Todo hacía indicar que el Partido Popular estiraría el chicle todo lo que pudiese y un poco más. En un principio, se esperaba que los conservadores enfriaran los pactos con Vox en las diferentes autonomías, no así en los ayuntamientos, que este sábado se verán todos ellos constituidos con o sin mayorías. Para sorpresa de todos, han pisado el acelerador y ya han cerrado el pacto con los ultraderechistas –a falta de flecos- en la Generalitat Valenciana. Un principio de acuerdo que ha soliviantado los sectores más próximos a la izquierda del país. Sin embargo, ante el advenimiento de las generales, hay quien piensa que las prisas de los populares pueden ser un elemento movilizador y canalizador de apoyos. Concretamente, en el PSOE entienden que el votante nunca pasará por alto una negociación con un partido que “niega la violencia de género”. “Esto no le saldrá gratis a Feijóo”, barrunta una voz de autoridad de los socialistas a este periódico.

El martes, Partido Popular y Vox sellaron su colaboración en la Generalitat Valenciana. Un vínculo que, en un principio, no sucedería hasta pasadas las elecciones, pues en círculos de la dirección nacional del PP sugerían que lo óptimo era dejar correr el grifo para que una aproximación con la ultraderecha les perjudicara lo menos posible en las urnas. Sin ser una réplica exacta, sí que es una estrategia similar a la que el PSOE siguió con EH Bildu, priorizando el acuerdo vigente desde 2015 con el PNV en Euskadi para cooperar en diputaciones y ayuntamientos vascos. Pero el acuerdo PP-Vox ya está ratificado con 50 puntos programáticos que incluyen medidas polémicas, pero ya habituales en las negociaciones de la extrema derecha.

Un documento conformado por cincuenta puntos que cristalizará en la supresión de la Ley de Memoria Histórica, la reactivación de las Señas de Identidad o la erradicación de la “violencia intrafamiliar”. Este último apéndice supone una absorción del lenguaje de Vox, que evita hablar de “terrorismo machista” o “violencia de género”, para acuñar un concepto más global que sitúa al Partido Popular en las tesis “negacionistas”. “Las asume íntegramente”, comentan desde el PSPV, quienes reprochan a los conservadores que incluso omitan la “definición” de violencia de género.

Precisamente es este punto el que ha soliviantado principalmente al Partido Socialista. Desde que el martes se anunciara el principio de acuerdo, desde la primera línea de la formación han arremetido contra Alberto Núñez Feijóo. También desde el Gobierno. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lamentaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que una formación como el PP sucumbiera abiertamente ante la extrema derecha, además de recriminar al líder de la oposición sus “mentiras”. “Se consumó la vergüenza”, sentenció la titular de Política Territorial, mientras exclamaba que la violencia machista no podía ser “moneda de cambio” de nada.

Con más contundencia se expresó la portavoz socialista, Pilar Alegría, que en declaraciones a los medios de comunicación desnudó el “cinismo vergonzante” y la “inexistente coherencia” de sus adversarios políticos. Afeó al líder de la oposición que permitiera una negociación con un condenado por violencia machista como Carlos Flores, al que mandan al Congreso de los Diputados ante el veto del propio PP. “Me da igual que venga a las Cortes Generales u ocupe un asiento en una consejería. Es bochornoso y se les debería de caer la cara de vergüenza después de estar un año diciendo que no pactarían con cualquiera”, remachó.

Oportunidad de oro

Una vez digerido el impacto del acuerdo PP-Vox, en Ferraz han transformado la indignación en pragmatismo. Los socialistas presionarán a Génova hasta la extenuación con estos acuerdos, poniéndolos ante su espejo y redoblando sus esfuerzos para recuperar el dominio del relato. Mientras desde el entorno de Núñez Feijóo, tanto en público como en privado, justifican el pacto valenciano con la premisa de que “cada territorio tiene autonomía” para negociar, en el entorno de la Ejecutiva Federal del PSOE buscarán rentabilizar esta situación no solo para movilizar a su electorado, sino para minar en las expectativas conservadoras.

“El votante nunca a va a descontar que se alcance un acuerdo para hacer entrar en un gobierno autonómico a un partido que niega la violencia machista. Al menos no el progresista”, comentan fuentes de la cúspide socialista, sabedores de que este terreno es sustancial para el electorado de izquierdas. En consecuencia, sostienen que la ultraderecha “no es una broma”, sino que se tiene delante a “negacionistas” de la violencia machista en un país donde “cada día mueren mujeres” por un “terrorismo que sí está activo”. “Esto no le va a salir gratis a Feijóo”, sugiere en privado un alto cargo del partido.

En el PSOE inciden en que su negacionismo no sólo se circunscribe al ámbito de la mujer, sino también de la Ciencia, aludiendo al caso de las “vacas con tuberculosis” en Castilla y León. “Quieren soltarlas como si no ocurriese nada, atacando incluso a los veterinarios”, recuerdan desde el entorno de la Ejecutiva Federal. En resumen, “negacionismo, deterioro de la vida política y ataques sistemáticos a los derechos, sobre todo de las mujeres”.