El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Senado el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, por haber sido incluidos con la condición de investigados en el caso Koldo. “Habida cuenta la situación procesal en la que ambos se encuentran, espero que lo entiendan”, ha justificado desde la Cámara Alta, a donde ha acudido a petición del Partido Popular (PP).
“He trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda al cese del director general de personal de esa entidad. Dada la situación procesal, no hago valoraciones de esa decisión, los hechos que se extraen en la auditoría conllevan una pérdida de confianza”, ha apuntado Puente. La implicación de ambas figuras el pasado mes ha llevado al responsable de la cartera a tomar la certera decisión.
Esta ha llegado una vez realizada y analizada una auditoría interna en el Ministerio, de la que se ha extraído “una pérdida de confianza que desemboca en la decisión" de cesar a ambos. La auditoría, que “pretendía analizar el procedimiento de adquisición y distribución de mascarillas”, ha evidenciado que "los requisitos exigibles no se cumplieron". "Incluso si se hubieran cumplido no se podrían haber evitado los efectos ya no conocidos", ha añadido.
“Hubo falta de justificación de las unidades a adquirir. No se aprecia rigor en la documentación. Incluso si se hubieran cumplido lo mínimos exigibles, específicamente respecto a la tramitación de emergencia, hubiera habido lagunas en relación con el riesgo de fraude que explica la existencia de conflicto de intereses”, ha zanjado. Ahora, los investigados serán interrogados por el juez a lo largo del mes de septiembre, momento en el que tendrán la oportunidad de presentar su defensa y dar las explicaciones pertinentes.
El magistrado investiga una presunta trama, a cargo del exasesor del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Medidas
Más allá de los ceses, el titular de Transportes ha avanzado que establecerá la obligación de que las unidades tramitadoras hagan constar en los expedientes de adquisición el proceso de toma de decisiones sobre el adjudicatario y la concreción de los roles asumidos por todos los intervinientes de forma directa o indirecta.
Ha indicado que ampliará la aplicación del sistema antifraude actualmente aplicable a la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pasará a abarcar a todos los fondos públicos gestionados por el ministerio y a tener vigencia indefinida.
También ha dicho que impulsará la formación y sensibilización en materia ética de todos los empleados para evitar conflictos de intereses y reforzará el control de toda la cadena de distribución para casos de emergencia.
"Creo que con las medidas que vamos a adoptar, el Ministerio se pone a la cabeza en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito público", ha asegurado, añadiendo que no descarta medidas adicionales una vez analice la auditoría más a fondo.
Puente ha traslado que su compromiso era tratar de arrojar algo de luz a este asunto y cree que lo ha cumplido "con creces". "Yo no he destruido pruebas, no he destruido ordenadores con ningún martillo, yo no he dado ninguna instrucción para que nadie oculte ni esconda nada", ha garantizado.
