La Justicia, de nuevo al rescate del PP: se conoce un informe de la UCO horas después de la dimisión de Mazón

Horas después de que el president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunciara su dimisión un año después de la DANA, se ha dado a conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al análisis de las contrataciones formalizadas por la comunidad autónoma de Canarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

Una práctica que llama la atención en función de las causas investigadas, por un lado relacionadas con el PSOE y por el otro cercanas al PP. Es así como se puede resaltar la celeridad con los informes relacionados con, por ejemplo, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa que investiga el polémico juez Juan Carlos Peinado, o la tardanza con los que involucran a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cabe señalar en relación a este último respecto que desde que la Fiscalía pidió un informe a la UCO sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso sobre sus causas por corrupción en los negocios y administración desleal han pasado 130 días y el informe no ha llegado todavía.

En cambio, este lunes, en plena crisis del Partido Popular, con la dimisión en diferido de Carlos Mazón y los problemas para elegir a un sucesor por la presión de la ultraderecha como protagonistas de la actualidad informativa, se ha dado a conocer el informe de la UCO sobre la contratación de compra de mascarillas y otro material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, dirigido en aquel entonces por Ángel Víctor Torres.

Tras la publicación del mismo, fuentes del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres han señalado que pese a las conversaciones publicadas, “no habrá en esos informes peticiones de mordidas, comisiones, pisos o mujeres explotadas sexualmente”.

Las mismas fuentes han señalado que sobre estas conversaciones ya “ha dado explicaciones en tres comisiones en el Senado, una en el Congreso y otra en el Parlamento de Canarias”. En el mismo sentido, han explicado que la “relación con Koldo se enmarcaba en un ámbito institucional: Gobierno de Canarias – Ministerio”.

“Sobre el material sanitario contratado a Soluciones de Gestión, Torres no tuvo nada que ver con la contratación de empresa y nunca se produjo trato de favor a esa empresa por parte del Gobierno”, han indicado, añadiendo que “lo que ocurrió es que el Gobierno de Canarias no pagó el 50% por adelantado, como estaba en el contrato, y tardó meses en abonar en precio las mascarillas”. “Por esa razón el entonces presidente se interesó por ese tema. Porque Koldo le llamaba diciéndole que la empresa, que avisó de que denunciaría, no había cobrado”, han zanjado.

Ejemplo también de este rescate de la justicia al PP es que este mismo lunes el juez Peinado ha pedido a la UCO un informe que contenga los correos que Begoña Gómez envió durante siete años con su cuenta corporativa de La Moncloa. La petición del magistrado se produce pese a que fuentes cercanas a Gómez hayan adelantado a elDiario.es que esa dirección de correo no contiene ningún mensaje que pueda resultar determinante para la causa. 

El informe que no ha aportado nada decisivo

No obstante, este ansiado informe de la UCO que la prensa ultra venía anunciando y esperando no ha aportado nada decisivo al juez instructor del caso Mascarillas, Leopoldo Puente. Y es que este lunes ha dado por cerrada la instrucción sin incluir en el listado de personas imputadas a Ángel Víctor Torres por la compra de material sanitario durante la pandemia, cuando era presidente del Gobierno de Canarias.

En el auto de cierre de la investigación del caso, el juez Puente ha propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y al empresario y comisionista Víctor de Aldama por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversarción.