Desde que Podemos y Ciudadanos dinamitaron la dinámica del bipartidismo en España, los partidos políticos tienen el modo campaña electoral activo por defecto. Las formaciones aún están asentándose en el tablero y delimitando sus cercos de votantes. Los flujos de votos aún se están asentando y las disputas por robarle al vecino son asiduas. El año que viene, 2019, se celebrarán las autonómicas y municipales y los partidos ya dibujan las líneas maestras de sus estrategias. Los morados ya se han puesto en marcha y en abril celebrarán un evento en Madrid para presentar su precampaña. Sin embargo, la calle se ha adelantado a todos los partidos y ya marca el ritmo hacia las citas electorales del próximo curso.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pidió una “primavera de movilizaciones” para “echar a los corruptos y sinvergüenzas del Gobierno”. Y los barrios respondieron. Los pensionistas están en pie de guerra contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Los jubilados se han lanzado a la calle por la “subida de mierda” de las pensiones en lo que ya se ha calificado como su 15M particular. Y su adversario a derrotar es muy concreto: el Partido Popular. El detonante ha sido una escueta subida de las pensiones del 0,25% que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo superior a un punto porcentual y el recorte de hasta 350 euros al mes. El PP tiene un problema serio, no solo porque este colectivo haya tomado las calles, rodeado el Congreso de los Diputados y copado las plazas de numerosos puntos de la geografía española; sino que, además, los populares sufrirán consecuencias electorales muy serias si no se reconcilia con los pensionistas, puesto que son su principal nicho de votantes.

Los pensionistas y su particular 15M

El 15M de los pensionistas está marcando la agenda política. Las concentraciones se suceden: en Bilbao ya suman 10 lunes consecutivos, en Lugo más de lo mismo y el pasado sábado los pensionistas coparon las principales plazas de diferentes puntos de la geografía española. Podemos y PSOE son claros: las pensiones deben subir correlativamente al IPC.

Tanto Pablo Iglesias como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apuestan por un impuesto a la banca para sostener el sistema de pensiones y que las subidas no sean porcentuales (0,25% en este caso), sino que se incrementan con el coste de la vida.

Por su parte, Mariano Rajoy, que en un principio se enrocó en el “no podemos gastar lo que no tenemos”, ante el fuelle de los pensionistas ha cedido terreno. Baraja incentivos fiscales vía IRPF y una subida de las pensiones mínimas. Eso sí, supeditado a los Presupuestos, por lo que necesitará a Ciudadanos.

Pero los jubilados no están dispuestos a conformarse con esa zanahoria. Varios asistentes a las concentraciones aseguran que seguirán movilizándose hasta que Rajoy les devuelva el poder adquisitivo. Llueve o truene. Y es que, en paralelo, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha preparado un plan de inversión de más de 10.000 millones para comprar nuevo armamento -y aún se deben 20.000 millones de la fase anterior-. El Gobierno asegura que de donde no hay no se puede sacar, pero la oposición en tromba le reprocha el aumento en gasto armamentístico (siguiendo las pautas de Donald Trump) porque subir las pensiones mínimas costaría en torno a 3.000 millones, tres veces menos que las nuevas armas de Cospedal.

La ministra justifica que la seguridad es necesaria y para combatir, por ejemplo, el terrorismo yihadista, se requiere de armamento e inversión para estar preparados. La ministra aseguró que quienes piden aumentar las pensiones en detrimento de Defensa hacen “demagogia” porque se necesita protección y “no nace el dinero de los árboles”.

Un auténtico quilombo que puede dar más de un dolor de cabeza al presidente del Gobierno si no se reconcilia con los pensionistas.

Feminismo que tiñe y destiñe

Los pensionistas no son el único colectivo que reclama presencia y dignidad. El 8M el feminismo desbordó España. El mundo se paró con motivo del Día Internacional de la Mujer. En España se sucedieron 300 concentraciones en 120 ciudades. La sociedad brindó al movimiento feminista un apoyo masivo -a excepción de PP y Ciudadanos,  aunque ambos se vieron obligados a virar de postura por el calibre que adquirió la movilización-.

En las semanas previas al 8 de marzo, la formación popular distribuyó entre sus dirigentes un argumentario con los motivos para no secundar la huelga. En él, se esgrimía que se trataba de una movilización que fomentaba “el enfrentamiento entre hombres y mujeres” y la igualdad ha de conseguirse desde la unidad, que se trataba de un gesto “elitista e insolidario” porque solo pueden apoyarlas aquellas personas con empleo y que apostaba por romper “nuestro modelo de sociedad occidental”. Pero algunos dirigentes dejaron de lado el argumentario y alegaron razones mucho más simples (y torticeras): “No podemos apoyar una manifestación convocada por Pablo Iglesias. Es la manifestación de Podemos y lo sabe todo el mundo", dijo el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto. No obstante, Rajoy, finalmente, se puso el lazo morado.

Por su parte, los naranjas, en un primer momento criticaron con dureza la movilización porque, en palabras de Inés Arrimadas, “dentro de esas reivindicaciones van contra el sistema capitalista”. Pasaban las horas, los días, y el movimiento adquirió fuerza. El respaldo de la sociedad fue absolutamente masivo, lo que llevó a Rivera a virar: no apoyaron la huelga pero sí se pusieron el lazo morado y una delegación naranja, formada por Begoña Villacís y Patricia Reyes, participó en la concentración que partió desde Atocha hasta Plaza de España (Madrid). El naranja se tiñó de morado, aunque sin mucho éxito porque se les vio el plumero.

Pensionistas, el movimiento feminista, las movilizaciones por la muerte de un mantero en Lavapiés… La calle ha retomado una actividad que parecía haber perdido. En el Partido Popular preocupa y sus dirigentes vaticinan que la temperatura no bajará hasta 2019. Podemos se encuentra de lo más cómodo, ya que, en un ejercicio por regresar a sus orígenes más puros tras el desgaste provocado por el debate territorial en Cataluña, los morados abogan por agitar las calles -como antaño-. Ciudadanos, empujado por las encuestas, se encuentra en plena batalla con los populares por su espacio electoral y, en función de lo nuevo que haya en la calle, se moverán. Así, han cambiado de parecer en varias ocasiones con respecto, por ejemplo, a la prisión permanente revisable  y al 8M. Y entretanto, Pedro Sánchez recorre asambleas socialistas locales cada fin de semana sin mojarse en exceso más allá de recriminar a Rajoy su gestión.

Las elecciones de 2019 están a la vuelta de la esquina, pero en esta ocasión, la calle se ha adelantado a los partidos, que maniobran a marchas forzadas mientras forjan sus estrategias. Pero hay cosas que no cambian: una vez más, el denominador común será la corrupción del PP, que cada día trae un capítulo nuevo.