El cofundador de Wikileaks, Julian Assange, tiene potestad para seguir apelando ante la justicia británica contra le extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaría a 18 cargos por el acceso a información secreta y su posterior publicación hace más de diez años. Así lo ha dictaminado un tribunal británico, que, si no hay ningún acuerdo antes, se establecerá el inicio de un nuevo proceso para el próximo mes de mayo. Una decisión que se enmarca tras el clamor en defensa de la libertad de prensa y en favor de un Assange que lleva más de cinco años encerrado en una prisión de máxima seguridad a las afueras de Londres.

Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, permitirán a Julian Assange que pueda recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos. La causa contra el cofundador de Wikileaks se prolongará unas semanas más, aunque su entrega quedará paralizada a la espera de un nuevo proceso. Los jueces estiman que tiene base jurídica sólida para recurrir su extradición en tres puntos determinados.

Según el veredicto, el Gobierno de Estados Unidos ha de preservar y garantizar la libertad de expresión contemplada en la primera enmienda de su Constitución. Por otro lado, estiman que el australiano no recibirá un juicio injusto, sino que el proceso debe contar con todas las garantías, al no tener la nacionalidad estadounidense y, por último, no debe imponerse la pena de muerte. Así, el tribunal ha admitido los nueve argumentos trasladados por la defensa del cofundador de Wikileaks en las vistas del pasado mes de febrero para frenar su extradición.

Clamor popular

Los jueces han concedido tres semanas a los letrados que representan al Gobierno estadounidense para ofrecer las garantías requeridas. De no hacerlo, el cofundador de Wikileaks podrá seguir con su recurso contra la extradición.

Durante semanas, miles de activistas, gobiernos e instituciones expresaron su apoyo al australiano, reclamando su puesta en libertad hasta que los tribunales les han escuchado. Aún siguen denunciando la injusticia que dicen que supone mantenerlo en prisión. De hecho, este mismo martes, decenas de estos manifestantes se concentraron ante las puertas del tribunal.

La solicitud de extradición de Assange se adoptó en 2022 por la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel, toda vez que el Tribunal Supremo validara las garantías que puso Washington sobre la seguridad del preso y las medidas que se llevarían a cabo para impedir un posible suicidio del preso.

El Gobierno de Estados Unidos acusa al australiano de unos 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. Asssange se enfrentaría potencialmente a 175 años de prisión por filtrar más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado en el año 2010. Su causa trascendió a todos los rincones del globo como un caso en defensa de la libertad de prensa, hasta el punto de ejercer una gran presión en su campaña de liberación orientada hacia los gobiernos, que no hacia los jueces. Las administraciones tanto de Estados Unidos como de Reino Unido son los únicos actores capaces de frenar lo que muchos catalogan como una persecución.

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