Los indicadores que marcan la demora que los pacientes afrontan a la hora de poder disponer de una cita con un médico especialista o someterse a una cirugía, por ejemplo, se vuelven claves para conocer el estado en el que se encuentra el sistema sanitario de un determinado territorio. No obstante, a pesar de aprobarse en el 2003 el Real Decreto 605 de aquel año, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud y en el que se indica que las comunidades autónomas deben hacer públicas las listas de espera de primera consulta con el especialista, las de las determinadas cirugías y las de las pruebas diagnósticas, hasta cinco regiones españolas parecen venir haciendo caso omiso a esta obligación al no trasladar los datos correspondientes al tercer ámbito marcado, siendo estas Andalucía, Baleares, Valencia, Aragón y Navarra. Un ejemplo de ello es el reciente caso que se ha podido conocer en Andalucía, donde al menos 2.000 mujeres desconocen los resultados de sus cribados de cáncer de mama.
Este es un aspecto que adquiere gran relevancia, pues a la hora de entender si un sistema sanitario rueda con normalidad o a duras penas hay que conocer estas estadísticas de manera conjunta, ya que se encuentran directamente relacionadas. Es decir, un ejemplo de ello sería observar que, aunque en el verano de este año la recientemente dimitida consejera de Sanidad andaluza, Rocío Hernández, celebrara la reducción en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, la incidencia del cambio no es tal si las pruebas diagnósticas que se realizan previamente experimentan un importante retraso. Esto, precisamente, es lo que no se está pudiendo conocer ni en Andalucía ni en las otras cuatro comunidades autónomas mencionadas.
Se tratan de excepciones, como se especificaba, pues el resto de territorios españoles sí remite estos datos. No obstante, la opacidad de estas cinco regiones, según ha dado a conocer el diario El País, impide al Ministerio de Sanidad incluir las cifras de las pruebas diagnósticas en los informes de listas de espera que publica cada seis meses, suponiendo un obstáculo esto para establecer comparativas entre las comunidades autónomas y sus modelos de trabajo en el ámbito sanitario.
Desde distintas asociaciones se viene reivindicando la publicación de los datos; sin embargo, también reclaman que estos se traten de otra manera, pues indican que incluyen elementos muy heterogéneos, haciendo mención a pruebas distintas y con diferencias en la periodicidad, lo cual vuelve, exponen, vuelve complejo hacer una comparativa con la que hacer una radiografía de la situación del sistema. Es más, no solo han denunciado que estas comunidades autónomas no publiquen los datos, sino que también critican que las cifras que se conocen no suelen disponer de gran credibilidad. De esta manera, subrayan que en los sistemas que recogen los números estos solo contarán para la estadística a partir del momento en el que el paciente entre en la lista de espera, no siendo una situación que para cada persona se dé en el mismo momento del proceso. Así, indican que para las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, el paciente no entra en la lista de espera hasta que no se ha hecho las pruebas preoperatorias, algo que puede tener una demora de semanas o meses.
El Ministerio de Sanidad plantea un nuevo sistema
Según expresaba la ministra, Mónica García, el actual modelo ha quedado obsoleto, de ahí que subrayara hace un año la importancia de darle al sistema "transparencia y, sobre todo, trazabilidad, porque no solamente queremos saber los tramos de las diferentes listas de espera: la de consulta, la de diagnóstico y la quirúrgica, sino cuál es la trazabilidad desde que un paciente tiene un problema hasta que se le soluciona". ¿Qué supondría esto? Se traduciría en un aumento de las listas de espera, si bien daría lugar a una imagen más realista de la Sanidad, permitiendo conocer mejor los puntos que deben ser abordados.
Se trata de una situación que debe ser abordada, pues los pacientes vienen trabajando mucho su paciencia en los últimos años a pesar de que un Real Decreto de 2011 obliga a un tiempo máximo de 180 días en cinco pruebas: cirugía cardíaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de cadera y de rodilla.
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