En la última cita electoral de Australia -mayo de 2022- se contabilizaron aportaciones millonarias a partidos políticos o candidatos independientes y, de acuerdo a un ensayo de un experto en leyes, el sistema está plagado de consecuencias catastróficas en el régimen parlamentario. 

Clive Palmer, magnate de la minería y principal ejecutivo de la compañía Mineralogy, aportó 117 millones de dólares en las últimas elecciones generales en su intento de conseguir varios escaños en el parlamento federal para su formación política, United Australian Party. No obstante, a pesar de su insistencia durante más de seis meses a través de mensajes publicitarios y medios de comunicación conservadores y progresistas, logró solamente que el candidato Ralph Babet fuese elegido en el estado de Victoria en la cámara senatorial.

Fijándose en otros partidos políticos, el periodista David Crow, adjunto al Sydney Morning Herald y el matutino de Melbourne The Age, destaca que en la última cita electoral del año pasado corporaciones y dirigentes empresariales apostaron fuerte por el partido laborista con donaciones por encima de los 124 millones de dólares. Además, y como es habitual en otros comicios, los sindicatos hicieron jugosas concesiones en su intento de dar un revolcón a la coalición conservadora.

En el lado opuesto del tablero, las concesiones a los partidos de la oposición fueron de 106 millones en comparación con los 165 millones que recabaron en las elecciones de 2019. Fue por esas fechas cuando el entonces primer ministro, Scott Morrison, arrebató el liderazgo a su antecesor Malcolm Turnbull.

Echando la mirada atrás, en el 2017, Turnbull no estuvo exento de polémicas cuando siendo jefe del Ejecutivo hizo una donación de casi dos millones de dólares para financiar su campaña electoral. Respondiendo a preguntas en cadena nacional de la ABC, dijo "que los australianos estaban más interesados en lo que hacen con su propio dinero que lo que hago con el mío". El líder de la Oposición del partido laborista en respuesta al testimonio del entonces líder del Ejecutivo manifestó "que las palabras eran a todas luces chocantes".

Donaciones políticas

¿Es posible que se hagan concesiones ilimitadas a los candidatos del parlamento federal? Esta misma pregunta se la hace el abogado Cal Viney. En su ensayo en medios de comunicación destaca que en una democracia parlamentaria donde la base que nos guiara fuera "una persona un voto", la respuesta sería, sin duda, negativa.

En su tesis, Viney, quien además de abogado ha sido consejero del Premier estatal de Victoria en materias de legislación sobre donaciones, apostillaba que las comisiones anticorrupción han demostrado que, según la situación actual, el fenómeno que actual recibe el nombre de "big money". O, dicho de otra forma, dinero a espuertas que a la postre puede causar un gran impacto en nuestros parlamentos. Como dato singular cita a la Comisión electoral australiana cuando en el año financiero del 2018-2019, partidos políticos de gran relieve y otros de menor proyección hicieron concesiones millonarias por parte de entidades y personas individuales.

Finalmente, Viney se deshace en elogios sobre el modus operandi de los políticos que gobiernan en el estado de Victoria, donde prevalece la seriedad y el buen hacer. En el intento de controlar a las corporaciones y empresarios fijaron las concesiones con un tope de 1080 dólares australianos. 

Promesas del primer ministro de Australia

El líder del ejecutivo del gobierno Federal, Anthony Albanese, poco después de arrebatar el liderazgo a Scott Morrison, dio a entender a la ciudadanía que se avecinaban nuevos tiempos de hacer política. Sin embargo, después de casi un año en el poder todavía está por ver si la Comisión anticorrupción encargada de resolver el contencioso ha hecho algún avance para evitar las donaciones millonarias. 

Alice Drury, directora en funciones de la Institución de Derechos Humanos, dijo que todos los años se dan a conocer concesiones multimillonarias, pero -paradójicamente- sin que la ciudadanía tenga conocimiento. Esta situación, recalcó la portavoz de la Institución, se repite sin cesar a través de la fiscalización de los beneficios.

Finalmente, la directora hizo especial hincapié en que era absolutamente necesario que el gobierno legislara lo antes posible sobre los topes de concesiones o donaciones.