La crisis del coronavirus ha servido para que la ciudadanía, con menor o mayor acierto, se haya coordinado en su conjunto bajo un marco legal común que ha limitado libertades en pro de una seguridad amenazada por un agente desconocido. La apelación constante a la responsabilidad ciudadana ha sido clave para estabilizar a la baja la incidencia del virus. Los españoles, salvo contadas excepciones, han cumplido. No así su clase política, que, pese a las llamadas a unos nuevos pactos de La Moncloa o la creación de una mesa de reconstrucción, ha sido incapaz de llegar a acuerdos globales que den respuesta a una pandemia que amenaza con ocasionar una crisis más profunda que la de 2008.

Pero el trilerismo político no ha acabado. El PP parece dispuesto a seguir luchando por el target de electores que le resta la extrema derecha española, que continúa acelerando acusando al Gobierno de todo tipo de oprobios imaginables. Pero Casado y su núcleo duro no se quieren quedar atrás. Están amenazados, dejando el centro-derecha a un Ciudadanos rejuvenecido con la llegada de Inés Arrimadas y el impacto de Edmundo Bal y perdiendo también poder por la derecha ante la imposibilidad de jugar al mismo juego político del que se sirve Vox.

Sabedores de las dificultades que les plantea el tablero, los populares han amenazado con empezar a mover todas las fichas posibles. Un aviso a navegantes en el que recuperar el protagonismo que han perdido al convertirse en un voto inservible en cada una de las prórrogas del estado de alarma. Por ello, el PP plantea lanzar una nueva ofensiva: tal y como ha adelantado El Español, si Vox ha logrado capitanear el frente judicial, los de Casado quieren realizar mociones de censura en ayuntamientos importantes donde la aritmética sea caprichosa y pueda darse un vuelco en el poder.

Una estrategia atrevida que conseguiría cubrir varios frentes. Casado marcaría la agenda informativa, aplanaría el ascenso de Vox y sometería a juicio definitivo a Ciudadanos. Por el momento, el PP no ha aclarado de qué ayuntamientos “importantes” habla, pero atendiendo a mensajes pasados y resultados electorales se pueden delimitar ciertos horizontes de actuación.

Para presentar una moción de censura a nivel local, tal y como marca el artículo 197 de la ley del régimen electoral, “deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la alcaldía”. Además de contar con la firma inicial de la mayoría de los representantes públicos del ayuntamiento en cuestión, se trataría de una bala unidireccional, ya que “ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura”.

Así las cosas, hay dos capitales provinciales que llevan tiempo marcadas en rojo por el PP. Se trata de Burgos y Huesca, donde la mayoría de derechas es factible. En el caso de Burgos la derecha tiene los 14 votos necesarios para echar de la alcaldía al socialista Daniel de la Rosa: siete del PP, cinco de Ciudadanos y dos de Vox. Fueron precisamente los dos dirigentes de la formación ultra los que no apoyaron al candidato popular en junio de 2019.

En Huesca la situación es similar. La mayoría absoluta está fijada en los 13 concejales. Justo lo que suman los tres partidos del bloque de derecha, pero que no fructificó por el voto en contra de uno de los tres concejales de Ciudadanos, Ana Alós. Ya en su momento, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, anunció la predisposición de su partido

Pero si el PP consiguiera que Ciudadanos, a nivel nacional, volviera a los postulados defendidos por Albert Rivera, estas mociones de censura podrían inundar el mapa nacional. Capitales de provincia y municipios importantes a nivel presupuestario y operativo están gobernadas por una coalición PSOE-Ciudadanos. Especialmente llamativa es la situación en Castilla-La Mancha, donde el PSOE consiguió 20 alcaldías, 16 de ciudades grandes, gracias al acuerdo con los naranjas. Destacan capitales provinciales como las de Albacete, Ciudad Real o Guadalajara, donde la mayoría sumaba mayoría absoluta.

El ataque del PP también podría producirse en Jaén, donde socialistas y liberales alejaron que el PP accediera a los despachos principales del consistorio andaluz. Al igual que en Huesca o Burgos, los populares han demandado pública y repetidamente que Ciudadanos rompiese sus acuerdos y facilitase un gobierno conservador.

¿Acción suicida?

La moneda al aire tiene dos caras. El impasse que atraviesa el PP puede llevarle a tomar medidas drásticas, pero también debe cubrir sus espaldas. Especialmente en dos de sus plazas más codiciadas. José Luis Martínez-Almeida ha sido aplaudido incluso por la oposición y su talante ha alejado movimientos subrepticios en su contra a nivel municipal. Sin embargo, la actitud de Isabel Díaz Ayuso tanto con la oposición (“Podemos es peor que el virus”) como con sus socios de Gobierno (las críticas a Ciudadanos son constantes) ha hecho encenderse las alarmas en Génova​. Tal y como ha venido publicando ElPlural.com, tanto Más Madrid como Unidas Podemos estarían dispuestos a escuchar a PSOE y Ciudadanos para hacer un cordón sanitario a la presidenta popular y a Vox.

Es precisamente Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones y líder del PSOE-M, quien más ha hecho por alejar estos fantasmas. Sumidos en la peor crisis sanitaria que se recuerda, el socialista cree que no es momento de hablar de estas cuestiones, aunque no se le escapa que hay ciertos sectores de su propio partido que le piden que dé un paso al frente y realice una oposición menos pragmática y más dura.

La segunda joya de la corona que el PP podría perder es Málaga. Desde que Celia Villalobos fuera elegida en 1995, los populares no han perdido en Málaga. Actualmente el poder lo ostenta, desde hace 20 años, Francisco de la Torre, pero el viento no viene de cara. Ganó por la mínima. Salvó la alcaldía por un solo concejal. Pero ya no tiene la mayoría.

Desde el 10 de mayo el nerviosismo se ha instalado en el ayuntamiento andaluz. La calma era total hasta ese momento, pero la salida de Juan Cassá de Ciudadanos, anunciando su renuncia en redes sociales, disparó los rumores de moción de censura. Cassá, exportavoz naranja y actualmente edil en el grupo de no adscritos, podría tener la manija para conceder la alcaldía de Málaga 25 años después al socialista Daniel Pérez.