El juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Guadalajara ha reconocido a instancia de CCOO el derecho de un profesor de la enseñanza pública de Castilla-La Mancha, comunidad que preside María Dolores Cospedal, a disfrutar el permiso de lactancia que solicitó al ser padre en febrero de 2013, y que la Consejería de Educación le negó al argumentar que la mujer del docente no trabajaba en ese momento y que debía ser ella, y no el hombre, la encargada de estos menesteres. La jueza lo tiene claro en su sentencia, a la que ha tenido acceso EPLURAL.COM (ver auto), al acusar al departamento que dirige el “consejero/torero” de la también secretaria general del PP, Marcial Marín, de no actuar conforme a derecho.

Indemnización compensatoria
De ahí que la jueza ordene al Gobierno del PP a indemnizar al demandante, puesto que el profesor ya no podrá disfrutar del permiso del que fue privado de forma ilegal, por lo que dispone que la Consejería de Educación le compense con “una indemnización sustitutoria, consistente en el importe de las retribuciones correspondientes a los días de permiso que no pudo disfrutar en el periodo legalmente establecido, con sus intereses legales”. Con todo, la jueza, según valoración de CC OO, “siendo consciente de lo novedosa de la cuestión jurídica planteada”, elude imponer costas a la Administración condenada.

La madre “titular originaria”
La sentencia, que a buen seguro dará mucho de qué hablar por su pionera y argumentada redacción, desmonta las explicaciones esgrimidas por el Gobierno de Cospedal para justificar su decisión que aludía a que es la madre como titular “originaria” del permiso de lactancia la que puede disfrutar del mismo, de forma que para que sea el padre quien lo disfrute, la madre debe cedérselo. Para ello, ambos progenitores tienen que trabajar, y el convenio colectivo o régimen jurídico aplicable a la madre debe reconocer expresamente ese derecho. En este sentido, la magistrada recuerda que “esta interpretación ha venido a ser modificada tanto por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE como por el Constitucional” español.

Antecedentes jurídicos
Así las cosas, el TJUE “desvincula el permiso de lactancia del hecho biológico de la lactancia natural” y lo considera “un tiempo de cuidado a favor del hijo y una medida conciliadora de la vida familiar y laboral”. Del mismo modo, “ampara la concesión del permiso de lactancia a favor del padre para proteger el derecho de que la madre realice, bien una actividad laboral o profesional efectiva, o bien, cualquier actividad destinada al acceso al empleo o la promoción profesional”. Por lo tanto, el permiso de lactancia “será disfrutado indistintamente por el funcionario o la funcionaria; y sólo en el caso de que ambos trabajen será disfrutado sólo por uno de ellos”, subraya la juez, añadiendo que, “esta misma interpretación sería predicable, en su caso, del permiso de lactancia regulado en el Estatuto de los Trabajadores”. Esto es, no solo para los funcionarios, sino para cualquier otro trabajador o trabajadora por cuenta ajena.

CCOO anima a reclamar
Sentencia demoledora que lleva a CCOO a animar a todos los trabajadores, y en especial a los docentes y al conjunto de empleados públicos de la Junta de Comunidades, “a defender su derecho a disfrutar del permiso de lactancia, y a acudir a los tribunales en el caso de que sus solicitudes y sus recursos de alzada les sean rechazas por la Administración”, para seguidamente reprochar al Gobierno de Cospedal su falta de sensibilidad y ninguneo constante de los derechos de los trabajadores: “Con tal de recortar derechos y negar permisos a los trabajadores públicos, a esta Administración no parece importarle gastar el dinero de los castellano-manchegos en los tribunales; donde los jueces están dando reiteradamente la razón a los funcionarios”, señala el sindicato.

60 millones en los dos últimos meses
Y es que desde que Cospedal llegó al poder en Castilla-La Mancha, su Gobierno ha perdido una tras otra todas las sentencias que trabajadores, ya sean interinos, laborales y funcionarios, han presentado contra sus arbitrarias decisiones. Tanto es así, que solo en los dos últimos meses el Gobierno de Fuensalida ha tenido que desembolsar más de sesenta millones de euros para atender las exigencias de las sentencias de los altos tribunales, que, entre otras destacados fallos, ha obligado a la lideresa conservadora a readmitir a 400 empleados públicos despedidos de forma ilegal en 2012, así como a pagar sus sueldos atrasados e intereses devengados por la demora.