En el tercer día de cuarentena y tras declararse el estado de alarma en todo el país, España ha cerrado sus fronteras terrestres y adopta medidas de choque para paliar los efectos económicos de la pandemia. “Hoy hemos aprobado un Real Decreto Ley para crear un escudo social y económico”, ha asegurado ante los medios de comunicación y de forma telemática, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El virus de Wuhan no sólo nos afecta como individuos sino también como sociedad: las empresas, especialmente las PYMES, se han visto obligadas a adoptar medidas drásticas e incluso a echar el cierre temporal de sus negocios. Por ello, el Ejecutivo, dada la magnitud de los hechos, se ha visto obligado a movilizar 200.0000 millones de euros, un 20 por ciento del PIB español, de los cuáles 117.000 serán íntegramente públicos y el restante (83.000 millones) se complementará con recursos privados que no ha explicado , de momento, de dónde saldrán. En realidad se tratan de 150.000 millones de euros menos que los movilizados por nuestros vecinos franceses, que nos sacan ventaja tanto en gravedad en lo que respecta a la propagación como en medidas adoptadas.

Sánchez también ha anunciado la movilización de 17.000 millones de euros, destinados a los colectivos más vulnerables y la garantía de los suministros de agua y de telecomunicaciones. Es lo que el Gobierno ha calificado “como la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia”. ¿Suficiente?  Evidentemente, no. Al menos dada la crisis que aborda en estos momentos Europa.

Frente al colapso

Los datos económicos nos trasladan a una década atrás cuando la Gran Recesión de 2008 llamaba a nuestras puertas insistentemente. De hecho, esta crisis, que adquiere una magnitud global, ha arrojado las peores cifras para valores como el Down Jones que cayó esta madrugada hasta los 3.000 puntos, su peor dato desde el año 1.987.

“Estimamos un impacto de unos 15.000 millones de euros para la pequeña y media empresa”, explica a El Plural Celia Ferrero, Vicepresidencia de la Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que reclama al Ejecutivo “medidas urgentes. Hay que tener en cuenta que los autónomos no están teniendo ingresos y tienen que hacer frente igualmente a sus obligaciones. Es una situación muy compleja y pedimos una solución al estilo Macron durante un paréntesis corto, sino nos meteremos en una crisis de años”.

Lejos de adoptar el estilo Macron, el Ejecutivo capea el temporal y se pone las pilas con días de retraso intentando seguir el ejemplo de sus homólogos europeos. En el caso francés han decidido que el Estado asumirá el pago de los créditos bancarios, se suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz y gas, así como los alquileres. “Ningún francés quedará sin recursos”, aseguró el presidente.

Una frase que también ha hecho suya Sánchez aunque con un estilo más ‘light’: “Nadie será desahuciado de su casa”. Efectivamente, las medidas acordadas sean más modestas que las de nuestros vecinos europeos:  el Ejecutivo ha accedido a garantizar el derecho a la vivienda en forma de moratoria en el pago de las hipotecas, eso sí, en el caso de nuestro país la medida solo afectará a propietarios y no a los arrendatarios de inmuebles. Una pena.

Liquidez para las (grandes) empresas

Por otro lado, el Gobierno ha decidido flexibilizar el despido temporal de los trabajadores (ERTEs) como parte de un plan de choque frene a la catástrofe económica que se viene. Una debacle que por mucho que se esfuerce en convencer de que será temporal, se prolongará en el tiempo ineludiblemente y tendrá graves consecuencias para nuestra economía. A España le va a costar recuperarse del embiste del Covid-19.

Por ello, y olvidándonos del denominado sistema de bienestar lo que urge en estos momentos es la atención de las necesidades más básicas. Con la flexibilización de los ERTEs, los trabajadores podrán cobrar la prestación de desempleo -el 75 por ciento de su salario- y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. Además, a los empresarios se les exonerará de la aportación a las cuotas de la seguridad social, lo cual agradecen, y los autónomos tendrán acceso a una prestación por cese de actividad, algo que ya existía….

Todas estas medidas se realizarán de forma express ya que se resolverá en un plazo de siete días. Pero seguimos preguntándonos ¿es suficiente?

Lorenzo Amor, presidente de ATA considera que las medidas no son suficientes y a través de redes sociales ha realizado un llamamiento al Ejecutivo: “El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos. Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada. No está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesitan autónomos.”

Guiños a las grandes empresas

Quizá no del lado de los autónomos pero si del lado del de las grandes multinacionales. En su comparecencia Sánchez ha señalado que se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas. Todo un guiño a Telefónica. ¿Por qué? El desplome bursátil de las últimas semanas ha puesto a tiro de OPA a algunas de las empresas estratégicas del país, como es el caso de la multinacional de telecomunicaciones, que ha visto como, jornada tras jornada, sus acciones se desplomaban.

De hecho, tras el anuncio de estas medidas, el IBEX 35 despertaba de su letargo y conseguía colocarse en verde. El discurso de Sanchez ha surtido efecto y ha conseguido frenar la sangría en un escenario marcado por el estado de alarma.

Sin duda, el español es un planteamiento diferente al que han realizado otros países de nuestro entorno y volvemos a tomar como ejemplo el caso de Francia o Italia, que, por su parte, ya hablan de nacionalizaciones. Concretamente Macron señalaba como posible la nacionalización de empresas durante este periodo excepcional, mientras que Giuseppe Conte comentaba la posibilidad de nacionalizar una aerolínea. En el caso de España no se contempla ninguno de esos escenarios, de momento.

Y ahora, ¿es suficiente?

Aunque el Ejecutivo ha realizado un llamamiento a los empresarios con cierto tono paternalista: “Es indispensable que asumamos que esta crisis es temporal. Todos debemos facilitar la adaptación a este periodo. Los arrendadores a los arrendatarios, los empleadores a los empleados…”, lo cierto es que no se han adoptado medidas similares a las que nuestros vecinos italianos, azotados por la pandemia, han puesto en marcha para proteger el empleo. De hecho, el Gobierno italiano ha prohibido durante dos meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos con independencia de la cantidad de empleados a su cargo. Además, se contemplan bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a los autónomos y  permisos parentales de dos semanas, con la mitad del sueldo para aquellos padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves. ¡Qué envidia!

Mientras en España se fomenta el teletrabajo y a este respecto, insiste Sánchez en que los trabajadores puedan adaptar su jornada laboral en función de sus necesidades y sin  que esto haga peligrar su puesto de trabajo. Puede que sean las mayores medidas  económicas adoptadas en la democracia de este país, pero desde luego no son las mayores medidas adoptadas en el contexto de una crisis que afecta a Europa como epicentro del desastre.