La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó una nueva estrategia para ampliar su plantilla en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A través de un programa de incentivos financiado con fondos procedentes de la ley ‘One Big Beautiful Bill Act’, la agencia ha comenzado a ofrecer primas de hasta 50.000 dólares a los nuevos agentes federales que se incorporen a sus filas. La medida no tardó en despertar reacciones, y una de las más entusiastas vino de un lugar inesperado. En Telegram, una cuenta vinculada a los Proud Boys de Toledo, Ohio, celebraba la noticia con un tono triunfalista: “¡Los Chicos de Toledo están de enhorabuena!”. La publicación generó inquietud, aunque no hay evidencia concreta de que miembros de ese grupo hayan solicitado un puesto en el ICE, ni mucho menos que hayan sido aceptados o cobrado la cuantiosa bonificación.

Ante la preocupación generada, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, aclaró a The Atlantic que “todos los aspirantes al ICE deben superar rigurosas pruebas de antecedentes y autorizaciones de seguridad sin excepción”. No obstante, el entusiasmo demostrado por este colectivo extremista, conocido por su historial de violencia e intimidación, arroja una sombra sobre la dirección en la que se encamina la actual administración. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, sus políticas migratorias han adquirido un tono más agresivo que nunca, centradas en una deportación masiva y una retórica abiertamente punitiva. En este contexto, no sorprende que organizaciones como los Proud Boys —reconocidamente hostiles hacia los inmigrantes y con un historial de enfrentamientos con activistas de izquierda— vean en este nuevo escenario una oportunidad para alinearse, de forma más o menos explícita, con el aparato del Estado.

Los indicios de que los Proud Boys iban a recobrar protagonismo en el segundo mandato de Trump estaban sobre la mesa desde el mismo instante en que volvió al poder. Una de sus primeras decisiones fue conceder el indulto a todos los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos cerca de un centenar de integrantes de grupos como los Proud Boys y los Oath Keepers. Muchos de ellos cumplían condenas severas por su participación en la insurrección. Cuando Trump firmó los indultos, catorce personas aún permanecían en prisión; todas estaban vinculadas a estas organizaciones ultraderechistas. La decisión encendió todas las alarmas. Un analista del Consejo de Relaciones Exteriores llegó a advertir que el gesto podía “resultar desastroso para la seguridad nacional”, al enviar el mensaje de que la violencia ligada al movimiento MAGA “es aceptable y legítima”. El propio Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, beneficiado por el indulto, declaró en el medio conspiracionista Infowars: “Me alegra que el presidente prefiera centrarse en los logros y no en la venganza. Pero yo no pienso jugar con esas reglas”.

Y sin embargo, medio año después, la actividad del grupo ha sido notablemente escasa. Según los datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una organización que monitoriza eventos de violencia política en todo el mundo, la presencia de los Proud Boys en las calles ha disminuido de forma considerable en lo que va de 2025. La figura de Tarrio ha reaparecido puntualmente, sobre todo como promotor de “ICERAID”, una plataforma digital que incentiva con criptomonedas la delación de inmigrantes indocumentados. Durante una de sus numerosas transmisiones en directo, Tarrio recordaba con nostalgia los tiempos en los que los Proud Boys eran omnipresentes: en 2020 participaron en protestas contra las medidas de confinamiento, se enfrentaron a manifestantes de Black Lives Matter e incluso fueron mencionados en un debate presidencial por el propio Trump. Por entonces, su presencia en Washington D.C. era tan habitual que hasta medios generalistas como Politico informaron sobre sus locales de reunión favoritos.

A día de hoy, algunas de sus secciones parecen haberse disuelto. Las agrupaciones locales de Filadelfia y Michigan han dejado de mantener sus canales de Telegram y sus webs han sido abandonadas o desactivadas. Pero eso no significa que el grupo haya desaparecido por completo. Los Proud Boys han estado presentes en acciones recientes como la protesta “Tesla Takedown” en Salem, Oregón; han marchado junto a colectivos antiabortistas en San Francisco y también se les ha visto enfrentarse a activistas frente al centro de detención ICE apodado “Alligator Alcatraz”. A pesar de este repunte puntual, otros colectivos extremistas han ocupado un espacio más visible en los últimos meses. Tras las inundaciones que azotaron Texas, el líder del Patriot Front aseguró que su grupo colaboró en las labores de rescate para proteger a los “pueblos europeos”. Esta organización, que ha protagonizado varias marchas desde que comenzó el nuevo mandato presidencial, sigue siendo minoritaria —se estima que cuenta con entre 200 y 300 miembros— frente a los miles que alguna vez se atribuyeron a los Proud Boys.

Desde enero, ACLED ha registrado un total de 108 manifestaciones organizadas por grupos extremistas en todo el territorio estadounidense, una cifra considerablemente inferior a la de años anteriores. Este descenso no es del todo inédito. Ya en la década de los noventa, el movimiento de milicias urbanas y supremacistas blancos experimentó una caída de actividad tras el atentado de Oklahoma City. Aquella tregua, sin embargo, fue solo una retirada estratégica. Las organizaciones nunca se disolvieron; simplemente se ocultaron a la espera de nuevas oportunidades.

Una de las razones detrás de este aparente repliegue es el desgaste interno. Incluso tras el perdón presidencial, el asalto al Capitolio continúa dejando huella entre los grupos de extrema derecha. La jornada del 6 de enero no solo provocó arrestos, sino también divisiones. En el caso de los Oath Keepers, por ejemplo, persisten las disputas sobre si su líder, Stewart Rhodes, fue demasiado lejos al convocar a sus seguidores para asaltar el Capitolio. En 2022, el Southern Poverty Law Center detectó apenas cinco grupos activos del grupo, frente a los 70 que existían dos años antes. La cifra actual es incierta, pero los expertos coinciden en que las fracturas internas continúan.

Algo parecido ocurrió entre los Proud Boys, especialmente después de que la agencia Reuters publicara documentos judiciales que señalaban que Tarrio había colaborado como informante con la policía local y federal antes incluso de fundar el grupo. Aunque él negó recordarlo, el daño ya estaba hecho. Algunas secciones repudiaron públicamente su figura, incluida una parte de la rama de Miami. Desde entonces, la ciudad cuenta con dos facciones: una leal a Tarrio y otra abiertamente crítica. Esta fragmentación ha contribuido a desdibujar el liderazgo del grupo y, con ello, su capacidad de movilización.

Pero más allá de estas disputas internas, la razón principal de la actual inactividad de muchos de estos colectivos está en la eficacia con la que el gobierno está ejecutando su propia agenda ultraconservadora. La obsesión de los Proud Boys, Oath Keepers y otros grupos similares con la inmigración ilegal ha perdido sentido cuando es el propio Estado quien protagoniza operativos de detención y deportación a gran escala. Hoy son los agentes federales, no las milicias, quienes arrancan a la gente de sus hogares, rompen ventanillas de coches o detienen a personas sin identificar. Con el aparato estatal volcado en esa misión, el espacio para la acción paramilitar ha quedado reducido a poco más que el simbolismo.

Los Proud Boys nacieron en 2016 con una clara orientación ideológica: la defensa de una masculinidad tradicionalista y reaccionaria. Su fundador, Gavin McInnes, los describió como una “fraternidad prooccidental” formada por hombres que anhelaban “los tiempos en que las mujeres eran mujeres y los hombres eran hombres”. Hoy, sin embargo, ese discurso ha sido asimilado por la cultura MAGA en su conjunto, que ha dado la bienvenida a figuras abiertamente misóginas como Andrew Tate y otros miembros de la llamada “manosfera”. En este ecosistema más amplio, el mensaje de los Proud Boys ya no resulta tan distintivo ni tan urgente.

A pesar de todo, nadie descarta un resurgimiento. Si el contexto político se vuelve propicio, estos grupos podrían volver a la acción con rapidez. Existen temas que continúan actuando como detonantes para su movilización: el control migratorio, la Segunda Enmienda (el derecho a establecer una milicia para regularla seguridad de un Estado Libre) y el discurso sobre el fraude electoral siguen funcionando como resortes emocionales y organizativos. Aunque la actividad haya disminuido, la infraestructura se mantiene. El capital simbólico de los Proud Boys no ha desaparecido, y el precedente del indulto presidencial funciona como un incentivo para asumir riesgos. De hecho, el pasado mes de mayo, Enrique Tarrio fue visto en Mar-a-Lago, donde mantuvo un breve encuentro con Trump. Nuevas organizaciones también están surgiendo. El Patriot Front ha tejido alianzas con los llamados ‘Active Clubs’, una red informal de supremacistas blancos y neonazis que organizan clubes de lucha y entrenamientos de artes marciales.

En conjunto, el panorama puede parecer más tranquilo que hace unos años, pero las brasas siguen encendidas. Los grupos están a la espera, quizá reorganizándose, quizá dispuestos a adaptarse a una nueva forma de operar. Las condiciones para su regreso podrían no haber madurado del todo, pero las piezas ya están colocadas sobre el tablero.

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