cómo y cuándo el Gobierno de la Comunidad de Madrid conoció que se aceptaba su personación como acusación particular en la causa y que el juez daba permiso para entregar dichos documentos a la oposición.
Mediante una serie de preguntas por respuesta escrita, la diputada de la Asamblea de Madrid Mercedes Gallizo ha requerido explicaciones concretas por esta polémica, pidiendo saber si “recibió el Gobierno notificación directa, por vía de la Abogacía de la Comunidad o por otra vía, del Auto del juez Andreu del 18 de agosto de 2017, aceptando la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso Lezo, así como la respuesta a su consulta “en relación a los documentos solicitados por la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política” que había reclamado la oposición.
Tras esto, desde el PSM insisten en que, una vez conocida la decisión judicial de que sí se podían entregar los documentos, por qué el Consejero de Presidencia Ángel Garrido afirmó ante los medios “que los documentos que no se habían entregado “tenían previamente la necesidad de una autorización judicial”, además de que “no se percató en 5 meses” de la respuesta del juez Fernando Andreu ante esta duda.
Petición de comparecencia
El resgistro de estas preguntas llega poco después de que también el PSM pidiese la comparecencia tanto en Pleno como en la Comisión de la Corrupción de Cristina Cifuentes y con consejero Garrido, además de otros tantos altos funcionarios de la Comunidad y que tuvieron parte en el bochornoso retraso en la entrega de estos documentos para la oposición.
Durante el Pleno de este jueves, el portavoz del SPM, Ángel Gabilondo, ha señalado que la confianza en el Gobierno de Cifuentes está "seriamente afectada" tras abandonar el PP la comisión de investigación sobre corrupción y lo sucedido con las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la Operación Lezo.
Por esto, ha pedido que, ya que la presidenta está muy por la labor de regenerar la vida política en la región, debería empezar por impulsar los proyectos de ley que ya se encuentran en la Cámara madrileña, entre los que se incluyen “la ley de transparencia, de acceso a la información, medidas de regeneración, el Reglamento, la protección dos funcionarios denunciantes de corrupción, la de publicidad institucional y la del Estatuto”.
ÁG:“Regenerar tiene una segunda acepción: hacer que alguien abandone una conducta reprobable. Y aquí no vemos cambio de actitud. Ni la demora en la entrega de documentos importantes pedidos en Comisión ni el abandono de espacios parlamentarios nos permite verlo de otro modo”
— #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 18 de enero de 2018
Documentos a medias
La primera remesa de estos documentos llegó el mismo lunes, en total 36 documentos, aunque la mitad de ellos, en realidad no estaban. La Comunidad de Madrid lo que responde es que tienen que solicitar dicha información a sus filiales en Latinoamérica –Inassa fundamentalmente- en 17 casos. En otro más, argumenta que la información solicitada afecta a una empresa privada con la que tiene cláusula de confidencialidad y tienen que pedir autorización a la misma.
Este miércoles han llegado más documentos que a la oposición todavía no ha dado tiempo a examinar, pero, según ha podido saber El Plural, presentan el mismo problema.
