Apenas dos horas ha tardado el gobierno de Castilla y León en responder al Gobierno de España tras su requerimiento para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, después del anuncio de “medidas provida” realizadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo el pasado jueves, que supuestamente, entrarán en vigor mañana.

En un comunicado lanzado desde el equipo de Alfonso Fernández Mañueco se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que “se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias” y amaga con “actuaciones jurídicas adicionales”.

La Junta señala que sus competencias están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y añade que “estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia”. 

La Junta insiste en que Castilla y León “tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario”.

La Junta añade que no tiene “ninguna obligación” de comunicar de manera inmediata a los ministerios “los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias”.

“Actuaciones jurídicas y otras acciones legales”

El comunicado continúa afirmando que, si esta comunicación, o en su caso, el requerimiento que mañana se remita desde la Junta, no es atendida “íntegra e inmediatamente” por el Gobierno de España, “no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”.

De hecho, añade que “estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.

Castilla y León, continúa, “ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley”.

Por último, insiste en que “utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente”, y concluye que “estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León”.