Ferraz y Moncloa sincronizaron relojes el viernes para adentrarse en el ciclo electoral que se avecina. Pedro Sánchez citó a todos los miembros socialistas del Consejo de Ministros -con y sin carné- a un cónclave en el cuartel general del partido. El objetivo, armonizar discursos y trabajar de manera coordinada con la vista puesta, en primer lugar, en el 28 de mayo. En paralelo, Vox entregaba al PSOE, envuelto para regalo, un arma arrojadiza contra el PP de Alberto Núñez Feijóo; su polémico plan de natalidad en Castilla y León. El jefe del Ejecutivo y toda su guardia pretoriana dirigen el foco mediático hacia la iniciativa de la ultraderecha para desdibujar la imagen de “moderación” que quiere transmitir Génova.

El mismo viernes, emisarios socialistas se situaron tras los micrófonos para denunciar los recortes en materia de derechos a las mujeres en el territorio bajo la tutela del PP y de Vox. Los acuerdos entre ambas formaciones apuntaban desde Ferraz, han supuesto una “regresión en los servicios públicos”. Incluso airearon la posibilidad de elevar la iniciativa anunciada por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, a los tribunales.

Fruto de esa sincronía Ferraz-Moncloa surgió este pasado domingo un requerimiento oficial con el sello del Ministerio de Sanidad. El destinatario era la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a la que se le exigía que se abstuviera de “aprobar o aplicar” cualquier medida antiabortista en sintonía con lo anunciado por García-Gallardo la pasada semana. “El Gobierno utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, rezaba el escrito remitido a la administración territorial.

Presión territorial

Moncloa advirtió de que vigilará de cerca al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para que no se acometan “acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado ni por parte de Administración Pública alguna”. Por ello, desde el Ejecutivo central reclamaron el “cese inmediato” de todo protocolo acorado por la Junta de Castilla y León que obligue al personal sanitario a ofertar medidas antiabortistas. Una estrategia que se asemeja a la que Moncloa adoptó a comienzos de la legislatura con el llamado pin parental en Murcia, previo acuerdo del Ejecutivo de López Miras con Vox.

Analogías aparte, el Gobierno reclamó a la consejería en cuestión que comunicara “de manera inmediata” al Ministerio de Sanidad las directrices orientadas a prácticas antiabortistas. En el supuesto de que la administración territorial desoiga el requerimiento, el Gobierno advirtió que no descartaba recurrir a “actuaciones jurídicas adicionales” en virtud de que estas disposiciones anunciadas “puedan contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”.

Mañueco contesta a Moncloa

La réplica del presidente de la Junta no tardaría en llegar. Pocos instantes después de recibir la notificación gubernamental, Mañueco tildó de “intolerable” un requerimiento que, a su parecer, se erige sobre “mentiras” y se gesta para “generar alarma social”. Amén de la respuesta del líder del Ejecutivo regional, la propia administración emitió un comunicado en el que aseguraba que contaba con “plena autonomía” para aprobar cualquier protocolo que dote de una mejor atención sanitaria a mujeres embarazadas. Así, instan a Moncloa a abstenerse de remitir requerimientos “vulneradores de su autonomía y sus competencias”.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, García-Gallardo, prometió que no darían “ni un paso atrás” en virtud del nuevo protocolo. El ultraderechista aseguró que en su formación no tienen miedo al Gobierno y plantea una batalla encarnizada contra Moncloa. “Temen que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que no saben es que nosotros no les tememos a ellos”, apostilló.

Posible recurso

En el PSOE ya estudian esa posibilidad. La puerta judicial no está cerrada en Ferraz. Los socialistas han evidenciado una frontal oposición al plan de Vox para fomentar la natalidad en la región, cuya línea de acción se basa sobre evitar los abortos. Consideran una “limitación de los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres en la autonomía y escudriñan ya la normativa para que la Justicia la frene en seco.

El plan presentado por Gallardo el jueves comporta la obligatoriedad para que los sanitarios oferten a las mujeres que quieran abortar una ecografía 4D y que escuchen los latidos del feto. En cualquier caso, serán ellas quienes decidan en último término. La normativa, en clave socialista, se entiende como un vehículo para introducir en el sistema público el “control y hostigamiento” que antes se producían en los alrededores de las clínicas abortistas o demás centros sanitarios.

Amén de la afrenta contra los “derechos de las mujeres”, el PSOE advierte de un atentado a su vez contra el ordenamiento jurídico. Según extraen en primer término, “restarán garantías en el ejercicio de un derecho reconocido”, pero también inseguridad para los sanitarios, pues sostienen que estos condicionantes “contravienen la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva”.

En cualquier caso, antes del posible recurso, la Junta deberá aclarar si este plan se llevará a cabo a través de una modificación de un protocolo o bien mediante una norma. Aclaración fundamental, pues en el supuesto de abordar la primera de las vías posibles, no habría lugar a recurso de inconstitucionalidad, aunque sí en materia de contencioso-administrativo. No obstante, sí existiría espacio para ello e incluso cabría la posibilidad de paralizar el plan si esta se aceptara a trámite.

Arma contra Feijóo

Más allá de la batalla jurídico-ideológica que subyace del encontronazo con Castilla y León, emerge una tercera pata en clave electoral. La maquinaria de Moncloa y Ferraz, siguiendo órdenes de Sánchez, llevará a las últimas el debate sobre el polémico plan como herramienta de desgaste para un Feijóo que presume de moderación y de transmitir una imagen de estadista.

Para ello, los socialistas situarán en el mismo plano a Santiago Abascal y al gallego, desacreditando a su vez su liderazgo orgánico por estar tutelado por los “sectores más reaccionarios” del Partido Popular y también por Vox. Es decir, aflora de nuevo la dualidad de “elegir la vía de progreso” del PSOE o apostar por un “retroceso” al que dan forma la “derecha y la ultraderecha”.

Este mismo fin de semana, Sánchez arrancaba su intervención en el acto de Sevilla lanzando el mantra de “coalición del miedo”. El dirigente socialista argumentaba que la derecha ha optado por seguir los pasos de la “ultraderecha”. Un punto de presión para Génova en su intento de transformación a fuerza moderada, que en Ferraz condimentarán con la creación de un Comité contra la Desinformación, que velará por cauterizar los “bulos” provenientes de PP y Vox.