Íñigo Urkullu fue uno de los nombres del pasado miércoles. El lehendakari se hizo hueco entre los titulares que relataban la infructuosa reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente, fue con el líder del Partido Popular con quien mantuvo la misma jornada una conversación telefónica “franca y provechosa”. En plena ronda de contactos, el dirigente vasco cuenta este jueves con una tribuna en el diario El País, desde donde expone la necesidad de afrontar una reinterpretación de la Constitución, sin necesidad de reformarla, a través de un pacto que sitúe al país en la senda para avanzar hacia una “España plurinacional” que, a su vez, ensanche el autogobierno no sólo del País Vasco, sino también de Galicia y Cataluña. En resumen, dotar de “capacidad de decisión” a todos estos territorios, pero siempre desde un pacto con el Estado.

No es la primera vez que de la garganta del lehendakari surge una idea en dirección a revisar, como mínimo, la Constitución de 1978. Desde hace años, Íñigo Urkullu nutre sus intervenciones de este tipo de pensamientos. Las palabras reforma y constitución suponen para muchos dos vocablos tabú, pero no es así para el dirigente vasco. Desde su tribuna de El País, en plena ronda de contactos con el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por este camino para salir de la “actual encrucijada política”, pero también territorial. Es su contribución “flexible y creativa” para tomar el desvío de la normalidad en la autopista de la polarización extrema que vive el país, máxime cuando el debate traspasa las delicadas fronteras del autogobierno de según qué autonomías.

En su artículo Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado, si hay voluntad es posible el acuerdo, Urkullu fija sus posturas ante la realidad territorial del país, definiéndolo como una “nación foral”. Una suerte de “unión voluntaria, un modelo de federalización asimétrica y de bilateralidad efectiva”, con un horizonte “confederal del Estado”, pero siempre con garantías de cumplimiento de lo acordado. El lehendakari reconoce que la Constitución del 78 intentó abrir un camino de mayor participación para las autonomías. Sin embargo, 45 años después, se han detectado pulsiones de involución o armonización, como la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), que “promovió el café para todos igualando por abajo para recortar por arriba”; pero también cita a las leyes de bayes y las cláusulas horizontales para lo que definen como invasión de competencias de las Autonomías, con la proliferación inherente de las comisiones sectoriales y otros foros autonómicos. He aquí donde falta, a su parecer, una “actitud comprensiva” por parte del Tribunal Constitucional, organismo que no cuenta con representación directa de las Comunidades Autónomas.

La propuesta de Urkullu

A su modo de ver, los cambios esperados desde el 78 no profundizaron. Se quedaron en la superficie que representa una “descentralización política y administrativa”. No fueron más allá porque el poder judicial no siguió el mismo camino y se evitó conducir al Senado hacia una auténtica Cámara de representación territorial, amén del diseño del Tribunal Constitucional como una suerte de árbitro entre la Administración central y los gobiernos autonómicos. El lehendakari bebe de las fuentes de los promotores de Galeuzka, una institución carente de oficialidad que surgió como hermandad entre representantes de los pueblos catalán, gallego y vasco hace casi un siglo. Su razón de ser pasa por la defensa de un proyecto que “no se le puede imponer al Estado”. “En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al Pueblo Vasco manifestar su voluntad”, sostiene.

El momento presente ofrece una “nueva oportunidad” para dar “nuevos pasos” hacia adelante. Urkullu precisa que han de ser capaces de encontrar “los mimbres constitucionales y legales pertinentes” que den forma jurídica a este nuevo pacto. Siempre, eso sí, basándose en la “vía de la actualización de los Derechos Históricos”, tal y como se establece en la Disposición Adicional Primera de la Constitución. De este modo, expone el lehendakari, se crearía la figura de la “convención constitucional”, despojada de todo carácter general y “limitada o específica” para modernizar la interpretación “acordada de una parte de su contenido”.

“Una convención constitucional para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial. No sería una forma mágica ni un camino expedito, pero podría abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”, resume el lehendakari, quien, precisa que ambas partes deberían de partir de un “acuerdo de bases”. Un pacto inicial que incluya principios como el “cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. En el plazo de un año, se constituiría el primer gran cónclave para escudriñar el “alcance actual y futuro” de la Disposición, así como el autogobierno de las comunidades forales y de las nacionalidades históricas.

Sin embargo, el lehendakari no esboza el lugar donde se celebrarían estas sesiones de trabajo ni quién participaría en ellas. Flecos abiertos que, sin embargo, no le impiden ensanchar la agenda de cuestiones a tratar en caso de que se considerara necesario. Precisa que su idea no requiere de una reforma constitucional para invocar la citada convención, por lo que también supone un “avance sustancial”.