Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben de llevar taser es un debate abierto en España desde hace años. El relativo a las cámaras corporales que graban las actuaciones policiales es algo más reciente. Sin embargo, ambos son más bien estériles, dado que entre Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos locales ya acumulan miles de unidades de ambos equipamientos. El problema real se encuentra en la legislación, obsoleta para los nuevos avances de estas tecnologías, y en la falta de acuerdo entre los partidos políticos para abrir la caja de pandora: la ley mordaza.
Los protocolos internos de los diferentes cuerpos ya abordan el uso del taser y, pese a que no existe obligación legal, todos ellos establecen que estas armas vayan acompañadas de cámaras corporales que se activan en caso de utilización, sea desde la extracción de la funda o una vez puesta en funcionamiento (mucho antes de disparar). Aun así, los poderes públicos no pueden ni deben renunciar a dibujar el camino legal que guíe estas actuaciones de la Policía y otras muchas que podrían ser susceptibles de ser grabadas por dispositivos corporales.
Axon, líder mundial del sector de seguridad pública y suministrador de gran parte de este material a los cuerpos españoles, asegura a ElPlural.com que las cámaras corporales pueden configurarse para activarse ante cualquier uso de la fuerza o actuación policial. “Desde una identificación en la calle a un control de un vehículo en carretera”, detalla Enrique López, Country Manager de la empresa, durante una demostración a puerta cerrada del material. La compañía defiende que esto dota de una doble seguridad: al policía ante posibles ataques y al ciudadano ante posibles abusos de poder.
Ahora bien, el almacenaje, traslado y tratamiento de estas imágenes es la materia que está generando discordia, principalmente por aspectos relacionados con la protección de datos, y que requiere al legislador. La desconfianza en torno al quién y cómo se custodian los brutos grabados genera dudas, pero desde Axon garantizan que “nadie puede hacer desaparecer una grabación sin dejar huella” y que el bruto no puede editarse, menos si la intervención de los agentes deriva en infracción, pues deberá remitirse lo captado a la instancia judicial correspondiente sin alterar.
Todas las formaciones políticas, de izquierda a derecha, parecen coincidir en que la introducción de las cámaras es beneficiosa, aunque por diferentes motivos. No obstante, la expectación y crispación que genera siempre la apertura al debate público de una posible modificación de la ley de protección de la seguridad ciudadana (mordaza) ha empujado a los partidos a mantener estas negociaciones, que ya se alargan en el tiempo, a puerta cerrada. Si llegaran o no a buen puerto solo pueden saberlo los partidos, pero la demora tan solo perjudica a los cuerpos policiales y, principalmente, a la ciudadanía.
¿Cómo funcionan las nuevas taser y cámaras?
Axon cuenta con una amplia gama de productos, desde drones y equipos robóticos para seguridad hasta software de tratamiento e interconexión de los equipos e imágenes. No obstante, las estrellas de su catálogo son las taser y cámaras corporales, que se encuentran desplegadas por toda España. Ahora han llegado nuevos modelos que desde la compañía aseguran que son más seguros y eficaces de cara a “dejar obsoleta la bala, proteger la vida y la verdad y acelerar la justicia”.
Uno de los últimos en llegar, 24 años después de que lo hiciera el primero de los modelos de la empresa, es el Taser 10. La mayoría de fuerzas de seguridad española cuentan con el modelo anterior (Taser 7) y estudian incorporar el nuevo. Esta arma está cargada con diez sondas que pueden dispararse individualmente, a diferencia de la anterior gama que lanzaba proyectiles por pares, y cuenta con un alcance máximo de 13,7 metros, casi duplicando a su predecesor, apoyado por un láser.
Desde Axon aseguran que su uso es totalmente seguro para el usuario, pero también para la víctima de la descarga. “Existe mucho mito en torno al taser”, denuncian, asegurando que en ningún caso puede ser mortal ni activar dispositivos como marcapasos. Además, “solo el 10% de las veces que se extrae se llega a usar”, trasladan, dado que uno de sus principales efectos es disuasorio, como ocurre con las cámaras corporales.
“El uso de cámaras personales puede reducir las intervenciones policiales hasta un 40%”, trasladan. Los datos con los que cuentan se basan en diferentes estudios y se ha llegado a probar en los San Fermines de 2023, donde garantizan que llegaron a reducir “un 50%” las intervenciones". El último modelo con el que cuentan es la Axon Body 4, que graba con una visión de 160 grados y se activa en función de los automatismos programados, a parte de manualmente.
Desde Axon garantizan que con su cifrado y sistema es imposible que las imágenes sean editadas o borradas sin que esto deje rastro, aunque su alteración o eliminación está en manos de los contratantes. El proceder en caso de que una actuación policial quede grabada y de ella derive una denuncia administrativa o penal, explican, es que las imágenes relevantes sean remitidas sin editar a sede judicial, que puede reclamar la grabación completa. Si las grabaciones no tienen interés policial son eliminadas a los 30 días, salvo que haya reclamo externo a la Policía por un posible interés.
Eterno debate: frente al determinismo tecnológico, regulación
Las nuevas tecnologías presentadas por la compañía son una “gran revolución” para los entendidos de la materia y sus posibilidades de uso van mucho más allá de lo que imaginable para los ciudadanos de a pie e incluso para gran parte de los diputados que deben de decidir sobre su legislación. La tecnología nunca puede ser mala per se, pero dejar su buen uso en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, parte implicada e interesada, es cuanto menos irresponsable.
Los ciudadanos sufren el desconocimiento y gran parte ni siquiera saben que la Policía Nacional o las desplegadas en sus territorios cuentan con la propiedad de estas herramientas. Tampoco como proceder ante un posible mal uso de estas armas. La normativa actual es escasa y apenas entra a regular “las defensas eléctricas” que ya están desplegadas, razón de más que urge a las formaciones políticas para regular una materia ante la que los ciudadanos se encuentran actualmente desprotegidos y que podría esclarecer más luz sobre las interacciones entre partes en las intervenciones policiales.
