La Policía Nacional descarta que recibieran ninguna orden para consultar de forma ilícita las bases de datos con el objetivo de espiar masivamente a los dirigentes de Podemos así como que existiera una persecución organizada contra los líderes morados. Así lo han dicho en el marco de la investigación del titular de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre el supuesto espionaje a al menos 55 dirigentes y diputados morados entre 2015 y 2016, coincidiendo con la guerra sucia ejecutada por la policía patriótica del Partido Popular de Mariano Rajoy.
Pero no solo lo niegan, sino que aseguran que los seguimientos se produjeron debido a que los propios dirigentes de Podemos solicitaron colaboración a la Policía Nacional. Detallan que lo hicieron a través de representantes como Gloria Elizo o el responsable de seguridad del partido, Sergio Illanes, a cuenta de que el entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y otros dirigentes morados habían recibido amenazas a través de las redes sociales y por carta de parte de la ultraderecha en el marco de la precampaña de las europeas de 2014.
La Policía niega el espionaje
Según publica este lunes la Cadena Ser, la Polícia Nacional asegura a través de un informe que las consultas sobre los dirigentes de Podemos responden a meras labores de “contravigilancia” con el objetivo de protegerles. De hecho, el cuerpo asegura que era el propio partido quien remitía por correo a los agentes los actos en los que sus líderes iban a encontrarse entre los años 2014 y 2015 para realizar las labores de seguridad pertinentes. Así, la Policía participó en hasta 18 eventos de Podemos en ese periodo.
La policía explica al juez que otras consultas, como los alojamientos en hoteles o viajes de Iglesias, Errejón o Pablo Bustinduy, entre otros, forman parte de búsquedas automáticas informatizadas de los programas ATLAS o ARGOS. Esto también se da con otros dirigentes, como Carolina Bescansa, Pedro Arrojo o Gloria Elizo, que en su caso aparecen en el sistema porque perdieron el DNI, denunciaron un hurto o renovaron el pasaporte, sin que conste ninguna extracción de datos.
En el caso de Ione Belarra, actual líder de Podemos, aparecen tres consultas en el año 2016 que, según los agentes, serían practicadas por motivos de seguridad ante su participación en la Marcha por la Dignidad de Melilla. Los agentes también detectan que varias de las consultas en las bases de datos buscaban los antecedentes de otras personas que se apellidaban igual que los dirigentes morados. Así sucede en el caso de Irene Montero o de David Bravo. Por su parte, no consta que hubiera consultas respecto a la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
De esta forma, los agentes no han detectado ilicitudes de momento, aunque sí aseguran que la información no es completa. Y es que todavía no han concluido el análisis de los 55 representantes de Podemos, que remitirán al juzgado a medida que lo concluyan, como han hecho ahora. Así, la documentación remitida por la Policía Nacional descarta a priori un espionaje organizado desde el cuerpo policial, pero no quiere decir que no se haya producido a través de la llamada policía política durante el Gobierno del PP.
El juez Pedraz interroga al número dos de Interior
Entre tanto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto tomar declaración como investigado este lunes al que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular de Mariano Rajoy Francisco Martínez por las presuntas "investigaciones prospectivas y ajenas" al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha citado para este 28 de octubre a las 10.15 horas a Martínez. También lo ha hecho como imputado al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, aunque su citación se ha suspendido debido a su estado de salud.
Así, será el martes cuando el juez Pedraz tome declaración como investigados a partir de la misma hora al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y al inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago. La ronda de declaraciones se completará el 6 de noviembre, cuando el magistrado interrogará al comisario Andrés Gómez Gordo y al exjefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira.
La querella de Podemos
Estas actuaciones se producen después de que Podemos presentara una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental en el marco de un espionaje generalizado. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, los morados aseguraban que los querellados -bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política". Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en al menos ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
