"Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal". Con esta frase se pronunciaba el Supremo ante las deportaciones de migrantes irregulares que están siendo encarcelados en El Salvador.
Así, el Tribunal Supremo anunciaba este sábado la suspensión de las expulsiones que hasta ahora se habían ejecutado bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El dictamen del Tribunal no ha sido compartido por todo el mundo, pues algunos magistrados conservadores como Clarence Thomas y Samuel Alito tienen una opinión contraria.
La suspensión de las expulsiones que se estaban llevando a cabo bajo una Ley del siglo XVIII afecta particularmente a los detenidos que se encuentran en estos momentos en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas. Estas personas se encuentran en el centro tras haber sido acusadas de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Esta ley ha sido utilizada bajo la administración del republicano para deportar a inmigrantes ilegales que supuestamente pertenecen a esta organización criminal, declarada entidad terrorista. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado en tres ocasiones, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial.
Por el momento y hasta que un tribunal inferior se pronuncie al respecto, las deportaciones quedan suspendidas. "Una vez que el Quinto Circuito se pronuncie, se invita a la fiscal general a presentar una respuesta a la solicitud ante este Tribunal lo antes posible. Se ordena al Gobierno que no expulse de los Estados Unidos a ningún miembro del grupo putativo de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal”, dice la orden del Supremo.
Los acusados de pertenecer a bandas armadas están siendo enviados a la cárcel de El Salvador. Estas deportaciones se han llevado a cabo sin pasar por un procedimiento judicial ni ofrecer garantías a los detenidos. Esta Ley bajo la que se ampara el gobierno de Trump ha permitido expulsar a inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. El caso de Kilmar Abrego García ha sido uno de los más sonados tras ser deportado por error al Salvador. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido que la deportación se produjo como consecuencia de un error administrativo. La propia jueza del Supremo Sonia Sotomayor ha acusado al Gobierno de no haber citado ninguna base por lo que ha catalogado el arresto como un "arresto sin orden judicial".
Los abogados del acusado confirman que García nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, y niegan la acusación del Departamento de Justicia de que pertenezca a la bansa criminal MS-13.
Una decisión reciente, permitió a Trump seguir utilizando la ley. La decisión llegó tras el voto dividido del Tribunal que finalmente permitió a Trump seguir con las deportaciones pero dando esta vez la oportunidad de impugnar a los inmigrantes su deportación antes de ser expulsados del país.
Las cuatro juezas del Supremo, en su voto particular, argumentaban que la Ley de Enemigos Extranjeros solo otorga al presidente el poder de detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de una "nación o gobierno hostil" cuando "hay una guerra declarada" con dicho país o cuando una "nación extranjera" amenaza con una "invasión o incursión depredadora" contra el territorio de Estados Unidos.
Las magistradas advertían de la deriva autoritaria que supone la aplicación de una ley sin garantías puesto que no existe una guerra en curso entre Estados Unidos y Venezuela y el Tren de Aragua tampoco es una "nación extranjera".
