Torres, la cara más dura del lawfare: "He sufrido un ataque difamatorio con falsedad y vilezas"

“Una campaña difamatoria de falsedad y vilezas”. En la tarde de este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido en sede ministerial ante una multitud de medios de comunicación para denunciar haber sufrido esto último después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya publicado un nuevo informe sobre el ‘caso Koldo’ a raíz del cual todas las acusaciones y mentiras que se han vertido sobre el ministro durante los últimos meses han quedado desmentidas y tumbadas.

Con este informe, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cierra la lista de investigados en el marco de la ‘Operación Delorme’ sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus aclarando que no existen indicios ni pruebas para incluir entre ellos al ministro de Política Territorial, por lo que se limita a incluir entre los investigados únicamente al ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luis Ábalos; a su ex asesor en el Ministerio, Koldo García; y al empresario conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Al hilo de todo ello, pese a que una de las empresas bajo el foco judicial es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud con motivo de una compra de mascarillas que ascendió a 12.317.580,24 euros, según recoge el informe de la UCO, este mismo informe concluye que no hubo “ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes”. “El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama”, han entonado fuentes del ministerio.

Pese a ello, Torres ha figurado en recurrentes ocasiones desde que estalló el ‘caso Koldo’ como centro de la diana en las acusaciones y señalamientos de la derecha política y mediática, lo que le ha llevado, entre otras cosas, a anunciar esta martes una demanda por intromisión al honor personal, la intimidad y la propia imagen contra De Aldama por todas las falsedades que ha vertido sobre su figura y su entorno. "Me acusó de usar pisos, tener reuniones con refinería, me acusó de cuestiones tremendamente graves, si tuviera relación estrecha habría muchos más mensajes y conversaciones", ha señalado el ministro. "Me alegro por mi familia, ningún representante público debe soportar mentiras contra su honorabilidad, la de su familia, su entorno. El informe culmina que tenía yo razón. Seguiré defendiendo la honorabilidad en la vida pública aunque eso suponga el daño a mi entorno más íntimo", ha esgrimido.

“Quedarán claras las calumnias”

Hace apenas dos semanas, Torres ya se dirigió a la bancada popular para advertir que cuando se hiciera público este informe de la UCO deberían pedir disculpas por “las calumnias que han vertido” desde su formación. En este sentido, cabe recordar que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió que Torres frecuentaba más la comisión de investigación del Senado "que a los pisitos de Atocha", donde señalaban que el ministro tenía encuentros con mujeres, que ahora han quedado desmentidos por el informe de la UCO.

De más candente actualidad, ha sido la afirmación que ha defendido el secretario general del PP, Miguel Tellado, este martes -cuando ya se conocía el informe de la UCO- con la que ha acusado a Torres de mentir y cometer un delito. “Torres mintió en la comisión de investigación en el Senado y eso, ojo, es un delito”, ha afirmado. Además, ha adelantado que abren la puerta a tomar acciones legales contra el ministro. “Con respecto a las mentiras de Ángel Víctor Torres u otros miembros en sede parlamentaria, en la comisión de investigación del Senado, puedo decir que no descartamos ninguna acción”, ha señalado.

Al hilo de todo ello, esta misma formación ha solicitado la comparecencia urgente de Torres en el Pleno del Congreso "para dar explicaciones sobre las contradicciones siendo ministro en torno a sus relaciones con miembros de una trama criminal, integrada entre otros por Koldo García y Víctor de Aldama, y su implicación personal y la de su equipo directo en la consecución de pagos por contratos de material sanitario a las empresas recomendadas por dicha trama". 

Según destaca el PP, el informe de la UCO apunta a "la implicación directa" del ministro en la trama de compraventa de mascarillas investigada por la Justicia, ya que "agilizó personalmente el cobro de las empresas de la trama y presionó a altos cargos de su Gobierno para que validaran material sanitario de dudosa calidad".

El PP omite el informe concluyente e insiste en la dimisión

Prueba de esta “campaña difamatoria” que ha denunciado Torres es que desde el PP sigan en su misiva de perseguir al ministro aún cuando la UCO ha confirmado que no existen indicios para investigarlo. Este martes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha reclamado la dimisión del ministro a la vez que lo ha calificado de "conseguidor" de la trama Koldo a tenor del contenido del último informe.

En esta línea, García ha ironizado que Torres, al que se presentaba como "ministro ejemplar", se le retrata a su juicio en el documento de la UCO como un "conseguidor de la trama Koldo"." Esto es una vergüenza, tiene que dimitir o ser cesado y usted, señora Díaz, hoy la UCO dice que usted es la certificadora de las mascarillas de Torres", ha espetado en alusión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El informe de la UCO, simultáneo a la dimisión de Mazón

Al margen de todo ello, también es prueba de esta campaña en cierto modo que el informe de la UCO se publicara justo en un momento de extrema debilidad de los populares. Apenas unas horas después de anunciarse la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la UCO daba a conocer el informe sobre las contrataciones formalizadas por la comunidad autónoma de Canarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

Una práctica que llama la atención por las causas investigadas, por un lado relacionadas con el PSOE y por el otro, cercanas al PP. Es así como se puede resaltar la celeridad con los informes relacionados con, por ejemplo, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa que investiga el polémico juez Juan Carlos Peinado, o la tardanza con los que involucran a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cabe señalar en relación a este último respecto que desde que la Fiscalía pidió un informe a la UCO sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso sobre sus causas por corrupción en los negocios y administración desleal han pasado 130 días y el informe no ha llegado todavía.

En cambio, este lunes, en plena crisis del PP con la dimisión en diferido de Mazón y los problemas para elegir a un sucesor por la presión de la ultraderecha, se daba a conocer el informe de la UCO sobre la contratación de compra de mascarillas y otro material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, dirigido en aquel entonces por Torres.

Todo ello dibuja un escenario en el que quien fuera presidente canario y actual ministro de Política Territorial ha permanecido en el foco del señalamiento de la derecha, que ha abogado por su implicación en el 'caso Koldo', y que ahora, tras el último informe de la UCO, ve cómo todas sus acusaciones pierden el peso que los populares le habían otorgado.