La guerra fría entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a cuenta del plan antiabortista propuesto por Vox atisba su final. A través de un comunicado, Moncloa entiende el escrito remitido por el Ejecutivo autonómico como una “rectificación” a las iniciativas de la ultraderecha. No obstante, aluden a las palabras del portavoz de la Administración territorial, Carlos Fernández Carriedo, para recordar que, de mantener las propuestas provida vigentes, no dudarán en retomar la vía legal para proteger los derechos de las mujeres embarazadas.

Las aguas se empiezan a calmar. El Gobierno central entiende que el Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco no solo ha atendido a sus requerimientos, sino que también los ha acatado. Moncloa da por buena la “rectificación” de Castilla y León y entienden que dan marcha atrás al plan antiabortista.

En el escrito, Moncloa alude a un documento remitido por el organismo territorial mediante el cual declara que “no se ha producido vía de hecho, ni acto táctico alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno”. Asimismo, explican que la coalición PP-Vox no ha transmitido “nada” a los sanitarios de la autonomía, “ni por escrito ni verbalmente”.

¿Caso cerrado?

Por lo tanto, en el Gobierno dan por cerrado el asunto con esta “rectificación” de la Junta de Castilla y León. A pesar de la apariencia de tratado de paz entre administraciones, en Moncloa avisan de que seguirán vigilantes ante la posibilidad de que se dé vigencia a las medidas anunciadas de ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal y de hacerse una ecografía 4D antes de abortar.

"No se ha producido vía de hecho, ni acto táctico alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno"

Las suspicacias no terminan de desaparecer en el palacio presidencial, máxime tras la intervención del portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), en rueda de prensa. El conservador aseguró este pasado jueves que las propuestas antiabortistas seguirían su curso natural y “vigentes” en el territorio.

Por ello, en Moncloa no ocultan su estado de “preocupación”. Tras celebrar el acatamiento y la consiguiente rectificación del Gobierno autonómico, han advertido al gabinete de Mañueco. “Si pese al acatamiento forma la Junta materializa, por cualquier vía, su intención” de actuar al margen de la ley del año 2010, retomará la misma actitud que ha mantenido hasta la fecha, “en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanas y leonesas”.

Será el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, comandado por Félix Bolaños, quien lleve la voz cantante en este recordatorio. Se pondrá en contacto con su homólogo en la región para subrayar que el plan antiabortista es “contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias”. “A esos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas”, puntualizan en el comunicado.