Este miércoles, cuando el juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha enviado a juicio oral al exalcalde y candidato del PP a las municipales, Xavier García Albiol, por un presunto delito continuado de prevaricación, prevaricación ambiental y urbanística, queda conocer cuál será la postura que adopte el Partido Popular al respecto.

Según rezan los estatutos de la formación, “se abrirá un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente”, ya que se trata de un delito vinculado a la corrupción.

Será, por tanto, el Comité de Derechos y Garantías, el que determinará o no “la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará una función de las circunstancias específicas de cada caso concreto”. Un escenario de las mismas características del que es protagonista el exedil de la ciudad catalana.

Esta noticia viene en un momento crucial para el partido, ya que las elecciones del 28 de mayo están a la vuelta de la esquina y el candidato lleva tiempo ultimando los detalles de su campaña electoral.

La Fiscalía pide casi tres años de cárcel para Albiol e irá a juicio por permitir la instalación de dos antenas de telefonía que funcionaron durante seis años sin contar con el permiso urbanístico, ya conocido como ‘caso Antenas’. Unos hechos que se remontan al 2012.

La postura de la cúpula de Feijóo hasta ahora y la respuesta de la oposición

“No es corrupción política. Intentan resucitar un asunto de hace 11 años”, señalaron hace días atrás desde Génova.

Por su parte, y al poco de conocer el juicio oral al que deberá acudir Albiol, fuentes del PSOE instan a Alberto Núñez Feijóo a que se pronuncie y tome una decisión al respecto. “Vamos a saber si el PP sigue en sus habituales niveles de tolerancia amplia con la corrupción o, por fin, se dignan a predicar con lo que piden a los demás”, urgen en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.

Unas declaraciones que se dan poco después de las esgrimidas con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, cuando conoció la petición de la Fiscalía, quien instó al líder de la oposición a expulsar al exalcalde de Badalona de sus filas. “Sería bueno que el PP actuara con la misma contundencia que el PSOE cuando ha conocido presuntas irregularidades expulsando a las personas que las cometen y exigiendo que no representen las siglas del partido en ningún cargo público”, expresó. Ante tales posturas, desde Génova, por su parte, consideraron que el Gobierno central aplica un uso partidista de la Fiscalía.

De la misma manera, los socialistas recuerdan que Albiol no es el único dirigente del PP que se encuentra señalado dentro del ámbito judicial. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, está imputado; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, está bajo investigación del Senado por no justificar la procedencia de los 12 millones de euros que tiene en patrimonio; así como el exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, por quien la Fiscalía pide 15 años de prisión por el ‘caso Kitchen’. “El PP está comenzando, una vez más, a tener demasiadas zonas de sombra y dirigentes en los juzgados. Demasiados como para que Feijóo siga callado y para no opinar sobre nada”, sentencian.

Cronología del ‘caso Antenas’

Fue el verano de 2012 cuando el instructor detectó problemas de cobertura en varias zonas de Badalona, momento en el que Vodafone, la compañía encargada, solicitó al Ayuntamiento la instalación de una estación de telefonía, la cual se creó sin permiso alguno en las dependencias de la Guardia Urbana.

En septiembre del mismo año, Telefónica hizo lo propio instalando en la comisaría una “estación de telefonía consistente en un camión con un mástil”, la cual era ilegal. “Ambas instalaciones móviles, en principio de carácter provisional, vinieron funcionando de forma ininterrumpida hasta 2018, momento en que, en fecha inconcreta, fueron retiradas de forma voluntaria por las empresas titulares sin que mediara requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento de Badalona”, reza el escrito del juez José María Noaeles.

Llegados a este punto, los agentes de la Guardia Urbana elevaron el tono pidiendo explicaciones directamente al Consistorio de Albiol, ya que era quien tenía las competencias directas sobre las licencias de obras ambientales y urbanísticas. Según el juez, la responsabilidad recaía sobre él, pero “no consta que realizase gestión alguna”.

De este modo, el juez instructor señaló que hay indicios suficientes para considerar que el exalcalde permitió dicha instalación y su consiguiente funcionamiento entre 2012 y 2018 y, por lo tanto, la Fiscalía pide, concretamente, dos años y 10 meses de cárcel.