Sánchez cierra con Alemania un acuerdo para trabajar en la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE

Inmersos en las turbulencias en clave interna, con Junts amenazando con pulsar el botón nuclear de la ruptura con el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, ha cerrado un acuerdo con Alemania para trabajar juntos en la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. Así lo confirman fuentes de Moncloa, que subrayan la importancia de una negociación para el futuro de estas lenguas. "El de hoy es un paso importante para hacerlo posible", precisan desde el Ejecutivo. 

Tanto el Gobierno como las formaciones independentistas han trabajado a destajo para que la Unión Europea incorpore el catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales, fruto de los acuerdos para investir a Pedro Sánchez como presidente. Tras varios varapalos en el Europarlamento, Moncloa encarrila la oficialidad de unas lengua a la postre constituyen una "parte esencial de la identidad nacional plurilingüe". 

Fuentes de Moncloa informan de que Sánchez ha encontrado en Alemania un apoyo para potenciar este movimiento en Bruselas. Explican que el Gobierno "no ha dejado de mostrar su determinación para avanzar hacia la oficialidad del catalán, euskera y gallego" y subrayan que el acuerdo suscrito con el país teutón es un "paso importante para hacerlo posible". 

Según figura en el texto refrendado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, el acuerdo abre una etapa de diálogo en el seno de la Unión Europea con el objetivo de encontrar “una respuesta” a la solicitud de España de que sus lenguas oficiales “distintas al español” sean reconocidas como tal en Bruselas. Un “primer paso” que desemboque en una incorporación de estas al día a día del europarlamento y  que “sea aceptable” para todos los Estados Miembros.

El Gobierno defiende que la incorporación de dichas lenguas constituye una parte sustancial de la “identidad plurilingüe” del país, por lo que han decidido iniciar “conjuntamente” conversaciones bilaterales mediante las cuales España se compromete a presentar un texto para “debate y decisión” de los Veintisiete en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales. Por el momento, desde Moncloa se muestran escépticos a hablar de fechas y se limitan a apuntar que los contactos se iniciarán a la “mayor brevedad”, dejando estas en manos de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores de sendos países.

Momento clave

La oficialidad del catalán, euskera y vasco nace de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez tras las generales de julio de 2023. Una reivindicación de las formaciones nacionalistas que el PSOE hizo suya, pero que no ha terminado de cuajar ante la complejidad que entraña Bruselas. Varios tiros le salieron por la culata al Ejecutivo, desembocando en un enfado de las fuerzas independentistas y en concreto de Junts per Catalunya, que es uno de los partidos que con más vehemencia ha perseguido este hito.

Precisamente este anuncio se encuadra en un momento de absoluta incertidumbre parlamentaria, con el líder de los juntaires amenazando a Moncloa con pulsar no sólo el botón de la ruptura con el bloque de la investidura, sino también coqueteando con el Partido Popular y Vox en los deseos de estos últimos de articular una mayoría para la moción de censura a Pedro Sánchez. Por el momento, las amenazas de los neoconvergentes se encapsulan en una consulta a las bases y un cónclave de la dirección del partido fijado para este próximo lunes.

Un debate interno en el que está sobre la mesa la posibilidad de dinamitar todos los puentes con Moncloa – y por ende con Ferraz –. El expresident de la Generalitat ha citado a sus principales cuadros en la ciudad francesa de Perpignan para valorar todo el abanico de salidas a esta crisis, incluyendo una consulta a las bases juntaires. Dejando al margen lo simbólico, la maniobra de la formación secesionista podría condenar al bloqueo perpetuo a cualquier iniciativa nacida de entre los muros de Moncloa, habida cuenta de la endiablada aritmética parlamentaria – los siete votos de Junts son imprescindibles – y los tímidos avances en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, así como otras leyes de calado.

El movimiento de Puigdemont obligó a Sánchez a mover ficha. El presidente del Gobierno salió al paso de los lamentos de sus socios de investidura y, además de no cerrar la puerta a una posible reunión con el que fuera Molt Honorable President, permanece viva la vía de los emisarios socialistas. No obstante, rehúsa por el momento a establecer una fecha en el calendario y se limitó a señalar que tal encuentro se celebrará “cuando toque”. "Si lo he dicho mil veces, ¿para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos”, reflexionaba este jueves el jefe del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, Sánchez expresaba su respeto por el funcionamiento interno de los partidos, aunque dejaba claro que los acuerdos pactados están “en manos” de un Gobierno que, además, “está cumpliendo”. No obstante, todos los asuntos que están “en manos de otros” llevan un cauce diferente, pero “se está trabajando” para dar respuesta a las demandas. “Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Pedimos tiempo, dedicación y esfuerzos”, remachaba, un día antes de arrancar a Alemania su compromiso para consolidar la petición de – entre otros – Junts para oficializar el catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. Un “primer paso”, como sostienen en Moncloa, que no sólo se dirige a la consecución de tal hito, sino que puede interpretarse como un gesto para tranquilizar a Carles Puigdemont.