El primer ministro de Francia, Michel Barnier, ha afrontado este miércoles las últimas horas al frente del Gobierno tras las dos mociones de censura presentadas por la izquierda y la ultraderecha contra su Ejecutivo. Al prosperar esta iniciativa en la Asamblea Nacional francesa, su mandato se convierte en el más corto de la historia de la V República Francesa.

Barnier gobernaba hasta ahora en minoría y, ante la dificultad para aprobar los presupuestos, el lunes recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que contempla la posibilidad de aprobar leyes esquivando la votación parlamentaria a cambio de tener que someterse a una moción de censura. Pero este miércoles, los 182 diputados en la Cámara Baja francesa del Nuevo Frente Popular sumados a los 143 de los de Marine Le Pen han sido suficientes para desbancar al veterano político, que fue elevado por Macron a la Jefatura de Gobierno ya en un contexto político complicado.

El primer ministro y los suyos han intentado hasta el último minuto del debate que se ha extendido a lo largo de esta tarde remover la conciencia de los que han optado por tumbar su Gobierno. Pero nada más empezar su oración Éric Coquerel, que ha presentado la moción del Nuevo Frente Popular, ya lo dejaba claro y liquidaba cualquier tipo de esperanza a Barnier: “Señor primer ministro, hoy hacemos historia. Usted, porque será el único primer ministro censurado desde Georges Pompidou en 1962; yo, porque tengo el honor de presentar esta moción de censura”.

“La maldición que le transmitió el verdadero responsable de esta situación, Emmanuel Macron: su ilegitimidad (…) Su fracaso estaba anunciado. Solo intentó compromisos con la extrema derecha, ese Reagrupamiento Nacional que ha privilegiado violando el cordón sanitario republicano que se expresó mayoritariamente en julio”, ha señalado.

Por su parte, Marine Le Pen, presentando la moción de Agrupación Nacional, ha recriminado a Barnier su “sectarismo” y “dogmatismo”, dentro de un encendido discurso en el que ha asegurado que el Gobierno y el presidente, Emmanuel Macron, han elaborado unas cuentas públicas que castigan a la clase media y trabajadora: “El presupuesto que rechazamos hoy no solo incumple las promesas (del primer ministro). No tiene dirección ni visión. Es un presupuesto tecnocrático que sigue cuesta abajo, con cuidado de no tocar el tótem de la inmigración descontrolada”.

De la misma forma, la ultraderechista ha detallado la razón de su decisión de tumbar al Gobierno: “Toma como rehenes a los franceses, y en particular, a los más vulnerables: los jubilados modestos, las personas enfermas, los trabajadores pobres, los franceses considerados demasiado ricos para recibir ayudas, pero no lo suficientemente pobres como para escapar del castigo fiscal”.

La moción ha prosperado gracias a un frente compartido entre la izquierda y la ultraderecha, algo que la propia Le Pen ha subrayado que no le produce especial “alegría” pero que, a su juicio, viene “obligado” por las “instituciones”. Ambas familias políticas juntas superan la mayoría absoluta necesaria para que la iniciativa salga adelante.

Ahora, Francia se sume en un terreno desconocido, no visto desde 1962, la última vez en que una moción de censura prosperó y logró derribar a un primer ministro, hasta este miércoles 4 de diciembre. El balón cae ahora en el tejado de Macron, quien deberá buscar una solución, ya que en Francia no se vota a un candidato alternativo, como sucede en otras democracias europeas, y no se podrán convocar nuevas elecciones legislativas hasta mediados de 2025.

Macron deberá iniciar una nueva ronda de contactos con los distintos partidos y buscar una salida a la crisis con una nueva figura política con la capacidad de aglutinar una mayoría más amplia que la de Barnier.

Polarización social y económica

La actual crisis en la política gala no se entiende sin analizar las tensiones sociales y económicas que atraviesa el país. El proyecto de presupuestos de la Seguridad Social impulsado por Michel Barnier ha generado un rechazo unánime no solo por sus implicaciones políticas, sino también por su impacto directo en un contexto de creciente desigualdad y descontento ciudadano.

Uno de los puntos más controvertidos del presupuesto era el recorte en el programa de reembolso de medicamentos, una medida que Barnier retiró en un intento por calmar los ánimos. Sin embargo, las concesiones llegaron tarde para una población que enfrenta una inflación persistente, un poder adquisitivo mermado y una sensación de abandono por parte de las élites políticas. Estas circunstancias han amplificado las demandas de sectores sociales vulnerables que exigen medidas más contundentes para aliviar su situación, como la indexación de las pensiones a la inflación, propuesta por Marine Le Pen pero ignorada en el proyecto original.

A nivel político, el rechazo al presupuesto no es solo técnico, sino un reflejo de un descontento más profundo con la gestión del macronismo. La percepción de que el Gobierno prioriza ajustes fiscales sobre la "urgencia social" mencionada por la ultraderecha y la izquierda ha estrechado el margen de maniobra de Barnier.

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