No sólo el Gobierno sufrió el miércoles una de sus derrotas más sonadas desde el arranque de la legislatura. El ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto macedonia aprobado en diciembre no es una demostración de fuerza de la oposición al sanchismo que pretende visibilizar Alberto Núñez Feijóo, sino un golpe a la clase trabajadora del país que verá -una vez más- mermada su economía. La oposición de las derechas dinamitó la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público e incluso las ayudas a los afectados por la DANA. Pero estas iniciativas, truncadas por un “palacete” que vuelve a sus legítimos dueños o por incumplir con el programa de Cataluña acarrean la caída de otras medidas que conformaban un escudo social que se rompió en el Congreso de los Diputados.
Al principio de la jornada, entre unas nubes densas de incertidumbre, asomaba tímidamente la posibilidad de que el Partido Popular, con una eventual y circunstancial abstención, evitara la caída del decreto ómnibus. El ‘no’ de Junts, corroborado a lo largo del debate parlamentario por su portavoz, Miriam Nogueras, dejaba la macedonia legislativa en manos del principal partido de la oposición, que no tardó en trocear el escudo social aprobado por la coalición en el último Consejo de Ministros del año. Una pinza que, a su vez, tumbó el gravamen a las energéticas, que emanó del acuerdo entre el Ejecutivo y los partidos soberanistas, al que se adhirió Podemos, para salvar el plan fiscal. Sin embargo, el texto que reformaba estructuralmente las pensiones y redefinía la jubilación parcial sí salió adelante. Y lo hizo con los votos de quienes vetaron la revalorización de las pensiones. O sea, el Partido Popular.
Pero el foco mediático se posaba sobre el decreto ómnibus. Con todo el pescado vendido en los otros dos decretos, las medidas sociales estaban en el aire, pero ni Junts ni el PP estaba por la labor de convalidarlo. Los populares lo consideraron una “trampa”, aferrándose al “regalo” que el Gobierno concede al PNV con la actual sede del Instituto Cervantes en París, que descansa en un edificio cuyo titular, antes de la ocupación nazi y posteriormente expolio franquista, era el propio partido nacionalista. Los juntaires, en cambio, no estaban dispuestos a ceder al “chantaje” y al “trilerismo” del Gobierno de coalición. Sea como fuere, lo cierto es que la pinza de ambos partidos derribó iniciativas sociales como las siguientes:
- Bonificaciones al transporte: los descuentos de hasta el 100% se prorrogaban hasta el 30 de junio de 2025. También los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y autobuses estatales permanecerían vivas durante el primer semestre del año, como lo harían también las ayudas directas a los gobiernos autonómicos y municipales para potenciar la reducción del 50% del precio de los abonos y los billetes multiviaje.
- Subida del Ingreso Mínimo Vital del 9%.
- Ayudas directas a los afectados por la DANA.
- Revalorización de las pensiones: un 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas.
- Suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Prórroga de la cantidad actual del Salario Mínimo Interprofesional para evitar que decaerá en 2025. Al menos hasta el establecimiento de una nueva cuantía.
- Extensión de la prohibición de cortes de suministro a familias vulnerables. Al igual que los desahucios, extensible hasta finales de año.
- Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas.
- Deducciones del IRPF por compra de vehículos eléctricos
- Ayuda a la compra de bicis eléctricas.
- Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos
Moncloa señala al PP
Derrota parlamentaria para la coalición, a la que le costará digerir la caída del escudo social y, sobre todo, quien fue uno de sus ejecutores. El hartazgo con Junts en el seno del Gobierno es palpable. Especialmente en el ala socialista, que es quien tutela las conversaciones con los neoconvergentes. Si bien antes se imponía cierta indulgencia a la hora de referirse a los independentistas, en el Ejecutivo empiezan a hablar abiertamente de malestar. Si bien toda la estrategia se cimenta sobre la crítica al Partido Popular, manifiestan en privado el enfado con los juntaires. “Es surrealista”, espetaban altos cargos socialistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.
El enfado es palpable, aunque aún optan por morderse la lengua ante las cámaras. Voces de Moncloa se han esmerado en recordar que en los últimos días se hablaba de “avances” en las conversaciones con los juntaires, aunque estos advertían que no eran suficientes y demandaban mucha más ambición. No obstante, ni Ferraz ni el Ejecutivo han confirmado si se ha registrado alguna otra reunión entre las fuerzas en el extranjero para dar cumplimento a la exigencia de Puigdemont. Lo que sí admiten sin remilgos es que han reconocido contactos y conversaciones que no llegaron a buen puerto.
Los socialistas subrayan que son PP y Junts los que tienen que explicar a los ciudadanos los motivos de su rechazo. “Que digan la verdad. Que digan con qué puntos del decreto no se sienten cómodos. Es surrealista”, recriminaban algunos miembros socialistas, al tiempo que desmontaban el argumento de Nogueras de que las medidas “no estaban negociadas”. De hecho, abundan que estaban “pactadas casi por completo”. Pero no prosperó y, ahora, el Gobierno aguarda para mover ficha, aunque no descarta ir a la guerra con la derecha y asfixiar a PP y Junts metiendo cloroformo a una eventual revalorización del sistema, ya sea vía otro real decreto, pero esta vez único, o a través del proyecto de ley que registraron los conservadores este jueves.
