Los salvadoreños celebran este domingo elecciones presidenciales y legislativas en una cita que se antoja un mero trámite para Nayib Bukele, a quien no parece que le pasará factura el hecho de haberse servido de una judicatura que controla para poder reinterpretar la Constitución y presentarse a la reelección.

Bukele tiene todas las papeletas para ser elegido en primera vuelta. Según los últimos sondeos, el presidente contaría con un 80 por ciento de los votos, muy por encima del 50,01 necesario para evitar una segunda ronda. Sus cinco oponentes por sí solos ni siquiera alcanzarían juntos el 15 por ciento.

La polarizante figura de Bukele en la escena política

En el panorama político centroamericano, el nombre de Nayib Bukele se ha consolidado como una figura polémica y de gran relevancia. Desde su ascenso al poder en El Salvador en 2019, ha encabezado un gobierno caracterizado por un enfoque firme en la lucha contra la delincuencia y los grupos maras, aunque este enfoque no ha estado exento de críticas y controversias por los métodos empleados.

Una de las piedras angulares de la presidencia de Nayib Bukele ha sido su abordaje combativo contra la delincuencia y la violencia en El Salvador. Desde su llegada al poder, ha implementado estrategias que buscan debilitar a las pandillas y grupos maras que han causado estragos en el país durante décadas. Para ser más precisos, el presidente salvadoreño ha adoptado un enfoque frontal para combatir esta problemática, implementando medidas como el uso conjunto de fuerzas de seguridad y militares en áreas de alta criminalidad. Ha promovido operativos para desmantelar estructuras criminales y ha buscado reducir la influencia de las maras en las comunidades. Unos esfuerzos que han contribuido a una disminución exponencial de los índices de homicidios del país, aunque la eficacia y los métodos empleados han sido -y siguen siéndolo- objeto de mucha controversia.

El ascenso de las maras y la irrupción de Bukele

Pero, vayamos por partes. Para comprender el contexto en el que surge la figura de Nayib Bukele y su lucha contra las maras, es crucial analizar el fenómeno de las pandillas en El Salvador. Tal y como se detalla minuciosamente en ‘Las maras y la guerra de Buekele’, un episodio del podcast de El Orden Mundial -uno de los grandes medios de referencia para todos los asuntos geopolíticos-, las maras, grupos criminales conocidos por su violencia y control territorial, tienen sus raíces en la década de 1980, cuando jóvenes salvadoreños que habían emigrado a Los Ángeles se unieron en grupos para protegerse en entornos hostiles. A su regreso a El Salvador tras la Guerra Civil, llevó consigo una cultura de violencia y delincuencia que pronto se arraigó en el país.

Las maras, como la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18, se fortalecieron en una presencia dominante en las comunidades marginadas de El Salvador. A medida que crecieron en número y poder, favorecidas también por un contexto de pobreza, comenzaron a involucrarse en una variedad de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el secuestro. Su influencia se endureció en las calles y en las prisiones, y su violencia indiscriminada generó un clima de temor y desesperación en muchas partes del país.

Así, con los distintos gobiernos de El Salvador siendo incapaces de hacer frente a esta violencia desenfrenada, surge la figura de Bukele. Y es que, uno de los logros más notables de su administración (por no decir el que más) ha sido la reducción impresionante en los índices de homicidios. En un país que había sido testigo de un promedio de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015, la tasa se desplomó a solo 2 por cada 100.000 habitantes en el año 2022. Una impactante reducción que no solo se refleja en las cifras, sino también en la percepción de seguridad y en la cotidianidad de la vida de los salvadoreños. Esto ha transformado al país, antes considerado uno de los más letales de América, en uno de los más pacíficos.

Críticas y controversias

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la estrategia de Bukele, edificada sobre un estado de excepción que sigue vigente tras más de un año y medio, ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores. Se ha cuestionado la presunta militarización de la seguridad pública, así como el nulo respeto a los derechos humanos en el proceso. Organizaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch han expresado preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, lo que ha generado tensiones entre el gobierno y la sociedad civil.

En concreto, el sistema de justicia ha sido objeto de críticas por su falta de independencia y la imposición de jueces afines al gobierno. Las detenciones arbitrarias y la aplicación de leyes que permiten imputar el delito de "asociación delictuosa", unido a los juicios masivos, las megacárceles o el constante abuso policial han generado temores y sospechas tanto dentro como fuera del país.

La paradoja central del enfoque de Bukele es la tensión entre la seguridad deseada por la población y la que tenían de las libertades democráticas. A medida que el presidente consolidó su control sobre el poder ejecutivo y enfrentó críticas por la concentración de poder, la comunidad internacional observó con creciente preocupación los signos de un deterioro en el sistema de contrapesos y balances, y la debilitación de las instituciones independientes.

La persecución a 'El Faro'

Asimismo, otro de los sellos de identidad del mandato de Bukele ha sido la persecución gubernamental a la que ha sometido a cualquier voz crítica. En este contexto, es una obligación ética recordar el caso del periódico independiente El Faro, que tras un intenso acoso por parte del gobierno salvadoreño - incluyendo espionaje, campañas de difamación y ataques a la libertad de prensa- a mediados de abril de este año anunciaba su traslado parcial a Costa Rica.

 

“Nuestra redacción seguirá en San Salvador y seguiremos haciendo periodismo en El Salvador. Pero nuestra operación administrativa y legal ya no. Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”, escribía el medio en un duro editorial. “El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, añadían.

"Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero […] La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas”, sentenciaba el mencionado editorial.

Un líder distinto en un contexto cambiante

Por otra parte, en un momento en el que el continente americano está experimentando un giro notable hacia la izquierda -especialmente en lo que respecta a Latinoamérica (Colombia, Chile o Brasil son los últimos ejemplos)- Bukele ha emergido como un líder que desafía la tendencia. A pesar de las controversias y críticas, Bukele ha mantenido altos niveles de popularidad en su país -la firma CID Gallup le atribuye una aprobación de cerca del 90%- y ha logrado una imagen de liderazgo fuerte y carismático.

 

Además, el enfoque de Bukele ha resonado más allá de las fronteras de El Salvador. Políticos en otros países latinoamericanos como Colombia, Chile o Ecuador han expresado admiración por su estrategia de seguridad y mano dura contra la delincuencia, incluso cuando surge la preocupación por el impacto en las garantías democráticas y los derechos humanos. En un contexto regional donde varios países enfrentan desafíos similares en términos de delincuencia y violencia, el modelo de Bukele plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles.

Asimismo, la ambición de Bukele de buscar la reelección en 2024 ha añadido otra capa de complejidad. La posibilidad de una reelección consecutiva, prohibida por la Constitución, ha desatado debates sobre la salud de la democracia y el respeto a las normas fundamentales. La polarización en torno a esta cuestión refleja las divisiones profundas en la sociedad salvadoreña.

La polémica apuesta por las criptomonedas

Nayib Bukele también ha atraído la atención internacional por su postura innovadora en relación con las criptomonedas. Hace casi dos años, en septiembre de 2021, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. Bajo la presidencia de Bukele, la nación centroamericana lanzó la Chivo Wallet, una billetera digital propia, y acumuló bitcoins como reserva de valor y para brindar bonos a sus ciudadanos. Sin embargo, esta apuesta por las criptomonedas ha enfrentado desafíos y críticas, mientras el país sigue lidiando con las consecuencias de su decisión.

La iniciativa tenía múltiples objetivos, desde reducir la dependencia del dólar hasta abordar la falta de acceso bancario en la población y promover la innovación tecnológica. Además, se buscaba facilitar las remesas, que representan una parte sustancial del PIB del país. Aunque la medida atrajo a millones de usuarios y entusiasmo inicial, la volatilidad de Bitcoin y la incertidumbre que rodea su valor han planteado cuestionamientos sobre la eficacia a largo plazo de esta estrategia.

El gobierno de Bukele tomó medidas para respaldar su decisión, adquiriendo Bitcoins en diferentes momentos y proporcionando proyectos de infraestructura relacionados con la criptomoneda. No obstante, la falta de transparencia en la gestión de los fondos y la opacidad en las operaciones de los gobiernos han alimentado dudas y desconfianza entre la población. A pesar de los intentos por promover el uso de Bitcoin, las encuestas revelan que una gran parte de los salvadoreños no respalda la estrategia y considera que su situación económica no ha mejorado significativamente.

Aunque el país se recupera económicamente tras la pandemia, con un crecimiento del PIB en niveles de prepandemia, persisten las inquietudes en torno a la exposición del gobierno al Bitcoin y la necesidad de una mayor transparencia en las transacciones. Las preocupaciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al aumento del uso de Bitcoin como divisa legal y la necesidad de abordar los riesgos asociados subrayan la complejidad y los desafíos que enfrenta El Salvador en su búsqueda por adoptar las criptomonedas en su sistema económico.

Un futuro incierto

En conclusión, el legado de Nayib Bukele es un mosaico de éxitos y controversias. La disminución drástica de los homicidios ha dado a la población un respiro bienvenido, pero la pregunta persistente es si este logro justifica los posibles costos para las instituciones democráticas. En un mundo donde la seguridad y la libertad a menudo se ven como fuerzas opuestas, el caso de Bukele ofrece una narrativa compleja que plantea dilemas éticos y políticos profundos.

Así, a medida que avanza su mandato, la figura de Nayib Bukele seguirá siendo objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, ya que sus decisiones y políticas seguirán impactando no solo a El Salvador, sino también a la región en su conjunto.