La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un "defectuoso funcionamiento" o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.

Finalmente, la Fiscalía ha remitido a la Consejería de Salud las denuncias que han sido presentadas. Casi un mes ha pasado desde que estallara uno de los mayores escándalos sanitarios que se han dado en el sistema sanitario público andaluz y ahora lleva también al Ejecutivo andaluz las "medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas" y sobre la prevención de hechos futuros similares, tal como ha detallado la Fiscalía en una nota de prensa. Las denuncias presentadas por estos hechos han sido de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha ahondado en varios casos particulares de afectades, y las de Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

Hace ya unas jornadas que el Defensor del Paciente reclamó a la Fiscalía que actuara en relación a este asunto, ya que entendía que se daba un caso de "dejación de funciones" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A ello añadía que se ha puesto en "grave peligro" a las mujeres de la comunidad autónoma, las cuales entendía podrían sufrir consecuencias de gran relevancia por esta "acción negligente". En la petición que el Defensor del Paciente realiza a la Fiscalía, se expone que "cuando se pone en marcha un programa de prevención o detección hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumpliento de estos programas solo cuestan sufrimiento y dinero a la Sanidad Pública". 

Por su parte, Izquierda Unida subrayaba la existencia de "graves errores" en el programa del cribado del cáncer de mama en el SAS. Así, en su denuncia la formación política consideraba como implicados a los tres últimos consejeros, Jesús Aguirre, Catalina García y Rocío Hernández. Entienden que los hechos que han tenido lugar apuntan a la existencia de indicios de "comisión de múltiples delitos", como podrían ser "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudente en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

Adelante Andalucía también presentó denuncias por las que reclamaba que se investigaran los hechos, los cuales define como una conducta constitutiva de tres tipos delictivos: lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave, dejación de funciones del servicio público y, subsidariamente, en relación a este último supuesto, la posibile comisión del deber de prestar servicios santiarios.

El foco de la denuncia de Adelante Andalucía se pone sobre las ex consejeras Catalina García y Rocío Hernández, así como se enfocan también hacia la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García.

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