Muchos ciudadanos que veían plácidamente el telediario del mediodía el pasado 22 de febrero se dieron de bruces con una imagen insólita: un grupo de airados pensionistas rompían el cordón policial que protegía el Congreso de los Diputados de la multitudinaria manifestación que ese día tenía lugar en la capital de España para protestar contra el escuálido incremento de las pensiones. En ese mismo telediario pudo verse a jubilados rasgando enérgicamente ante las cámaras la carta que habían recibido de la ministra Fátima Báñez anunciándoles una mejora del 0,25 por ciento de su pensión.

Los policías que custodiaban el Congreso debieron ser los primeros sorprendidos. No podían cargar contra unos manifestantes que podrían haber sido no ya sus padres sino sus abuelos. Pero la imagen también debió de coger por sorpresa al propio Gobierno del Partido Popular por muchos motivos: el desahogo de los manifestantes ante las cámaras, la furia latente en sus declaraciones, la indignación con que exhibían sus pancartas, el humor desprejuiciado de algunas consignas…

Un aire de familia

Este 22F de 2018 tenía un aire de familia con aquel 15M de 2011 en que una manifestación de protesta en Madrid, formada sobre todo por gente joven, desembocó en una multitudinaria acampada de la Puerta del Sol y en un interminable goteo posterior de concentraciones de indignados en decenas de plazas de pueblos y ciudades de todo el país. Había nacido el 15M, cuya primera materialización política no llegaría hasta tres años después, cuando en las elecciones europeas irrumpía sorpresivamente Podemos como cuarta fuerza política. 

¿Tendrá algún tipo de traducción política o electoral este ‘15M de los abuelos’? ¿Se convertirá el movimiento en una marea capaz de llegar a las puertas de la Moncloa? Es pronto para saberlo, pero el músculo que los pensionistas están exhibiendo en una ciudad no precisamente deprimida ni con las pensiones más bajas como Bilbao ­–donde el día 22 hubo 35.000 manifestantes– parece augurar que la nueva manifestación convocada para el próximo 1 de marzo puede ser lo bastante masiva como para inquietar verdaderamente al Gobierno.

El perfil de los indignados de Bilbao otra similitud con el Movimiento 15M, donde había una fuerte de presencia de universitarios sin futuro, hijos de la clase media cuya aspiración a un trabajo estable y dignamente pagado había sido literalmente devastada por la crisis.

El PSOE se suma

El PSOE, por boca de su secretario de Economía Manuel Escudero, ya ha anunciado que se sumará a la manifestación del día 1 y que además llevará al Congreso una propuesta de ley para derogar la reforma del Gobierno que limita la subida de las pensiones al 0,25%. Las pensiones han sido, de hecho, el primer asunto que Pedro Sánchez ha debatido con militantes y simpatizantes socialistas en el nuevo formato de asambleas abiertas en distintas ciudades.

Revalorizarlas según el IPC costaría entre 1.600 y 1.800 millones de euros, calcula Ferraz, que propone sufragar la actualización con un impuesto que grave los beneficios de la banca, además de otras medidas.

Movimiento transversal

Otro rasgo que conecta a los indignados de las pensiones con los indignados de la precariedad es el carácter transversal del movimiento, que no ha estado encabezado por ningún partido.

Los primeros que encendieron la antorcha fueron las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO en 2017 con una serie de marchas que habrían de confluir en la gran manifestación del 9 de octubre en Madrid. El objetivo de las movilizaciones es precisamente derogar la reforma que impuso el Gobierno del PP en 2013, y en particular la fórmula de revalorización de las pensiones y el denominado factor de sostenibilidad.

Lo novedoso del movimiento es también el vigor que demuestra y la capacidad de movilización que sigue teniendo seis meses después. La debilidad estructural de los sindicatos de clase en estos tiempos no parece haber lastrado la fortaleza del movimiento.

Una ofensa personal

Los esfuerzos del Gobierno para convencer a los nuevos indignados de que las pensiones no han perdido poder adquisitivo no han convencido a los jubilados, muchos de los cuales parecen interpretar como una ofensa personal esa subida del 0,25 por ciento con la que el Ejecutivo creía salvar los muebles y quedar a salvo de los reproches que tuvo que soportar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por congelar las pensiones.

El PP es consciente de que el grueso de su electorado está entre los mayores de 55 pero sobre todo de 65 años, pero incluso en esa franja de votantes la intención de voto ha pasado en pocos meses del 35 al 28 por ciento.

No lo entienden

Al Gobierno de Zapatero le costó entender el significado y el alcance del movimiento 15M. En todo caso, si llegó a comprenderlo fue cuando ya era demasiado tarde. También al gobierno de Rajoy le está costando entender a los pensionistas. En Moncloa y en Génova están convencidos de que los jubilados han sido el sector de población menos castigado por la crisis. De hecho, no cesan de exhibir estadísticas que lo demostrarían. Pero esos mensajes no calman las iras ni vacían las calles. Como no las calmaron ni las vaciaron en 2011 y 2012.