Este jueves, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento sancionador contra España y otros 16 Estados miembro de la Unión Europea. La razón detrás de esta medida es el retraso en la implementación de una directiva esencial que requiere que las grandes empresas informen sobre su impacto medioambiental. Este expediente también incluye a países como Alemania, Austria y Bélgica, entre otros, que aún no han adaptado estas normas cruciales en su legislación nacional.
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a estos países, señalando su falta de comunicación sobre las medidas adoptadas. La directiva en cuestión establece nuevas reglas sobre información de sostenibilidad, obligando a grandes empresas y entidades cotizadas a divulgar datos sobre los riesgos sociales y medioambientales que enfrentan, así como el impacto de sus actividades en el entorno y la sociedad. Además de a España, la Comisión ha remitido su carta a Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.
We are taking action on 26 EU countries for failing to fully transpose 5 key EU directives on:
— European Commission (@EU_Commission) September 26, 2024
⚖️ justice
📊 financial stability
⚡ energy
🌻 environment
These countries have 2 months to respond and complete the transposition before further action may be taken.
Las normas actualizadas de reporte de sostenibilidad comenzarán a aplicarse a partir de los ejercicios financieros que se inicien el 1 de enero de 2024. La transposición de estas normas es fundamental para alcanzar un nivel adecuado de armonización dentro de la Unión Europea. Además, es esencial para que los inversores puedan evaluar el desempeño en sostenibilidad de las empresas al tomar decisiones de inversión.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría intervenir
Hasta la fecha, los 17 Estados miembro implicados no han notificado la completa adaptación de las disposiciones de la directiva dentro del plazo establecido, que concluyó el pasado 6 de julio. Ahora, estos países tienen un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas por la Comisión Europea.
En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar el caso de estos gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este paso subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad corporativa en temas de sostenibilidad, aspectos cada vez más valorados tanto por reguladores como por el mercado en general.
