Este martes ha entrado en vigor el primer reglamento a nivel europeo para regular los medios de comunicación. En concreto, se trata de la Ley de Libertad de Medios de Comunicación de la Unión Europea, que busca garantizar la pluralidad y blindar la información de las posibles injerencias políticas en pro de libertad periodística. Eso sí, también impone una serie de obligaciones a las empresas en materia de transparencia, como declarar su propiedad, dar a conocer la publicidad institucional que recibe y proteger más a los periodistas. Su puesta en marcha será gradual y hasta el próximo otoño no entrarán en vigor las disposiciones que se refieren al derecho a la pluralidad. Todo mientras España estudia una legislación antibulos.
Ley de Libertad de Medios en la UE
"Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Esto es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia. Esa transparencia es asimismo un instrumento eficaz para desincentivar y por consiguiente limitar el riesgo de injerencia con la independencia editorial", señala el reglamento en su exposición de motivos. Y es que los medios tendrán que hacer pública la información sobre sus dueños.
En concreto, las compañías estarán obligadas a publicar "el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública". La motivación de la Unión Europea es garantizar que los consumidores de estos contenidos sean conscientes de los intereses que pueden estar detrás de la información que reciben. Así lo recoge la Ley de Libertad de Medios de Comunicación, que ha entrado en vigor este martes aunque esta obligación no se aplicará hasta agosto de 2025.
La publicidad y la propiedad
Lo mismo ocurre con la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios que recoge esta normativa, la primera que radica en regular la actividad periodística. Y es que a la UE le preocupa que los fondos públicos se otorguen de forma "discriminatoria" y que usen por parte de los gobiernos para comprar voluntades. Así queda reflejado en el propio texto, que alerta de que ese montante puede "hacer vulnerables a los prestadores de servicios de medios de comunicación y a los prestadores de plataformas online ante la influencia pública indebida o los intereses de parte en perjuicio de la libertad de prestar servicios y de los derechos fundamentales".
Hoy entra en vigor la Ley 🇪🇺 de Libertad de Medios de Comunicación, para proteger la independencia y el pluralismo de los medios.
— Comisión Europea (@ComisionEuropea) May 7, 2024
Esta nueva legislación proporciona salvaguardas contra la interferencia política en las decisiones editoriales y contra la vigilancia a periodistas.
"La asignación opaca y sesgada de dichos fondos es, por tanto, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, de captación de los prestadores de servicios de medios de comunicación o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable", señalan en el escrito. Cabe destacar que en nuestro país han sido muchos los intentos para ocultar esta información por parte de las empresas, pero la justicia ha dado la razón a los denunciantes. Actualmente son pocas las instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid o la Generalitat de Cataluña, los que dan a conocer estas partidas.
Así, el reglamento europeo radica en unos principios en la asignación de los fondos públicos para publicidad institucional, que son "criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano por medios electrónicos y fáciles de usar, mediante procedimientos abiertos, proporcionados y no discriminatorios". También establece garantías para reforzar la independencia de los medios públicos frente al poder político. "El responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional", señala el documento.
No se tocan los contenidos
Lo que no intenta regular como tal esta ley es el contenido que publican los medios. Eso sí, la UE ha comenzado a luchar contra la desinformación -con bulos o noticias falsas- con la puesta en marcha de la Ley de Servicios Digitales. Con todo, su aplicación afecta fundamentalmente a las grandes plataformas, como Google, Meta, TikTok o X, antes conocido como Twitter, y de hecho, ya hay sanciones multimillonarias. Aunque el objetivo es garantizar la pluralidad y la protección de los periodistas, el principal escollo en las negociaciones ha sido la lucha contra el espionaje a los informadores, especialmente ante el intento de algunos países, como Francia, de incluir una cláusula que abría la puerta a espiar a profesionales bajo el paraguas de la seguridad nacional.
Este texto ha sido muy celebrado por el Gobierno. "Es un reglamento pionero que garantiza el acceso a una información libre y plural, la independencia editorial, y protege el trabajo de los periodistas y a sus fuentes, en un momento en que es fundamental proteger esto en Europa", ha señalado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "Por primera vez, la UE tiene una ley para proteger la libertad de prensa. La UE reconoce que los periodistas desempeñan un papel esencial para la democracia y deben ser protegidos", ha dicho por su parte la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho y Justicia, Vera Jourova, quien además ha instado a los gobiernos nacionales a dar los pasos necesarios para que las nuevas reglas se apliquen en su legislación "lo antes posible".
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