El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, se ha convertido en el primer miembro del Partido Popular al frente de una institución imputado por corrupción en Baleares desde la época del expresidente Jaume Matas, resucitando viejos fantasmas que han sacudido la actualidad política balear en las últimas dos semanas.

Investigado por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones

En concreto, Vicent Marí está citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza el próximo 7 de marzo en calidad de investigado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general de la institución que preside.

Cabe recordar que el de Ibiza, donde Vicent Marí gobierna en coalición con Ciudadanos, es el único de los cuatro consells insulares de las Baleares en manos del Partido Popular en esta legislatura.

Vicent Marí también es diputado en el parlamento autonómico, lo que le convertirá en el primer miembro de la cámara balear que comparezca ante un tribunal ordinario, después de que en 2022 se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía de la Islas Baleares que suprimió los aforamientos a parlamentarios y miembros del ejecutivo autonómico.

"Políticas clientelares y caciquiles"

El caso que se investiga se remonta a junio del 2020, en plena pandemia por la Covid-19, cuando Vicent Marí adjudicó por 250.000 euros un contrato para la grabación de un vídeo de promoción turística de Ibiza titulado “La vida ‘islados’”. El contrato para la filmación y promoción del vídeo se adjudicó por el trámite de emergencia, sin concurso público ni publicidad, a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L., cuya administradora era una exconcejala del PP en el primero de los tres mandatos en los que Vicent Marí fue alcalde del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu, el segundo más importante de la isla.

Todavía con Vicent Marí de alcalde, entre 2015 y 2019, la empresa del vídeo turístico facturó un total de 1.240.628,08 euros al ayuntamiento por la gestión, también sin concurso público, de dos espacios culturales del municipio. La situación irregular de los contratos con esta empresa la venía denunciando públicamente desde el año 2018 el grupo municipal del PSIB-PSOE en ese ayuntamiento, donde el PP ha gobernado los últimos más de cuarenta años “con políticas clientelares y caciquiles”, según denuncian los socialistas.

Alarmas por el contrato del vídeo

Las alarmas por el contrato del vídeo de promoción turística saltaron en el pleno del Consell de Ibiza celebrado en setiembre de 2020, después de que la entonces viceinterventora general de la institución, y actual interventora, emitiera un informe de reparo al pago de la primera factura del vídeo, al considerar que en el proceso de contratación se había “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del servicio por lo que procedería declarar la nulidad del procedimiento”.

Entre otras cuestiones concretas, la viceinterventora apuntaba que “la motivación de una situación de emergencia no es sólo de la situación, sino del contrato que pretende celebrarse para paliarla, al menos de su objeto y de la elección del adjudicatario así como del importe adjudicado a cada contratista, aunque no deba ser una justificación de manera exhaustiva dada la situación sí que debe tener el mínimo rigor técnico”.

En ese Pleno del Consell de Ibiza, para responder a las críticas lanzadas por Vicent Torres, portavoz del grupo PSOE y presidente de la institución en la legislatura anterior, el ahora imputado arremetió duramente, no solo contra los socialistas, sino también contra la misma viceinterventora, en su presencia, manifestando que “hay dos tipos de servidores públicos”.

“Una gran mayoría se esfuerza por trabajar, pero por desgracia hay una minoría que no tiene claro ni valora su situación, que cabe calificar de privilegiada, por el hecho de ser un servidor público que en ningún caso ve peligrar sus retribuciones en momentos críticos como estos” y que “desde la tranquilidad de su despacho, sin vivir los problemas de los demás como propios, sin necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos y con un buen sueldo, cuestionan decisiones difíciles hechas en momentos críticos”, afirmó.

Vicent Marí levantó la objeción de la viceinterventora con un nuevo decreto de Presidencia firmado en septiembre de 2020, lo que le permitió pagar a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. una primera cantidad de 164.257,50 euros por la elaboración del vídeo. Según los socialistas, los informes para esquivar el reparo de la viceinterventora se elaboraron con presupuestos “falseados”.

A las pocas semanas, la entonces viceinterventora dejó su puesto en el Consell de Ibiza para trasladarse a un ayuntamiento de la provincia de Barcelona, donde estuvo ejerciendo durante un año. Al cabo de ese tiempo, regresó a la institución insular, dónde además acabó concursando y obteniendo su actual plaza de interventora general, no sin antes producirse un extraño retraso en la resolución y la comunicación de los resultados del concurso público, lo que motivó preguntas en el pleno sobre esta cuestión por parte de la oposición socialista.

El PSOE de Ibiza alertó los hechos y de las irregularidades del contrato del vídeo ante la Oficina de Lucha y Prevención contra la Corrupción en las Islas Baleares, el órgano administrativo de control de la actuación pública en esta comunidad. La oficina, al apreciar indicios de delito, trasladó el expediente a la Fiscalía especial anticorrupción de las Islas Baleares.

El verano pasado, la Fiscalía anticorrupción presentó en los juzgados de Ibiza una querella contra Vicent Marí, lo que ha motivado su imputación por parte del juez por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. A la causa se ha sumado, como acusación particular, la propia interventora del Consell, quien denuncia “mobbing, coacciones o lesiones psíquicas”, según explicó su abogado a Diario de Ibiza el pasado 9 de febrero.

Según el PP, la imputación judicial está “orquestada”

Desde el PSOE han denunciado los intentos del Partido Popular y del propio Vicent Marí de tapar su imputación, ya que esta se ocultó a la opinión pública desde mediados de noviembre, cuando le fue notificada, hasta el pasado 7 de febrero. Además, la abogada de Vicent Marí ha solicitado el aplazamiento de su declaración ante el juez hasta el mes de junio, pasadas las elecciones, esgrimiendo que tiene otras causas a las que acudir, a pesar que el presidente del Consell había manifestado que quería declarar “cuanto antes”.

A los pocos días de conocerse su imputación, también se supo que Vicent Marí había ordenado al Consell Insular que no se personara en la causa, a pesar del ofrecimiento que el juez había hecho en este sentido a la institución que preside, al entender que esta podría haber sido perjudicada por los hechos que se investigan.

La reacción de Vicent Marí a su imputación por corrupción ha sido la de afirmar que el caso estaba “orquestado” y que detrás de la querella de Fiscalía y de la citación del juez había “intereses ocultos”.

Después de dos semanas sin pronunciarse, la presidenta del Partido Popular en Baleares y diputada nacional, Marga Prohens, la baza de Feijóo para intentar recuperar el gobierno autonómico, rompió su silencio el pasado lunes forzada por las preguntas de los medios, para manifestar que Vicent Marí era una “víctima” de la “oficina anticorrupción socialista”. La respuesta del PSIB-PSOE no se hizo esperar, en boca de su portavoz parlamentaria, Pilar Costa, quien el mismo día criticó las “mentiras” de Marga Prohens, recordando que la querella ante el juzgado la presentó la Fiscalía especial anticorrupción, y no la oficina administrativa de prevención y lucha contra la corrupción en Baleares

Una incógnita

Lo que sigue siendo la gran incógnita, que Vicent Marí y el Partido Popular se niegan a desvelar, es el contenido de la querella, de la que solo se han filtrado los delitos que se le imputan (prevaricación, tráfico de influencias y coacciones). Se desconoce, por tanto, si la investigación únicamente tiene que ver con la adjudicación del contrato del vídeo de 250.000 euros a la empresa de su ex concejal, o si abarca también los contratos realizados durante su etapa como alcalde del PP de Santa Eulària des Riu. Un ayuntamiento que Vicent Marí gobernó hasta 2019, cuando después de tres mandatos dio el salto a la presidencia del Consell de Ibiza, la más importante de las instituciones que gobierna actualmente el PP en Baleares, y dónde se ha acabado convrtiendo en el primer imputado por corrupción al frente de una institución desde la época de Jaume Matas.