La Diputación de A Coruña estudia denunciar a la Fundación Francisco Franco por un delito de odio tras un comunicado en el que negaba que el dictador ordenara “fusilamientos”. Algunos juristas defienden que la entidad puede ser ilegalizada.   

La Diputación planteará en la próxima reunión de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás la posibilidad de denunciar a la Fundación Francisco Franco por un presunto delito de odio. La vicepresidenta, Goretti Sanmartín, explicó ayer que antes de tomar una decisión hay que analizar el margen legal que existe en el Código Penal, según adelanta La Opinión de A Coruña.

Comisión por la Memoria pide que se denuncie
La Diputación valora el asunto tras la petición de la Comisión por la Memoria de llevar a la fundación a los juzgados por afirmar que Franco no fusiló a nadie ni dictó condenas de muerte porque las condenas las dictaba la justicia.  El comunicado de la fundación provocó la indignación de varias instituciones, como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH), que reclama la devolución del Pazo de Meirás, y que pide a la Xunta que presente una denuncia contra la fundación por un delito de odio.

"Hay fórmulas para ilegalizarla"
Varios juristas, consultados por La Voz de Galicia, defienden que eso es posible. La abogada penalista Beatriz Núñez cree que “existen fórmulas para ilegalizar la fundación”.

Esta jurista cita el artículo 607 del Código Penal, que condena la difusión de ideas o doctrinas que justifiquen delitos de genocidio, y el 510, que condena conductas que nieguen, trivialicen o enaltezcan los delitos de genocidio.

La abogada Beatriz Núñez apuesta por un “cambio legislativo y jurisprudencial que esclarezca la norma penal como sucede en otros países”, y por dejar claro que la apología del fascismo “es un delito, algo que ahora mismo no está penado en España, a diferencia de lo que sucede en Alemania o Italia”. 

¿Libertad de expresión?
Fernando Vázquez Portomeñe, director del Instituto de Criminoloxía de la Universidade de Santiago, dice estar convencido de que existen grietas que permiten ilegalizar la fundación. La clave está en la interpretación de lo que es apología del fascismo.

Vázquez Portomeñe advierte, sin embargo, que una denuncia contra la fundación por este motivo “puede ser interpretado como un atentado contra la libertad de expresión”, por lo que habría que “forzar la reacción de la Fiscalía para que investigase el asunto”.

Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidade de Santiago, dice que sería posible si los postulados que defiende la fundación se interpretaran como un caso claro de “apología de la violencia o defensa de la propia figura de Franco”.

Los expertos aseguran que depende únicamente de la interpretación que se haga de la ley. 

El Pazo de Meirás
Sobre el Pazo de Meirás, Roberto Blanco explica que “estamos hablando de una propiedad privada. Por tanto, se descarta la gestión pública”. Sin embargo, añade que “otra cosa sería si se planteara una expropiación”.

En opinión de Beatriz Núñez, la Xunta podría “implicarse más, sobre todo a nivel político” y buscar “mediar” entre el Concello de Sada y la familia Franco, propietaria del pazo.