La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y para el que fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas orquestada presuntamente desde su departamento para hacerse con documentos comprometidos de la formación conservadora.

El órgano ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito en conclusiones provisionales sobre la línea de investigación derivada del conocido como Caso Tándem o Caso Villarejo. La cuestión se dirige contra once procesados, entre ellos Fernández Díaz, a quien se le atribuyen los delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad.

Se solicita la misma condena para el que fuera número dos de la Policía, Eugenio Pino, y para el exasesor de la que ejerciera como presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo.

Entre las personas procesadas no se encuentra la exsecretaria general del partido, ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, investigados durante varios meses y hasta que el juez les apartó de la causa, en contra de la opinión de la Fiscalía. La petición para el comisario Villarejo, por su parte, asciende a 19 años de cárcel.

La Operación Kitchen -o Caso Kitchen, fue un dispositivo parapolicial sin control judicial gestado por el ministerio del Interior de Mariano Rajoy, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, para espiar al polémico comisario. Según la Audiencia Nacional, el entonces responsable de Interior emplazó en 2013 a poner en marcha la trama que “coordinó” su número dos  en la que también estuvieron implicados Eugenio Pino (exjefe de la Policía Nacional), así como una media docena de comisarios, inspectores y otros cuerpos que formaban parte de las labores de seguridad.

Manuel García-Castellón, el juez que llevó el caso, concluyó que el objetivo de la trama era quitar documentación que comprometía presuntamente al PP al responsable de finanzas del partido. Los aspectos que podían comprometer a altos cargos de la formación se encontraban por aquel entonces cercados por la trama Gürtel y la investigación de su caja B bajo la nomenclatura de papeles de Bárcenas.

Para ello se contactó, según el escrito, Sergio Ríos. Ahí es donde aparece el nombre de los excomisarios, como apunta Anticorrupción. Como contraprestación por la información y documentación facilitada, el que fuera conductor de Bárcenas “recibió la cantidad de 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, entre el mes de julio de 2013 y el mes de septiembre de 2015”.

Los fiscales consideran probado que el chófer trasladó información a Gómez Gordo, Villarejo y García Castaño a sabiendas de que "no iba a ser proporcionada a los investigadores" de la Gürtel y por las cantidades recibidas.

Bárcenas pide 41 años de prisión

El extesorero ha solicitado que asciendan las penas a los 41 años a casi todos los implicados, entre ellos Jorge Fernández Díaz. También Francisco Martínez y Eugenio Pino y José Manuel Villarejo, el nombre más sonado de todos ellos. Bárcenas ha elevado un escrito con el que expone que los presuntos culpables “orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información” que guardaban él, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo Bárcenas, también vocalista de la banda de música Taburete.

La familia presuntamente espiada añade a la petición de Luis Bárcenas una indemnización de 1,2 millones de euros e incluyen en el operativo ilegal algunos hechos que han tenido lugar durante el caso en los últimos años. Uno de ellos es el que tiene que ver con el secuestro de Rosalía Iglesias y Guillermo Bárcenas a punta de pistola por un hombre disfrazado de cura, cuando éste entró en casa de la familia. La intención, asumía, era hacerse con unos documentos que habrían servido para tumbar al Ejecutivo de Rajoy.

Petición del PSOE

El PSOE se ha personado como acusación popular para intentar sentar al PP en el banquilla al considerarlo parte del beneficio de los actos que todavía se investigan. Es decir, el espionaje ilegal. El partido que ahora está en la Moncloa pide 47 años de prisión para el exministro y al propio Rajoy como cabecilla del caso.

La formación socialista reclama más de 30 años de cárcel a Francisco Martínez, Eugenio Pino, Villarejo, Enrique García Castaño, José Luis Oliveira, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díez, Andrés Gómez Gordo,  José Ángel Fuentes Gago y Sergio Ríos, este último exconductor del que fuera tesorero del partido.

El PSOE apunta a la cúpula del partido del momento hasta Mariano Rajoy, pasando por Cospedal y Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior.