El Congreso ha dado luz verde a la reforma fiscal propuesta por el Gobierno después de haber alcanzado un acuerdo fulgurante con Podemos. Con 178 votos a favor, 171 en contra y una abstención, este paquete fiscal ha sido una de las votaciones clave de la legislatura, ya que de su aprobación dependían hasta 7.200 millones del quinto desembolso de fondos europeos, y ahora tiene como condicionante clave la materialización de los impuestos a la banca y a las energéticas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado su aprobación, ya que "han sido muchas horas de trabajo que tienen ahora su fruto". La medida central giraba en torno a la directiva comunitaria que impone una fiscalidad mínima del 15% a las multinacionales y que España estaba obligada a aprobar antes de que terminara el año para cumplir con las directrices europeas. En este sentido, Podemos ha conseguido el compromiso del Gobierno para impulsar, antes de 2025, un impuesto para las grandes compañías eléctricas, como reclaman otros socios de izquierdas, pero que critican otros socios del gobierno como Junts y PNV y que rechazan categóricamente PP y Vox.
La 'letra pequeña' del acuerdo
La principal clave de este acuerdo con Podemos pasa por el compromiso de los socialistas de impulsar conjuntamente una "nueva proposición de ley" que incluya el citado impuesto a las energéticas. "Con ese objetivo, en los próximos días, se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar el impuesto", han deslizado desde el partido morado a través de un comunicado.
Otra de las claves para desbloquear el acuerdo ha sido precisamente la constitución de este órgano con el que negociar con todos los grupos. Como paso previo, el Partido Socialista ha trasladado a los morados el compromiso de Junts a apoyar el proyecto de ley en cuestión. A su vez, el acuerdo bilateral contempla también que si no existiese consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno deberá aprobar un real decreto con la prórroga del gravamen durante todo el año. Un pacto similar al que le arañaron ERC, EH Bildu y BNG a Hacienda este pasado lunes durante la comisión maratoniana, y que comporta que las energéticas podrían seguir desgravándose parte de ese impuesto con inversiones en descarbonización. Básicamente lo que el PSOE había acordado con Junts en paralelo, y cuya efectividad estará en tela de juicio debido a que todas las energéticas que operan en España invierten sumos esfuerzos en descarbonización.
"En cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes”, reza el escrito de Podemos, que también hace alusión a la "complejidad técnica" de la tasa y a la necesidad de elaborar un "análisis riguroso" de una figura tributaria que hace imperativo "seguir trabajando con los grupos para la justa contribución de este sector".
