Sanidad estudia acciones legales frente a la insumisión de las comunidades del PP: “Esto no va a quedar así”

El Ministerio de Sanidad y los responsables autonómicos se preparan para un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud cargado de tensión. En el centro del debate, la negativa de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a compartir los datos de los programas de cribado de cáncer, tras la crisis desatada por los fallos en el sistema andaluz de detección de cáncer de mama. El encuentro de este viernes marcará un nuevo pulso entre el Gobierno central y las autonomías por la transparencia sanitaria.

Un cónclave de alta tensión al que Sanidad llega con la idea de analizar el marco jurídico para forzar -si fuera necesario- la cooperación de estas autonomías rebeldes. “El Ministerio de Sanidad está analizando el marco jurídico, pero lo que sí puedo asegurar es que esto no se va a quedar aquí. Este mismo viernes celebraremos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y será el momento de comprobar qué comunidades autónomas están comprometidas con la transparencia y cuáles prefieren seguir escondiendo información a las mujeres y a la ciudadanía”, señalan a ElPlural.com fuentes del Ministerio que dirige Mónica García.

Según confirman fuentes ministeriales, en la sesión “podría abordarse” específicamente la situación generada tras los fallos detectados en el programa andaluz de detección precoz de cáncer de mama –que destapó graves retrasos en la comunicación de resultados– y la consiguiente negativa de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana) a remitir sus datos de cribados. El encuentro de este viernes será el primer cara a cara institucional entre Sanidad y los gobiernos autonómicos implicados desde que estalló el conflicto, reunión que irónicamente había sido solicitada por la propia Junta de Andalucía en su misiva de respuesta al Ministerio.

El origen inmediato de esta confrontación se encuentra en Andalucía, donde a comienzos de octubre salió a la luz un escándalo en el cribado poblacional de cáncer de mama. Se descubrió que unas 2.000 mujeres habían quedado durante meses “en el limbo” sin recibir los resultados de sus mamografías, lo que retrasó diagnósticos y tratamientos. La gravedad del caso forzó la dimisión de la consejera de Salud andaluza, Rocío Hernández, y obligó al gobierno autonómico de Juanma Moreno a anunciar a contrarreloj un plan de choque para revisar los casos afectados. Este fallo sistémico, unido a la huida hacia delante protagonizada por parte de la Junta, generó alarma social y puso bajo escrutinio la eficacia de los programas de cribado en esa comunidad – y por extensión, en todo el país.

Como reacción, la ministra de Sanidad, Mónica García, decidió tomar cartas en el asunto más allá de Andalucía. A mediados de octubre, Sanidad solicitó a todas las Comunidades Autónomas información detallada sobre sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. El objetivo declarado era verificar el funcionamiento de estos programas preventivos en todo el territorio y detectar posibles fallos similares al andaluz.

Plantón de las comunidades del PP

Sin embargo, la petición de Sanidad chocó frontalmente con un bloque de gobiernos autonómicos de signo político contrario. Todas las comunidades gobernadas por el PP –entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana– se negaron a remitir la información solicitada por el Ministerio. En cartas prácticamente idénticas enviadas a la ministra Mónica García, los consejeros de Salud de estas autonomías rechazaron la entrega de los datos e indicadores de sus cribados oncológicos. Alegan que los programas de cribado son una competencia “exclusiva” de las comunidades autónomas y que la iniciativa de Sanidad “parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política”.

Las comunidades insumisas esgrimen, además, argumentos técnicos para justificar su postura. Recuerdan que Sanidad carece de un sistema informático plenamente operativo para centralizar los indicadores de cribado y que el propio Ministerio “no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados” más allá de datos básicos de cobertura.

La respuesta del Ministerio de Sanidad ante este plante sin precedentes fue inmediata y contundente. La ministra Mónica García ha acusado abiertamente a las comunidades del PP de “ocultar” los datos de los cribados porque, según ella, sus resultados son deficientes y evidenciarían “la mala gestión de los respectivos gobiernos”.  “La falta de transparencia revela un modo de incompetencia”, ha llegado a afirmar García, recalcando que los datos de salud “no pertenecen a las comunidades ni a las consejerías, sino a los ciudadanos. “Están hurtando a las mujeres la tranquilidad de que su comunidad autónoma lo está haciendo bien... Y esto, lo siento mucho, no tiene un pase”, censuró la ministra, anunciando que Sanidad utilizará la Ley de Transparencia “hasta sus últimas consecuencias” para conseguir que esta información vea la luz.

Ante la firmeza de las autonomías díscolas, Sanidad estudia ahora medidas legales para obligarlas a colaborar. Además de la vía de la Ley de Transparencia –que permitiría requerir oficialmente los datos e incluso acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– el departamento de García no descarta otras acciones. “Esto no va a quedar así”, insisten las fuentes ministeriales consultadas, subrayando que llegarán “hasta el final” para que se cumplan los principios de publicidad y acceso a la información sanitaria. El Ministerio interpreta la negativa cerrada del PP como una quiebra del principio de lealtad institucional en materia de salud pública, y pretende hacer valer el derecho de los ciudadanos a saber cómo funcionan unos programas que pueden “no dar votos, pero salvan vidas”, en palabras de la propia García.

Un pulso político-sanitario con las pacientes como telón de fondo

Por lo pronto, el Consejo Interterritorial de este viernes pondrá sobre la mesa las cartas de cada parte. En el foro en que confluyen el Ministerio y los consejeros de Salud de todas las autonomías, quedará en evidencia qué comunidades están por la labor de cooperar y cuáles persisten en el bloqueo. Cabe destacar que no todos los gobiernos del PP han mantenido la misma posición de máxima rebeldía: el Ejecutivo de Canarias –una coalición regional con participación del PP – ha confirmado que sí facilitará los datos solicitados.

La reunión interterritorial se anticipa tensa. Sanidad confía en sumar apoyos de otras comunidades autónomas (gobernadas por distintas fuerzas políticas) para aprobar una postura común a favor de la transparencia en los cribados. Por su parte, los representantes del PP acudirán previsiblemente cerrando filas, después de que la dirección nacional del partido –Génova– consensuara con sus gobiernos regionales esta estrategia de insumisión informativa ante el Ministerio. Más allá de la batalla política, en juego está la confianza de millones de mujeres en unos programas de prevención que pueden salvar vidas.