La tensión toma de nuevo el Palacio de la Moncloa. El PSOE ha solicitado otra prórroga -presumiblemente la última- para la presentación de nuevas enmiendas parciales a la Ley Trans, con la presión añadida de sus socios de Unidas Podemos, que reclaman el desbloqueo de su tramitación. En Ferraz precisan que aún hay tiempo para concretarla en diciembre, aunque las tiranteces sacuden los cimientos de la coalición. Entre medias, la negociación con el Partido Popular para desencasquillar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alimenta las hostilidades en el seno de la coalición.

Este miércoles, el PSOE soliviantó los ánimos de sus socios de Gobierno, de nuevo a cuenta de la Ley Trans. La prórroga de la presentación de enmiendas se ha interpretado como una afrenta en Unidas Podemos, abriendo una nueva brecha en la faz del Ejecutivo, aunque desde el lado socialista se encargan de sofocar las llamas moradas.

En un primer momento se esperaba que el texto viera la luz a finales de diciembre, aunque las cuitas internas en el PSOE han derivado en la dilatación del proceso de presentación de enmiendas, lo que hace peligrar su aprobación antes de final de año. Mientras en Ferraz se trabaja en la extinción de las llamas orgánicas, los socialistas tranquilizan a sus socios tanto en público como en privado: “Tenemos tiempo”.

Blindaje ante la derecha

Los socialistas ya redactan sus propuestas de modificación, pero han optado por estirar los plazos por una última vez. Al menos así se siente en el cuartel general del PSOE, desde donde altos cargos del partido dan por hecho que el texto “acabará” en el Tribunal Constitucional. Por ello, han optado por “afinarla” y protegerla de las posibles represalias legales de la derecha.

La labor legislativa tiene sus tiempos y entienden que todos los poderes tienen la “obligación” de respetarlo. En cualquier caso, se aferran a que la dilatación de los plazos se aprueba por mayoría y no por el dictamen unilateral de un grupo parlamentario en cuestión. “Una ley tan necesaria como esta debe desarrollarse libre de presiones injustificadas”, sugieren voces autorizadas del PSOE.

El PSOE justifica la ampliación del plazo:  “Una ley tan necesaria como esta debe desarrollarse libre de presiones injustificadas”

El fin que persiguen los socialistas es que el texto final sea “garantista” y evada con relativa facilidad la posibilidad de ser recurrido. Entienden que tanto el Partido Popular como “sus socios de la ultraderecha” pondrán toda la carne en el asador para impedir que el articulado salga adelante. “Si hay errores de bulto, te lo tumban”, precisan desde Ferraz.

Asimismo, rechazan que este aplazamiento sea algo “extraordinario”, sino común a cualquier trámite parlamentario en lo que se refiere a leyes de esta “envergadura”. De hecho, lo equiparan con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). “¿Estos se pueden enmendar, pero la Ley Trans no?”, se preguntan miembros del PSOE al tiempo que recuerdan que el texto no solo es de Podemos, sino también suyo.

Preocupación en Podemos

Las explicaciones del PSOE no han convencido a sus socios de Gobierno. Unidas Podemos ya advirtió antes de conocer la decisión de los socialistas que un nuevo retraso propiciaría más sufrimiento al colectivo trans, que ya sufren una discriminación “tremenda” que se agravaría por la dilatación del proceso, sostuvo en rueda de prensa Pablo Echenique. Tras conocer las intenciones del PSOE y escuchar su razonamiento, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no modificó su áspera crítica. Aseguró recibir con “preocupación” que los de Sánchez volvieran a prorrogar el plazo de enmiendas, por lo que ofreció un calendario legislativo para todos los grupos para, a más tardar, poner punto final a dicha etapa el 2 de noviembre; de manera que se pase al estadio final en las semanas siguiente y el debate en ponencia concluya para el 18 de noviembre.

El objetivo de esta suerte de agenda no es otro que garantizar que se da luz verde al articulado antes de finalizar el año. Tal y como publicó ElPlural.com, desde el Grupo Socialista creen que a pesar de que los Presupuestos coparán la actividad parlamentaria hasta el 24 de noviembre cuando se voten definitivamente, “técnicamente” es posible.

Tensión por el CGPJ

La lid entre PSOE y Podemos a cuenta de la ley Trans ha recrudecido unas relaciones ya tensas por las negociaciones con el Partido Popular por la renovación del CGPJ. Génova está empeñada en vetar perfiles politizados, lo que descartaría a Victoria Rosell, mientras los morados presionan a los socialistas para no ceder al “chantaje”. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, censuró que se trata de una “cacería” contra la delegada para la Violencia de Género, a quien “ya intentaron destruir con un juez corrupto que ya está en la cárcel”. “No tiene sentido que Vicky Rosell no pueda ser vocal”, abundó, recordando que “el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, no imparte sentencias; sino que es un órgano político de gobierno de los jueces”. Además, “es un insulto a la inteligencia que el PP, que ha mantenido secuestrado el CGPJ y pretendía controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás, hable de despolitizar la Justicia. Todos los candidatos van a tener un fuerte e intenso perfil político”.

“Es un insulto a la inteligencia que el PP hable de despolitizar la Justicia"

El PSOE, por su parte, ha impuesto la ley del silencio. Las conversaciones con el Partido Popular han entrado en su “fase final”, tal y como avanzó este mismo lunes la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría. Se abonan al mantra de “prudencia y discreción” para enfilar este último y “complejo” tramo de la negociación. Tanto es así que reclaman “delicadeza” incluso para referirse a la presión de Podemos con la inclusión Vicky Rosell en la composición del órgano de gobierno de los jueces. “Estamos abordando los temas más complicados no sin dificultades”, precisó el martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.