Al menos 104 periodistas han perdido la vida en 2024 debido a crímenes violentos, según un informe provisional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). De estas muertes, 55 ocurrieron en la Franja de Gaza, afectada por la ofensiva militar israelí. Oriente Próximo y el mundo árabe se consolidan como las regiones más peligrosas para ejercer la profesión, con un total de 66 periodistas fallecidos, incluyendo víctimas en Líbano y Gaza desde el inicio del conflicto.
Desde el estallido de la guerra en Gaza, 138 periodistas han muerto, lo que subraya la vulnerabilidad de la prensa en zonas de conflicto. Asia-Pacífico, por su parte, ha registrado un aumento significativo en los asesinatos, pasando de 12 en 2023 a 20 en 2024, con Pakistán y Bangladesh liderando las cifras.
América Latina, anteriormente una de las regiones más peligrosas para la prensa, ha mostrado una mejora relativa, pasando de 30 asesinatos en 2022 a seis en 2024. Sin embargo, cinco de estos periodistas eran mexicanos, víctimas del narcotráfico. En Europa, las cuatro muertes documentadas corresponden a Ucrania, afectada por la invasión rusa iniciada en 2022.
Más de 500 periodistas encarcelados
El informe de la FIP también resalta un aumento preocupante en el número de periodistas detenidos, con 520 casos en 2024, frente a 427 en 2023. China lidera como el país con más periodistas encarcelados, con 135 casos. La región Asia-Pacífico es la más afectada, acumulando 254 detenciones.
Anthony Bellanger, secretario general de la FIP, ha expresado su preocupación por el aumento de estas cifras, destacando que reflejan "lo frágil que es la libertad de prensa" y pidiendo mayor vigilancia por parte de los gobiernos para proteger a los periodistas. "En un momento en que se desarrollan regímenes autoritarios en todo el mundo, es crucial que la ciudadanía esté informada", ha defendido.
El riesgo de ejercer el periodismo en democracias debilitadas
El ejercicio del periodismo, pilar fundamental de las democracias, enfrenta desafíos crecientes en un contexto global marcado por el ascenso de regímenes autoritarios y la erosión de sistemas democráticos. En países donde la libertad de expresión debería estar protegida, como Turquía y Hungría, los periodistas se encuentran cada vez más acorralados por leyes restrictivas, campañas de desprestigio y el uso de herramientas estatales para silenciar voces críticas.
Turquía es uno de los ejemplos más preocupantes. Bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, el país ha sido señalado como uno de los mayores carceleros de periodistas en el mundo. Mediante la aplicación de leyes antiterroristas y la censura en línea, las autoridades han criminalizado la labor periodística, especialmente cuando se investiga corrupción o temas vinculados a los derechos humanos. La clausura de medios independientes y la concentración de los grandes grupos mediáticos en manos de empresarios cercanos al gobierno han reducido significativamente el pluralismo informativo, dejando a la sociedad con un acceso limitado a información imparcial.
En Hungría, la situación no es menos alarmante. Desde su llegada al poder en 2010, el primer ministro Viktor Orbán ha consolidado un modelo de “autocracia electoral” que incluye un control férreo sobre los medios de comunicación. A través de la creación de consorcios mediáticos progubernamentales y el uso de recursos estatales para financiar solo a medios afines, se ha marginado a las voces críticas. Además, la presión económica y las restricciones regulatorias han obligado a cerrar medios independientes, dejando al periodismo bajo una constante amenaza.
Estos casos evidencian cómo la debilidad institucional y la deriva autoritaria en democracias formales pueden tener consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. El impacto no se limita a los periodistas directamente afectados, sino que socava la calidad del debate público y priva a la ciudadanía de información esencial para tomar decisiones informadas.
El papel de las organizaciones internacionales en la protección de periodistas
La protección de periodistas en un mundo cada vez más hostil para la libertad de prensa se ha convertido en una prioridad para organismos internacionales como la ONU, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF). Estas organizaciones desempeñan un papel crucial al documentar abusos, denunciar violaciones a los derechos de los informadores y presionar a los gobiernos para garantizar la seguridad de quienes ejercen esta profesión fundamental para las democracias.
La ONU, a través de agencias como la UNESCO, lidera iniciativas globales como el Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Este plan busca coordinar esfuerzos entre Estados, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para reducir los ataques contra periodistas y promover el acceso a la justicia para las víctimas. Sin embargo, su capacidad para sancionar a los países incumplidores es limitada, ya que depende de la cooperación voluntaria de los Estados miembro.
Por su parte, la FIP trabaja directamente con sindicatos de periodistas en más de 140 países, proporcionando apoyo legal y financiero a profesionales en riesgo. Además, elabora informes detallados sobre violaciones a la libertad de prensa, lo que permite visibilizar tendencias globales y regionales. No obstante, su influencia se ve restringida en contextos donde los gobiernos ignoran los llamados internacionales o reprimen de manera sistemática a los medios independientes.
Reporteros Sin Fronteras, conocida por su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, pone de relieve las condiciones para el ejercicio del periodismo en 180 países. Su activismo ha llevado a que casos emblemáticos de violencia contra periodistas sean conocidos a nivel global, ejerciendo presión sobre actores gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el alcance de sus acciones depende en gran medida del apoyo público y de la presión política ejercida por otros países.
Aunque estas organizaciones han logrado avances significativos, persisten retos importantes. La impunidad en los crímenes contra periodistas sigue siendo la norma en muchos países, y la falta de un mecanismo internacional de sanción robusto limita la eficacia de las iniciativas existentes. Una posible solución sería la creación de un tribunal internacional especializado en delitos contra periodistas, o la inclusión de estos ataques como crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la Corte Penal Internacional. Sin acciones más concretas y vinculantes, la labor de estas organizaciones continuará siendo esencial pero insuficiente frente a los desafíos actuales.
