Con menos incertidumbre de la esperada, el Gobierno sacó adelante el jueves su paquete fiscal. Una pieza crucial en la confección del puzle de la legislatura, a expensas de encajar la senda de estabilidad y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las cuentas públicas aún son una quimera, máxime cuando la reforma de Hacienda ha alterado el modus vivendi del bloque de la investidura. El acuerdo con Podemos desencasquilló la bala impositiva, pero arrojó algunas dudas de cara a futuro. Especialmente en las fuerzas conservadores de la alianza. Ni PNV ni Junts estaban al corriente de la negociación de Moncloa con los morados, según indican fuentes parlamentarias
La semana empezó con algún que otro susto y votaciones intempestivas. El lunes, en la comisión de Hacienda, el Gobierno vio peligrar no sólo el paquete fiscal, sino una inyección de 7.500 millones de euros en fondos europeos vinculados a la aprobación de una tasa a las multinacionales -trasposición comunitaria-. Las discrepancias entre los socios a derecha y a izquierda eran evidentes e inquebrantables. PNV y Junts se negaban a convalidar el acuerdo con el gravamen a las energéticas, mientras que ERC, EH Bildu y BNG -como representante del Grupo Mixto- luchaban por su prórroga e incluso que se convierta en estructural.
Moncloa salvó el match ball in extremis, pactando con Junts no tocar el gravamen para las empresas que inviertan en descarbonización -prácticamente todas-, y con los soberanistas el compromiso de sacarlo adelante a través de un real decreto-ley que pasaría por el Congreso y ya Dios proveería. Un encaje de bolillos complejo al que faltaba por sumarse un actor crucial: Podemos.
Los morados condicionaron su apoyo al paquete fiscal y al dictamen de la comisión a que el impuesto a las energéticas fuera una realidad. Era una línea roja de los de Ione Belarra que acabaron rebajando hasta cerrar con el PSOE el compromiso de crear una comisión negociadora con todos los miembros del bloque de la investidura. Allí se hablaría sobre el futuro impuesto a las energéticas, aunque si no hubiese acuerdo antes del 31 de diciembre, la solución final se asemeja al pacto con los soberanistas: real decreto para extenderlo durante todo 2025.
Choque de intereses
De nuevo, como ya ocurriera con la comisión de Hacienda, el pacto de los morados confronta directamente con el que el Gobierno selló en su momento con PNV y Junts. Si bien desde la órbita de los jeltzales estaban dispuestos a dejarse “pelos en la gatera” en la comisión, lo que pase en el futuro queda totalmente en el aire. Lo mismo ocurre con Junts. Los neoconvergentes celebraban por los pasillos del Congreso el miércoles que lo suyo ya estaba cerrado y lo demás no tenía la más mínima importancia. Incluso se permitieron el lujo de dejar caer algunos palos a los republicanos, retándoles a ser consecuentes con los beneficios que reporta su acuerdo a los catalanes.
La cuestión es que en el PNV se percibe cierto malestar habida cuenta de que se enteraron por los medios de comunicación del acuerdo entre PSOE y Podemos. “Nadie ha hablado de ello”, resumen los jeltzales en privado. En cambio, los neoconvergentes evitaron pronunciarse sobre si alguien contactó previamente con ellos o no, pero sí se encargaron de restar importancia al pacto. Sobre todo porque, según afirmaba Miriam Nogueras, la propuesta no se ha materializado aún. El día que eso ocurra, acotó la portavoz parlamentaria, estudiarán la propuesta y emitirán un veredicto final. Huelga decir que tanto el proyecto de ley como un eventual real decreto deberían de pasar por el Congreso y que las derechas nacionalistas den su bendición.
Segunda bola de partido
En consecuencia, Podemos salvó el segundo match ball a los socialistas en la misma semana. Un paquete fiscal que abre ahora un nuevo horizonte de sucesos, al interpretarse como un preludio de los Presupuestos Generales del Estado. Un escenario lejano que ya no es tal, pues ahora que han ahormado una mayoría fiscal y una inyección de confianza, las siguientes iniciativas que podrían caer serían el techo de gasto y, por último, unas cuentas públicas que incluso en fueros socialistas se consideraban perdidas.
De hecho, nada más anunciarse el resultado, la vicepresidenta Montero se sacudió las toneladas de presión que oprimían su cuerpo para romper en un aplauso que suena en parte a agradecimiento a un Bolaños que encarriló la negociación. La votación final se solventó con 178 votos favor y 171 en contra, con los cuatro de Podemos siendo determinantes para evitar el rechazo de PP, Vox y UPN. Por lo tanto, salvaron la inyección de fondos europeos al trasponer la directiva europea del gravamen del 15% a las multinacionales, y al que fueron adhiriéndose otros tipos impositivos.
